Cuando los legisladores que integran la comisión de Juicio Político reciban hoy copias de los descargos formulados por los jueces del caso Verón, se toparán con severas críticas a su labor y a la actuación del Gobierno en la investigación policial iniciada tras la desaparición de la joven.
A las 18, los parlamentarios se reunirán para comenzar a analizar los escritos de contestación a la denuncia que planteó Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón, contra los magistrados Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano.
Tendrán en sus manos alrededor de 600 fojas en las que se cita numerosa jurisprudencia y se cuelan veladas críticas al kirchnerismo y al alperovichismo. Es más, aunque con diferentes matices, los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada (patrocinan a Piedrabuena y Herrera Molina), y Julio Rougés (en representación de Romero Lascano) transcriben advertencias de los camaristas respecto de una intromisión del poder político sobre el Poder Judicial.
En los textos, incluso, los jueces aseguran que el alperovichismo pretende ofrendar "sus cabezas" al kirchnerismo para atemorizar a los demás magistrados y avanzar con el proyecto de democratización del Poder Judicial. Esta iniciativa de la Casa Rosada, entre otros propósitos, persigue que los miembros del Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular.
Los vocales de la Sala II de la Cámara Penal entregaron el viernes los descargos. Ese paso habilita a la comisión de Juicio Político para decidir si acusa a los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento. Desde ahora, ese órgano dispone de 20 días hábiles para expedirse, según la ley 8.199, que regula el proceso de remoción de los magistrados no sujetos a juicio político. La intención del oficialismo es imprimir celeridad a ese trámite, como ya lo hizo respecto de la decisión de dar traslado a la presentación de Trimarco. Sin embargo, fuentes legislativas confiaron en que evaluar las presentaciones y diseñar una eventual acusación demandará no menos de dos semanas a los parlamentarios.
La comisión de Juicio Político está compuesta por una abrumadora mayoría alperovichista. Diez de los 11 miembros responden al gobernador José Alperovich: Sisto Terán (presidente), Guillermo Gassenbauer, Carlos Assán, Manuel Fernández, Beatriz Bordinaro, Gregorio García Biagosch, Víctor Lossi, José Orellana, Iván Llorens Dip y Alfredo Quinteros. El único miembro no oficialista es Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
El 11 de diciembre pasado, tras un juicio oral de diez meses de duración y amplísima repercusión en la prensa, esos magistrados absolvieron a los 13 acusados de secuestrar y promover la prostitución de "Marita" Verón.
De inmediato, Trimarco anunció que pediría la remoción de los camaristas, a los que tildó de "corruptos" y "estafadores". "No voy a parar hasta que sean destituidos", prometió la titular de la Fundación María de los Ángeles el mismo 11 de diciembre. Al día siguiente, Alperovich expresó: "haré todo lo que Susana Trimarco me pida porque siempre la acompañé y lo seguiré haciendo". En pocas palabras, los magistrados concluyeron -en un fallo de más de 600 páginas- que la prueba aportada durante el juicio oral no había desvirtuado la presunción de inocencia de los acusados.
La reacción de Trimarco dio pie a la puesta en movimiento de un instituto incorporado a la Constitución de Tucumán en la reforma de 2006: el Jurado de Enjuiciamiento. Ese órgano eventualmente resolverá si corresponde remover a los jueces, siempre que reúna dos tercios de los votos. El Jury está conformado por un representante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Daniel Posse); cinco de la Legislatura (los alperovichistas Marcelo Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, y el macrista Alberto Colombres Garmendia); uno del Poder Ejecutivo (Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado y hermano de Daniel Posse), y un representante de los abogados matriculados (Sebastián Herrera Prieto).
La Justicia, en tanto, debe resolver planteos interpuestos por Romero Lascano y por Herrera Molina. El primero cuestiona la legitimidad del Jury, en tanto que el segundo objeta que Alperovich le haya rechazado la renuncia.
