La emergencia económica será flexibilizada por la Legislatura

La emergencia económica será flexibilizada por la Legislatura

Prorrogarán solamente por seis meses la inembargabilidad de los recursos provinciales. Un instituto se encargará de determinar cuánto se debe, quiénes son los acreedores del Estado y cómo se les puede pagar.

AL RECINTO. Roque Alvarez reunirá a la bancada oficialista hoy para pautar cómo se votará el viernes. LA GACETA / FRANCO VERA AL RECINTO. Roque Alvarez reunirá a la bancada oficialista hoy para pautar cómo se votará el viernes. LA GACETA / FRANCO VERA
16 Diciembre 2009
Por primera vez desde la intervención federal de 1991, el Estado tucumano flexibilizará la emergencia económica.
La comisión de Hacienda de la Legislatura dictaminó ayer que ese estado de excepción se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2011, con lo cual seguirán suspendidas las ejecuciones contra el erario, pero (y aquí la gran novedad) la inembargabilidad de los recursos provinciales solamente será extendida hasta el 30 de junio del año que viene.
Luego de esa fecha, comenzará a funcionar en Tucumán el Instituto de Previsibilidad de las Finanzas del Estado Provincial, que se encargará de determinar cuál es el monto de lo que se debe y la cantidad de dinero máxima que se destinará por cada ejercicio presupuestario para pagar esos compromisos.
"Complementariamente, el organismo elaborará un registro de acreedores, que contendrá la individualización de las deudas, su antigüedad, su origen y su legitimidad, a la vez que elaborará las correspondientes propuestas de pago", explicó a LA GACETA el presidente del bloque Tucumán Crece, Roque Alvarez.
El oficialista explicó que la propuesta será aprobada durante la sesión del viernes próximo y destacó que estas modificaciones (promovidas por José Cúneo Vergés, Sisto Terán y él) se aplicarán al proyecto que ya había presentado su bancada.

Previsiones oficiales
Una serie de fallos de la Corte provincial que declararon la inconstitucionalidad de la reconsolidación de las deudas modificó la estrategia oficial por mantener la inembargabilidad de las cuentas públicas hasta 2011. El oficialismo preparó otro plan con el fin de darle mayor previsibilidad al Presupuesto, afirmó ayer a este diario el ministro de Economía, Jorge Jiménez.
Según las proyecciones oficiales, de no regir la emergencia económica, a las cuentas públicas le lloverían ordenes para trabar embargos por una cifra no inferior a los $ 200 millones. "Una vez que se actualicen los datos sobre los juicios con sentencia firme, la Provincia dispondrá el pago -por orden de llegada- a partir del ejercicio 2011", estimó el titular de Economía.
En el Ejecutivo no descartan la ampliación en la emisión de bonos de Conversión y Saneamiento de Emprestitos Provinciales (Consadep), el instrumento con el cual se abonan los juicios. "Esto dependerá de la situación de las finanzas", aclaró Jiménez.
Hacia mediados de 2010, además, el Gobierno definirá si -cada año- pagará un tercio, la mitad o el total de la deuda que se acumule por juicios al Estado.

Otras prolongaciones

Durante la sesión del próximo viernes, el oficialismo también impulsará la aprobación del Presupuesto General de la Provincia para 2010, que prevé gastos por casi $ 7.100 millones.
En la oportunidad, se prorrogará la emergencia hídrica hasta 2011, al igual que el programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud, al que comúnmente se menciona en el oficialismo como "emergencia sanitaria". "Es para contar con las herramientas financieras para, eventualmente, enfrentar inundaciones o rebrotes del dengue o de la gripe A", manifestó Alvarez.
También se prorrogará el Fondo de Desarrollo del Interior, con el que se financian obras para las comunas; se ratificará el convenio con la Nación para la aplicación del plan "Argentina Trabaja"; y se modificará el Presupuesto 2009 para incluir la partida de $ 100.000 que financiará los gastos de este mes del Consejo Asesor de la Magistratura.
Finalmente, se prevé extender por todo el año que viene la línea de créditos de la Caja Popular para los miembros de la Justicia que necesiten cancelar deudas previsionales a fin de acogerse a la jubilación con el 82% móvil.

Comentarios