La Legislatura trata el cambio de la Ley Azucarera

Ante el reclamo de los cañeros y de los ingenios, y el anuncio de una nueva movilización del sector por la falta de solución a la crisis azucarera, el Gobierno aceleró la gestión para la modificación de la Ley Azucarera 8.573 y la “alícuota cero” de Ingresos Brutos para los productores de ese sector de hasta 100 hectáreas.

Ayer, el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, informó que mañana sesionará ese cuerpo para tratar el proyecto de ley que declara la emergencia azucarera, que contempla la reforma de la norma que regula la agroindustria en la provincia, entre otros puntos. La iniciativa estará sujeta a la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, que se realiza hoy para definir la agenda de temas que se presentará al día siguiente.

Tras varias jornadas de diálogo con referentes de las entidades cañeras y en pleno desarrollo de la zafra 2015, el Poder Ejecutivo (PE) concedió cambios en la reglamentación para que el cupo de exportación de azúcar se distribuya entre los ingenios y los agricultores, según el nivel de producción. Eso llevará a que los ingenios que habían sustituido el stock de exportación por la producción de alcohol, con base en el programa Bioetanol, contraigan la obligación de destinar parte de su producción de azúcar “físico” y vuelvan a comercializar en los mercados externos, explicaron desde la Casa de Gobierno.

Este ha sido uno de los reclamos de las organizaciones de productores y de las industrias que están fuera del plan de biocombustibles y sólo elaboran azúcar, teniendo en cuenta que el cupo de exportación previsto para este año se elevó a un 40% del total de la campaña.

El sector demandó en las últimas semanas la reducción del porcentaje para la exportación por la caída de los precios internacionales (también descendió el valor interno del producto) y la proyección de máxima de la zafra actual, de 1,77 millón de toneladas “equivalentes”, incluyendo el volumen de alcohol.

Los argumentos oficiales del proyecto se centran en que la venta al exterior será de un compromiso compartido: “los ingenios ‘alcoholeros’ que no exportaban, lo harán en menor cantidad que los ‘azucareros’ para que no se envíen altas cuotas de azúcar a la plaza nacional y, en consecuencia, desemboque en una caída mayor del precio de la bolsa de 50 kilogramos”, según una fuente oficial.

En el proyecto se exhorta a los ingenios que prioricen la molienda de caña de los productores chicos y contempla la exención de pago del impuesto de Ingresos Brutos (1,8%) por un año para los cañeros de hasta 100 hectáreas, otra solicitud de los ruralistas locales “debido a la presión fiscal”.

El Ministerio de Economía informó ayer que esta semana, de forma paralela, se firmará un decreto administrativo que fije que los productores “no tengan una percepción adicional en los bancos”, en concepto de Ingresos Brutos.

Respecto de las exportaciones, los industriales comenzaron a definir un acuerdo privado estipulando un esquema de asignación de la cuota de azúcar.

Entre los cañeros hubo expectativas al conocer la iniciativa oficial. “Lamentamos haber llegado a esto (por la movilización). El vaso no está vacío ahora. Por lo menos, vamos s pelearla hasta el año que viene”, dijo Marcelo Fernández, dirigente de la entidad Cañeros Unidos del Este (CUE).