El 1 de marzo, en su mensaje anual a la Legislatura, José Alperovich destacó que su gestión había superado con éxito, por segunda vez, una crisis económica. Antes, la de 2008 y 2009. Ahora, la del año pasado. Y sin tomar los $ 400 millones de préstamo que le había autorizado la Legislatura en mayo de 2012.

Apenas 74 días después, el mismo Gobierno evalúa emitir letras de tesorería por $ 300 millones para buscar financiamiento en la banca privada. En el discurso dan la palabra de que las cuentas están en verde, y al rato necesitan letras para no quedar en rojo.

El problema del Ejecutivo, justamente, es el rojo. Porque, ¿para qué quiere $ 300 millones el Gobierno que con Presupuesto 2013 de $ 17.000 millones? Para no quedar en "descubierto" y pagar millonarios intereses al banco. El mecanismo es así: el Gobierno paga obligaciones a diario desde la cuenta Z-05. Pero a su vez, tiene dineros en las cerca de 2.000 cuentas oficiales. La suma de esos recursos es el monto del FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales). Cuando el FUCO suma más plata que toda la que salió por la Z-05, como ocurre hoy, no hay problemas. Pero puede que ese equilibrio se rompa en el segundo semestre. Y por ello ahora, como hace un año con el préstamo que no usó, el alperovichismo abre el paraguas.

¿Por qué estos manotazos se dan en mayo? Porque sólo en este mes, con las paritarias cerradas, los técnicos hacen las proyecciones. Y se asustan. ¿Por qué le falta plata al alperovichismo? Por su despilfarro.

El dispendio del Gobierno tiene dos caras. La más pública es el crecimiento de la cantidad de empleados públicos. El Presupuesto 2003 (Alperovich asumió el 29 de octubre de ese año) daba cuenta de que había 44.000 trabajadores en la planta del Estado. El Presupuesto 2013 fija que la planilla de estatales permanentes es de 71.417 cargos. Unos 27.000 agentes en una década. A 2.700 por año, unos 11 nombramientos por día hábil. Y como la jornada estatal dura cinco horas (Decreto 277/1, de 2000), se nombró empleado permanente a una persona cada 27 minutos.

El otro rostro es menos visible. También es gasto político, pero no es identificable. Se domicilia en el Poder Legislativo. En la campaña de 2007, Juan Manzur (hoy, vicegobernador en abuso de licencia), se comprometió administrar la Legislatura con $ 100 millones (la mitad de lo que gastaba su predecesor, Fernando Juri). Pero en 2008 (Manzur asumió a fines del año anterior, con presupuesto ejecutado) se gastaron, otra vez, $ 200 millones. En 2012, el Presupuesto parlamentario fue de $ 380 millones. Y para este electoralísimo año, fue pautado en $ 540 millones.

O sea: el alperovichismo necesita que la Legislatura que aumentó sus gastos en $ 340 millones le valide un endeudamiento de $ 300 millones. El nuevo edificio, proyectado en 2007 en $ 21 millones y ejecutado en 2012 en más de $ 130 millones, es aparte.

Hace rato que por la pesada carga del clientelismo y la empleomanía, a la bicicleta financiera alperovichista se le salió la cadena. A comienzos de 2012, el oficialismo dictó una ley para quedarse con el dinero de las cuentas judiciales inmovilizadas, pero una medida judicial lo frenó. Luego, vino el préstamo de los $ 400 millones: no lo usaron porque la Nación apenas si dio luz verde para tomar deuda por el 25% de ese monto. Después, manotearon $ 172 millones de la Caja Popular. Ahora, explorarán las letras de tesorería, cuando las que hacen falta son las otras letras. Las que expliquen por qué en esta provincia (donde la obra pública es financiada casi enteramente por la Nación), el Gobierno provincial que a fin de año habrá administrado $ 77.000 millones en presupuestos públicos, necesita endeudar todavía más a los tucumanos.