Por Roberto Delgado
01 Agosto 2015
Una precaria paz acaba de ser sellada entre el empresario Bruno Petech y la Comunidad Indígena Diaguita, con el ofrecimiento del abogado del empresario, Javier Navarro Muruaga, de ceder un predio para que la Municipalidad construya viviendas para miembros de la comunidad. Con esto se pone paños fríos en la disputa por los terrenos cercanos a Vialidad, en el Km 60 de la ruta 307, donde Petech está construyendo una estación de servicio, y donde hubo incidentes con heridos el 13 de julio, que derivaron en el allanamiento de la vivienda de Petech y en su detención y la de su hermano. El reclamo de la comunidad era que esos terrenos forman parte de la posesión de los indígenas y Petech, que los compró a la familia Chenaut, dice que tiene boleto de compraventa sobre el predio.
De hecho, cuando este empresario empezó con el proyecto de la estación de servicio hubo un incidente, que fue el desalojo que hizo hace un año la Fiscalía de Estado, con 100 policías, de un sector del mismo predio en disputa, llamado “La cancha del avión” (que había pertenecido a la familia Chenaut). El terreno estaba ocupado por una familia indígena pero cuando la Justicia autorizó el desalojo -al cabo de un largo juicio- la comunidad accedió, porque ahí mismo había comenzado la idea de la donación de un terreno, que quedó empantanada hace tres semanas con los incidentes. El abogado Navarro Muruaga dice que estos dos casos son muestra de muchos conflictos que hay y que, si el Estado no pone reglas claras, va a reinar la anarquía y cada vez será peor. El fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, en cuya oficina se acordó la paz, tiene una visión optimista: “muestra por un lado, que se puede mediar en estos problemas, pero también indica que se habrá que estar en negociación permanente”, asegura.
¿Qué se va a negociar? Mucho, y centrado, sobre todo, en la idea de la posesión de la tierra, que va mucho más allá de la visión naif y telúrica de la Pachamama como símbolo de costumbres que impresionan a los visitantes y a los turistas. La Pachamama siglo XXI festeja su día hoy ilusionada con que el flamante Código Civil que hoy entra en vigencia incluye el concepto de propiedad comunitaria, que es un avance sobre los reconocimientos a la identidad y a los derechos de la ley 26.160 de 2006. De ella se derivó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) que censó a todos los que se reconocen indígenas en el país, y que en Tucumán concluyó hace dos años. Con esta ley comenzó una nueva historia.
José Ramos, de la delegación local del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, explica cómo se realizó ese censo, en conjunto con las comunidades: “no se trató sólo de hacer un estudio geográfico o de límites sino cómo utilizan ese territorio. Se relevaron puntos de conflicto, territorios de la memoria, georreferencialidad y se han hecho análisis y propuestas de solución de conflictos”. Añade que la identificación de los indígenas se ha dado por el autorreconocimiento. “Hay muy poca historia de las comunidadades en los siglos XIX y XX, pero estas personas estaban. Eran familias zafreras, por ejemplo. Suele haber un criterio negacionista que dice ‘¿dónde estaban? y otro esencialista, que atribuye a las comunidades características como si tuvieran que transitar el derrotero histórico sin grandes modificaciones. Nosotros decimos que cada coyuntura va interpelando a las comunidades, las va formateando”. Por eso, dice, en Tafí del Valle y los Valles Calchaquíes están integradas a la vida “civilizada” -con tareas como albañiles, cuidadores, maestras, policías y muchos otros oficios (hasta abogados, como Lalo Nieva) y en otros lados más aislados , como en la alta montaña, llevan una vida con más sentido comunitario.
Hay 17 comunidades en Tucumán (Los Cabrera está en trámite de personería jurídica) y su presencia va cobrando peso, entre acuerdos y conflictos. El cacique Santos Pastrana, de Tafí del Valle, celebra que la paz acordada anteayer en Fiscalía de Estado muestra un reconocimiento histórico del Estado. “Los derechos están, les guste o no. Nosotros hablamos de posesión ancestral, del uso, del ganado, de hierbas medicinales, y ellos dicen que hay papeles y escrituras pero no hacen la posesión ancestral”, define. Y el tema de propiedad de la tierra emerge como el básico para la Pachamama.
