¿Quién es responsable? La incógnita que plantea la web

Usted entra a una biblioteca y pide un libro o una revista. Depende cuán amigo sea de la tecnología, el bibliotecario agarrará sus fichas o la computadora, caminará hasta el anaquel correspondiente y le traerá a usted el libro solicitado. En principio, todos felices: el lector y el empleado. Pero resulta que ese ejemplar, lo haya sabido usted de antemano o no, tenía contenido indebido: incita al odio, difama, o muestra a personas en situaciones íntimas sin que ellas hayan autorizado su difusión. Es decir, vulnera derechos que están garantizados en Argentina. La pregunta que sigue, entonces, es qué hacer para evitar esto: ¿eliminar el libro de la biblioteca? ¿Sancionar a la editorial y/o al autor? ¿Investigarlo a usted, ya que ha solicitado algo que está fuera de la ley? ¿O le prohibimos al bibliotecario prestar este tipo de libros?

No se apresure en responder: la decisión no es nada fácil y mucho menos si comenzamos a destejer la compleja e intrincada trama de la ley.

El ejemplo anterior es uno de los tantos que sirve para graficar el funcionamiento de internet y los constantes dilemas que genera en los juzgados de todo el mundo, principalmente cuando se difunden imágenes o videos que no cuentan con la autorización de las personas que lo protagonizan y estas se sienten afectadas. La libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la intimidad y la propia imagen en muchos son derechos que en reiteradas oportunidades entran en tensión en la gran telaraña que es la red de redes y todos los países, en mayor o menor medida, deben adaptarse a este campo donde el cambio es contínuo.

En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) realizó ayer una Audiencia Pública donde numerosos abogados y expertos amicus curiae (“amigos de la Corte”) expusieron sus opiniones para ayudar al máximo tribunal a resolver un caso puntual, pero cuyas características se extienden a otros cientos ya suscitados o que seguramente se producirán en el futuro. Se trata del caso de la modelo cordobesa María Belén Rodríguez, quien en 2006 demandó a los buscadores Google y Yahoo! por daños y perjuicios, pues su imagen aparecía en los resultados de búsqueda vinculada con sitios que suministran contenidos de índole sexual.

El dilema es si los buscadores (que en nuestro ejemplo serían el bibliotecario), encargados de clasificar y ofrecer la información que producen otros sitios (los autores de los libros o las editoriales, siguiendo nuestra analogía) deben o no retirar la información (los libros) que se considere ofensiva de internet (la gran biblioteca). “La respuesta de los tribunales (en casos similares a esto) ha sido contradictoria y muchas veces problemática: distintos jueces civiles han otorgado medidas cautelares así como indemnizaciones. Así, han creado los incentivos necesarios para que los buscadores -intermediarios necesarios entre la información que no sabemos que existe y los usuarios de internet- puedan ejercer la censura privada, filtrando e invisibilizando contenidos que pueden generarles responsabilidades legales. La exclusión de un buscador esequivalente al cierre de un periódico”, opinó en un comunicado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Al menos en nuestro país, el problema de la jurisdicción en internet, siempre controversial, está claro: “la Cámara Federal de Salta dictó una sentencia (Caso Jenefes c/ Google) en la cual determina que el juez competente es el del lugar en el cual se producen los efectos, es decir donde está el afectado”, explicó el abogado tucumano Carlos Saltor, especialista en Protección de datos.

Después de más de una hora de escuchar las opiniones de seis letrados, la Corte decidió pasar a un cuarto intermedio para el jueves 29.