LA PAZ, Bolivia.- Los sindicatos campesinos que apoyan al presidente de Bolivia, Evo Morales, se atrincheraron en las inmediaciones de Santa Cruz de la Sierra en reacción a la negativa de tres prefectos opositores a respaldar la convocatoria de un referendo sobre una nueva Carta Magna. Los manifestantes, que están armados y amenazan con entrar a la capital de esa provincia, hicieron recrudecer la tensión en el país andino.

El grupo bloqueó el tránsito entre Santa Cruz, Trinidad y Cochabamba, con lo que ciñó el cerco que inició hace una semana. Ayer, haciendo uso de petardos y de piedras, corrieron a los fiscales cruceños que habían intentado persuadirlos de que entregaran las armas que portan: rifles Máuser, escopetas, armas blancas y gran cantidad de dinamita.

Los dirigentes señalaron que su objetivo es llegar mañana a la capital de Santa Cruz , donde tienen previsto tomar empresas y viviendas de los representantes cívicos que alentaron hace algunas semanas la ocupación y el saqueo violento de instituciones públicas. El opositor alcalde de Buena Vista -ciudad en la que se encuentran ahora los movilizados- afirmó que tiene pruebas de que Morales financia la marcha.

Por su parte, el mandatario anunció que la medida de presión será suspendida inmediatamente si los gobernadores opositores acceden a aprobar el referendo. "Si los prefectos firman esto junto con el Gobierno, volverá la paz y la tranquilidad a Santa Cruz", prometió el jefe de Estado, citado por el diario boliviano "La Razón".

Revisión completa
El cerco a Santa Cruz se inició la semana pasada, cuando comenzaban a cesar las protestas que durante casi un mes golpearon a los departamentos opositores de Beni, de Pando y de Tarija. Con el objetivo de pacificar el país, el Gobierno y los opositores realizaron una primera ronda de negociaciones, que se inició el jueves y concluyó el domingo. Sin embargo, desacuerdos de último momento obligaron a posponer su firma hasta el jueves, cuando se reanude el diálogo al regreso de Morales, que participa en Nueva York de la Asamblea General de la ONU.

Los gobernadores de Santa Cruz, del rico distrito gasífero de Tarija y del amazónico de Beni reclaman autonomías y exigen una revisión completa del texto de la Carta Magna, que en los términos actuales consolidaría la nacionalización de los recursos naturales y otras reformas, como la agraria, que ataca el latifundio y reparte tierras entre indígenas y campesinos pobres.

La cuarta región opositora, Pando, está bajo estado de sitio desde hace 10 días y su prefecto, Leopoldo Fernández, detenido y confinado en La Paz donde espera ser juzgado por la muerte de campesinos oficialistas, en el suceso más cruento del conflicto.

Pese a ser minoría en una negociación en la que además del Gobierno participan otros cuatro prefectos oficialistas, los municipios y el Congreso, los tres gobernadores rebeldes se han negado hasta ahora a avalar la convocatoria a un referendo. Inclusive rechazaron una fórmula propuesta por sus propios técnicos, que contemplaba la modificación del nuevo texto constitucional para ajustarlo a las conclusiones de la actual negociación. (Reuters-Télam-Especial)