El abogado de Petech y los Chenaut dice que hasta 2008 el asunto era inexistente. Los dueños de los territorios los tenían o los vendían sin inconvenientes. “Pero a partir de ahí empezaron los problemas. Los indígenas cortaban alambres y tiraban postes”, describe, y cita, por ejemplo, el caso del concejal Daniel Carrazano, que en 2011 denunció que no lo dejaron armar un complejo turístico en el cerro El Pelao, a la vera del río Tafí, y que entonces planteó que se venían guerras por la posesión de la tierra. Hubo varios incidentes -el más dramático fue el de la nunca resuelta muerte del cacique Javier Chocobar en Chuscha- y muchas denuncias contra los indígenas de parte de los dueños de las tierras. “Los acusan de usurpación y de robos”, dicen los abogados Carlos Garmendia y Manuel Santillán.
Es que la ley 26.160, con el censo, abrió un camino complejo, porque ha visibilizado la tierra que la comunidad considera como propia. Se registraron 450.000 hectáreas. “Nunca se consultó a los dueños de las tierras para hacer el censo”, dice Navarro Muruaga, que advierte que esa cantidad es un tercio de la provincia de Tucumán. “Se hizo de modo discreto para que no hubiera trabas”, replica José Ramos. Y aclara: “el registro es una base para comenzar a resolver problemas. La ley dice que es posesión de la comunidad la que se usa de manera tradicional, actual y pública. Es diferente del uso privado. Hay áreas que son la parte alta de la montaña, rocas. Y hay áreas que ya están ocupadas por terceros. Habrá que definir claramente caso por caso. Hemos pedido a la provincia conformar equipos técnicos para lo que viene”.
Por lo pronto, el relevamiento indica casos como conflicto o como posesión comunitaria. Ramos dice la “Cancha del avión” era un caso de conflicto y la cominidad acató lo que resolvió la Justicia. En el terreno de los incidentes de hace tres semanas, era un caso de posesión comunitaria (sin alambradas). “No puede ser que la Justicia no pida oficios al INAI para saber cómo actuar”, dice Ramos, que aclara que la Ley 26.160 impide que se hagan desalojos en la medida en que se vea que los ocupantes de terrenos son comuneros, hasta que se defina más adelante la propiedad.
Así como han estallado muchos conflictos -hay problemas en El Mollar, y en la zona de El Pelao hay carteles indicando prohibición de paso en una zona arqueológica por ser posesión comunitaria- hay otros que se han resuelto amigablemente. El cacique Pastrana destaca que en La Banda, El Alto, “se acordó que se hará un museo arqueológico para la comunidad a través de Cultura de la Provincia”.
El asunto es la propiedad privada. Con los terrenos fiscales -que hay muy pocos- parecía no haber problemas. Pero el Estado nunca quiso intervenir. La abogada Jorgelina Fontdevila, del INAI, afirma que la Ley 5.778, de 1986, preveía el traspaso de tierras fiscales a los indígenas, pero nunca fue reglamentada. Es tanta la falta de involucramiento del Estado en la cuestión que ni siquiera hay una oficina como la nacional (INAI), sino que la Fiscalía de Estado se ocupa solo de los asuntos que queman, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos recibieron el encargo de hacer el censo y la secretaría de Turismo se inquietó por los problemas en los Valles Calchaquíes, por ser la zona turística por excelencia de Tucumán. Ahí se dio, por cierto, el gran escándalo con la comunidad de Quilmes, donde Turismo había acordado con los indígenas la revalorización de las ruinas y la ciudad sagrada hasta que el ex concesionario, Héctor Cruz (integrante de la comunidad) planteó juicios al Estado por haberlo echado del sitio arqueológico. Cruz -cuenta Fontdevila, que se ocupa en Turismo de este asunto-, tras haber tenido 10 años la concesión y haber estado otros 10 años sin pagar canon, planteó en 2008 un concurso preventivo por quiebra, otro por daños y perjuicios (2008) y otro de 2010 por propiedad intelectual (por unos murales puestos en el predio). Además, el juez civil III le dio una medida cautelar para que no se toque la ciudad sagrada.
