25 Noviembre 2015
CAMARISTA ATACADA. Ebe López Piossek en un retrato de archivo. la gaceta / foto de osvaldo ripoll (archivo)
Funcionarios, políticos y jueces expresaron su solidaridad con Ebe López Piossek, vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y blanco de una serie de agresiones no esclarecidas. Pablo Yedlin, secretario general de la Gobernación, se dirigió ayer por escrito a las autoridades del fuero para manifestar su apoyo a la jueza, cuyo domicilio fue objeto de ataques desde que, junto al camarista Salvador Ruiz, declarase la nulidad de las elecciones del 23 de agosto (la decisión luego fue revocada). Por su parte, Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, calificó los hechos de violencia como atentados desestabilizantes de la independencia judicial.
El lunes, los seis jueces del fuero (Ruiz, Horacio Castellanos, Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello, Sergio Gandur y la propia López Piossek) informaron al Poder Ejecutivo (PE), a Gandur y al ministro público Edmundo Jiménez que desconocidos habían pintado la casa de la vocal horas antes del inicio del balotaje. Antes, la vivienda había sido apedreada y un policía fue “patoteado”. La jueza y Ruiz también sufrieron escraches en la vía pública. Los camaristas ligaron estos hechos a los pleitos electorales con enorme repercusión pública que había juzgado López Piossek en el último tiempo. Además, denunciaron inacción de las instituciones en cuanto a la dilucidación de los ataques.
Fuentes judiciales comentaron que Yedlin manifestó que la fiscala Mariana Rivadeneira tenía a su cargo la investigación de algunos de los hechos y confirmó que habían tomado las chapas patente de los autos que usaron los agresores del guardia asignado a la jueza. En el entorno de la magistrada confirmaron que esta había recuperado la custodia policial.
“No puedo dejar de enfatizar que, más allá del gravísimo perjuicio personal padecido, tales agresiones constituyen un embate intolerable a la digna función de magistrada que usted fielmente desempeña”, dijo Gandur en la carta extensa que dirigió a López Piossek. Añadió que lamentaba una vez más verse en la triste obligación de recordar que las discrepancias respecto del contenido de los pronunciamientos que emiten los jueces deben encauzarse y debatirse por medio de los mecanismos procesales previstos legalmente. “La imparcialidad de los tribunales es un derecho humano”, definió Gandur. Y quedó a disposición de López Piossek para salvaguardar su integridad y seguridad.
“Si no incrementa las medidas de protección para la jueza, el PE estará actuando en complicidad con los agresores”, opinó el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) en un parte de prensa. Y responsabilizó a Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, a quien exigió que deje de preocuparse por las denuncias penales contra los dirigentes de Cambiemos y se ocupe de los sucesos graves de Tucumán.
Domingo Amaya, ex intendente capitalino y uno de los promotores del juicio que puso en jaque a los comicios provinciales, expresó que era inconcebible que la magistrada siga sufriendo agresiones por haberse ajustado a la ley. “Exijo a los funcionarios y, especialmente, al gobernador (Juan Manzur) que actúen con celeridad”, expresó en un comunicado.
Los legisladores José María Canelada y Adela Estofán (UCR) informaron que presentaron un proyecto de resolución para que la Legislatura repudie las gravísimas agresiones sufridas por la camarista. José Luis Avignone, secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, declaró: “la banda fascista que la atacó actúa al amparo del poder. Llamativamente nunca se descubre a los autores de los hechos de violencia”.
El lunes, los seis jueces del fuero (Ruiz, Horacio Castellanos, Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello, Sergio Gandur y la propia López Piossek) informaron al Poder Ejecutivo (PE), a Gandur y al ministro público Edmundo Jiménez que desconocidos habían pintado la casa de la vocal horas antes del inicio del balotaje. Antes, la vivienda había sido apedreada y un policía fue “patoteado”. La jueza y Ruiz también sufrieron escraches en la vía pública. Los camaristas ligaron estos hechos a los pleitos electorales con enorme repercusión pública que había juzgado López Piossek en el último tiempo. Además, denunciaron inacción de las instituciones en cuanto a la dilucidación de los ataques.
Fuentes judiciales comentaron que Yedlin manifestó que la fiscala Mariana Rivadeneira tenía a su cargo la investigación de algunos de los hechos y confirmó que habían tomado las chapas patente de los autos que usaron los agresores del guardia asignado a la jueza. En el entorno de la magistrada confirmaron que esta había recuperado la custodia policial.
“No puedo dejar de enfatizar que, más allá del gravísimo perjuicio personal padecido, tales agresiones constituyen un embate intolerable a la digna función de magistrada que usted fielmente desempeña”, dijo Gandur en la carta extensa que dirigió a López Piossek. Añadió que lamentaba una vez más verse en la triste obligación de recordar que las discrepancias respecto del contenido de los pronunciamientos que emiten los jueces deben encauzarse y debatirse por medio de los mecanismos procesales previstos legalmente. “La imparcialidad de los tribunales es un derecho humano”, definió Gandur. Y quedó a disposición de López Piossek para salvaguardar su integridad y seguridad.
“Si no incrementa las medidas de protección para la jueza, el PE estará actuando en complicidad con los agresores”, opinó el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) en un parte de prensa. Y responsabilizó a Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, a quien exigió que deje de preocuparse por las denuncias penales contra los dirigentes de Cambiemos y se ocupe de los sucesos graves de Tucumán.
Domingo Amaya, ex intendente capitalino y uno de los promotores del juicio que puso en jaque a los comicios provinciales, expresó que era inconcebible que la magistrada siga sufriendo agresiones por haberse ajustado a la ley. “Exijo a los funcionarios y, especialmente, al gobernador (Juan Manzur) que actúen con celeridad”, expresó en un comunicado.
Los legisladores José María Canelada y Adela Estofán (UCR) informaron que presentaron un proyecto de resolución para que la Legislatura repudie las gravísimas agresiones sufridas por la camarista. José Luis Avignone, secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, declaró: “la banda fascista que la atacó actúa al amparo del poder. Llamativamente nunca se descubre a los autores de los hechos de violencia”.
Lo más popular