Con una justicia lenta e irresoluta, hoy Quilmes está ocupada por un cacique, Juan Santiago Santos, apoyado por Cruz, mientras otro cacique, Francisco Chaile, que reclama la devolución del predio y que obtuvo un amparo (no cumplido) de un juez de paz, está detenido desde hace 40 días por haber intentado entrar con violencia a la ciudad sagrada. En ese sentido, vale aclarar que Chaile es reconocido legítimamente como cacique por el INAI, no así el cacicazgo de Santos, aunque este alega tener tres grupos indígenas que lo reconocen como tal. “Ahí no hay una cuestión de derechos comunitarios, sino de dinero: Quilmes es un destino atractivo como Machu Picchu, que no necesita folletos para ser conocido. En temporada, recauda 350.000 pesos mensuales”. Como Amaicha, Quilmes es un caso que avanza sobre los problemas territoriales, porque esos predios ya les fueron entregados a las comunidades. Y la pelea entre sus integrantes es un proceso frustrado en su reclamo de autodeterminación. A la vez, muestra las complicaciones de este proceso de reconocimiento de derechos que a la vez también les genera obligaciones.
Lo que viene es un crecimiento de ese proceso. “Hacen falta reglas claras”, dice el abogado Navarro Muruaga. El fiscal de Estado reconoce que con el relevamiento “se han legitimado” los reclamos de los indígenas. “Lo que queremos evitar es que se tomen tierras privadas, y yo debo defender la usurpación en las tierras del Estado”, define. El delegado del INAI sentencia que urge que el Estado se haga cargo. “El artículo 18 del Código Civil y Comercial establece la propiedad comunitaria. Ahora haría falta una ley para la regularización dominial, a partir de un estudio específico. Pero las provincias son renuentes a involucrarse hasta con el relevamiento. Y Tucumán, aunque lo tiene, no lo usa, como no lo usa la Justicia”. Así está la Pachamama siglo XXI.
De hecho, cuando este empresario empezó con el proyecto de la estación de servicio hubo un incidente, que fue el desalojo que hizo hace un año la Fiscalía de Estado, con 100 policías, de un sector del mismo predio en disputa, llamado “La cancha del avión” (que había pertenecido a la familia Chenaut). El terreno estaba ocupado por una familia indígena pero cuando la Justicia autorizó el desalojo -al cabo de un largo juicio- la comunidad accedió, porque ahí mismo había comenzado la idea de la donación de un terreno, que quedó empantanada hace tres semanas con los incidentes. El abogado Navarro Muruaga dice que estos dos casos son muestra de muchos conflictos que hay y que, si el Estado no pone reglas claras, va a reinar la anarquía y cada vez será peor. El fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, en cuya oficina se acordó la paz, tiene una visión optimista: “muestra por un lado, que se puede mediar en estos problemas, pero también indica que se habrá que estar en negociación permanente”, asegura.
¿Qué se va a negociar? Mucho, y centrado, sobre todo, en la idea de la posesión de la tierra, que va mucho más allá de la visión naif y telúrica de la Pachamama como símbolo de costumbres que impresionan a los visitantes y a los turistas. La Pachamama siglo XXI festeja su día hoy ilusionada con que el flamante Código Civil que hoy entra en vigencia incluye el concepto de propiedad comunitaria, que es un avance sobre los reconocimientos a la identidad y a los derechos de la ley 26.160 de 2006. De ella se derivó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) que censó a todos los que se reconocen indígenas en el país, y que en Tucumán concluyó hace dos años. Con esta ley comenzó una nueva historia.
José Ramos, de la delegación local del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, explica cómo se realizó ese censo, en conjunto con las comunidades: “no se trató sólo de hacer un estudio geográfico o de límites sino cómo utilizan ese territorio. Se relevaron puntos de conflicto, territorios de la memoria, georreferencialidad y se han hecho análisis y propuestas de solución de conflictos”. Añade que la identificación de los indígenas se ha dado por el autorreconocimiento. “Hay muy poca historia de las comunidadades en los siglos XIX y XX, pero estas personas estaban. Eran familias zafreras, por ejemplo. Suele haber un criterio negacionista que dice ‘¿dónde estaban? y otro esencialista, que atribuye a las comunidades características como si tuvieran que transitar el derrotero histórico sin grandes modificaciones. Nosotros decimos que cada coyuntura va interpelando a las comunidades, las va formateando”. Por eso, dice, en Tafí del Valle y los Valles Calchaquíes están integradas a la vida “civilizada” -con tareas como albañiles, cuidadores, maestras, policías y muchos otros oficios (hasta abogados, como Lalo Nieva) y en otros lados más aislados , como en la alta montaña, llevan una vida con más sentido comunitario.
Hay 17 comunidades en Tucumán (Los Cabrera está en trámite de personería jurídica) y su presencia va cobrando peso, entre acuerdos y conflictos. El cacique Santos Pastrana, de Tafí del Valle, celebra que la paz acordada anteayer en Fiscalía de Estado muestra un reconocimiento histórico del Estado. “Los derechos están, les guste o no. Nosotros hablamos de posesión ancestral, del uso, del ganado, de hierbas medicinales, y ellos dicen que hay papeles y escrituras pero no hacen la posesión ancestral”, define. Y el tema de propiedad de la tierra emerge como el básico para la Pachamama.
El abogado de Petech y los Chenaut dice que hasta 2008 el asunto era inexistente. Los dueños de los territorios los tenían o los vendían sin inconvenientes. “Pero a partir de ahí empezaron los problemas. Los indígenas cortaban alambres y tiraban postes”, describe, y cita, por ejemplo, el caso del concejal Daniel Carrazano, que en 2011 denunció que no lo dejaron armar un complejo turístico en el cerro El Pelao, a la vera del río Tafí, y que entonces planteó que se venían guerras por la posesión de la tierra. Hubo varios incidentes -el más dramático fue el de la nunca resuelta muerte del cacique Javier Chocobar en Chuscha- y muchas denuncias contra los indígenas de parte de los dueños de las tierras. “Los acusan de usurpación y de robos”, dicen los abogados Carlos Garmendia y Manuel Santillán.
Es que la ley 26.160, con el censo, abrió un camino complejo, porque ha visibilizado la tierra que la comunidad considera como propia. Se registraron 450.000 hectáreas. “Nunca se consultó a los dueños de las tierras para hacer el censo”, dice Navarro Muruaga, que advierte que esa cantidad es un tercio de la provincia de Tucumán. “Se hizo de modo discreto para que no hubiera trabas”, replica José Ramos. Y aclara: “el registro es una base para comenzar a resolver problemas. La ley dice que es posesión de la comunidad la que se usa de manera tradicional, actual y pública. Es diferente del uso privado. Hay áreas que son la parte alta de la montaña, rocas. Y hay áreas que ya están ocupadas por terceros. Habrá que definir claramente caso por caso. Hemos pedido a la provincia conformar equipos técnicos para lo que viene”.
Por lo pronto, el relevamiento indica casos como conflicto o como posesión comunitaria. Ramos dice la “Cancha del avión” era un caso de conflicto y la cominidad acató lo que resolvió la Justicia. En el terreno de los incidentes de hace tres semanas, era un caso de posesión comunitaria (sin alambradas). “No puede ser que la Justicia no pida oficios al INAI para saber cómo actuar”, dice Ramos, que aclara que la Ley 26.160 impide que se hagan desalojos en la medida en que se vea que los ocupantes de terrenos son comuneros, hasta que se defina más adelante la propiedad.
Así como han estallado muchos conflictos -hay problemas en El Mollar, y en la zona de El Pelao hay carteles indicando prohibición de paso en una zona arqueológica por ser posesión comunitaria- hay otros que se han resuelto amigablemente. El cacique Pastrana destaca que en La Banda, El Alto, “se acordó que se hará un museo arqueológico para la comunidad a través de Cultura de la Provincia”.
El asunto es la propiedad privada. Con los terrenos fiscales -que hay muy pocos- parecía no haber problemas. Pero el Estado nunca quiso intervenir. La abogada Jorgelina Fontdevila, del INAI, afirma que la Ley 5.778, de 1986, preveía el traspaso de tierras fiscales a los indígenas, pero nunca fue reglamentada. Es tanta la falta de involucramiento del Estado en la cuestión que ni siquiera hay una oficina como la nacional (INAI), sino que la Fiscalía de Estado se ocupa solo de los asuntos que queman, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos recibieron el encargo de hacer el censo y la secretaría de Turismo se inquietó por los problemas en los Valles Calchaquíes, por ser la zona turística por excelencia de Tucumán. Ahí se dio, por cierto, el gran escándalo con la comunidad de Quilmes, donde Turismo había acordado con los indígenas la revalorización de las ruinas y la ciudad sagrada hasta que el ex concesionario, Héctor Cruz (integrante de la comunidad) planteó juicios al Estado por haberlo echado del sitio arqueológico. Cruz -cuenta Fontdevila, que se ocupa en Turismo de este asunto-, tras haber tenido 10 años la concesión y haber estado otros 10 años sin pagar canon, planteó en 2008 un concurso preventivo por quiebra, otro por daños y perjuicios (2008) y otro de 2010 por propiedad intelectual (por unos murales puestos en el predio). Además, el juez civil III le dio una medida cautelar para que no se toque la ciudad sagrada.
Con una justicia lenta e irresoluta, hoy Quilmes está ocupada por un cacique, Juan Santiago Santos, apoyado por Cruz, mientras otro cacique, Francisco Chaile, que reclama la devolución del predio y que obtuvo un amparo (no cumplido) de un juez de paz, está detenido desde hace 40 días por haber intentado entrar con violencia a la ciudad sagrada. En ese sentido, vale aclarar que Chaile es reconocido legítimamente como cacique por el INAI, no así el cacicazgo de Santos, aunque este alega tener tres grupos indígenas que lo reconocen como tal. “Ahí no hay una cuestión de derechos comunitarios, sino de dinero: Quilmes es un destino atractivo como Machu Picchu, que no necesita folletos para ser conocido. En temporada, recauda 350.000 pesos mensuales”. Como Amaicha, Quilmes es un caso que avanza sobre los problemas territoriales, porque esos predios ya les fueron entregados a las comunidades. Y la pelea entre sus integrantes es un proceso frustrado en su reclamo de autodeterminación. A la vez, muestra las complicaciones de este proceso de reconocimiento de derechos que a la vez también les genera obligaciones.
Lo que viene es un crecimiento de ese proceso. “Hacen falta reglas claras”, dice el abogado Navarro Muruaga. El fiscal de Estado reconoce que con el relevamiento “se han legitimado” los reclamos de los indígenas. “Lo que queremos evitar es que se tomen tierras privadas, y yo debo defender la usurpación en las tierras del Estado”, define. El delegado del INAI sentencia que urge que el Estado se haga cargo. “El artículo 18 del Código Civil y Comercial establece la propiedad comunitaria. Ahora haría falta una ley para la regularización dominial, a partir de un estudio específico. Pero las provincias son renuentes a involucrarse hasta con el relevamiento. Y Tucumán, aunque lo tiene, no lo usa, como no lo usa la Justicia”. Así está la Pachamama siglo XXI.
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