"Si realmente los que ahora pretenden juzgarnos fueran todos lo serios y responsables que la situación amerita, en el banquillo no debiéramos estar sentados nosotros, sino los verdaderos responsables del final inocuo; esto es -como ya lo dije- aquellas pocas personas que tuvieron en sus manos durante los últimos 12 años la suma de poder público y la disponibilidad de todos los medios de toda índole necesarios para esclarecer los hechos y aprehender a los delincuentes", añade el texto.
El magistrado insiste en la nulidad de todo lo actuado por la comisión de Juicio Político, y vincula las actuaciones a presiones del poder central. "Se ha decidido desde el poder central someter al Poder Judicial a la voluntad política y con el ropaje de 'democratización' de la Justicia se ha comenzado la irresponsable batalla de disciplinar y poner de rodillas al poder que la Constitución le ha encargado su tutela", sostiene el descargo. Luego, manifiesta que desde el poder provincial se pretende "expiar las culpas y responsabilidades excluyentes de quienes ostentan el poder de hace más de una década en la provincia, pretendiendo trasladarlas en nuestras cabezas".
"A esta altura de los acontecimientos y luego de los hechos sucedidos, nadie puede dudar que se ha montado un espectáculo con ribetes circenses; una parodia de proceso de enjuiciamiento, por la que se pretende, con nuestras vidas, derechos y honor, satisfacer deseos de venganza, eludir responsabilidades y errores propios del gobernador para abajo y, también, tender un manto de impunidad que cubra apresuradamente el enorme lodazal en que la práctica política ha convertido a la República", plantea Piedrabuena.
A colación, el camarista critica la actuación de la comisión de Juicio Político. "En esos vergonzantes 10 minutos (en los que corrió traslado) aniquiló todas las garantías del debido proceso", cierra.
"Trimarco es funcional a un proyecto autocrático"
Antes de efectuar el descargo, el magistrado Eduardo Romero Lascano advierte que no consiente "la validez del procedimiento" dirigido en su contra. Luego menciona que Susana Trimarco pasó de ser una madre dolorida por una tragedia a una "figura nacional". "Consigue fondos, un empleo en el Ministerio de Justicia y luego de Seguridad de la Nación, y llega hasta la propia presidencia. La pobre madre, antaño desvalida, es hoy una figura nacional, inequívocamente avalada por nuestra primera mandataria", reza el escrito del juez ante la Legislatura.
"Quedamos los tres integrantes de la Sala II de la Cámara Penal atrapados en los tentáculos de la política, y fuertemente conminados a condenar, aunque no existan pruebas suficientes de los hechos imputados. Entre la presunción de inocencia y la conveniencia personal de ceder a las amenazas de los poderes políticos, hicimos lo que creíamos correcto y acertado conforme a nuestra conciencia, al costo de estar hoy en-juiciados", añade.
Además de advertir sobre la inconstitucionalidad del Jurado de Enjuiciamiento, al que califica como una "comisión especial", Romero Lascano vincula el proceso de destitución en su contra con el proyecto de democratización anunciado por la presidenta Cristina Fernández. "Injuriados por el Poder Ejecutivo Nacional -en contra del espíritu del artículo 109 de la Constitución, que prohíbe al Presidente inmiscuirse en causas judiciales o dar instrucciones- vilipendiados por la señora Trimarco, descalificados por medios de prensa nacionales que no conocen el expediente, y por sectores políticos siempre dispuestos a organizar 'puebladas' para obtener réditos de la desgracia, la desesperación y la manipulación del sentir de muchas personas de buena fe. A su turno, la descalificación de los tres vocales de la Cámara vino al Poder Ejecutivo Nacional como anillo al dedo para la campaña de 'democratizar' la justicia -es decir, contar con jueces adictos al Gobierno- que ha emprendido con su habitual pertinacia e insuficiencia de contrapesos insti-tucionales", denuncia.
Finalmente, asegura que Trimarco "es funcional a un proyecto autocrático". "Que de llevarse a cabo, extinguirá todo vestigio de independencia del Poder Judicial", alerta Romero Lascano.
"Es un mamarracho de imposible enderezamiento institucional"
El juez Emilio Herrera Molina inicia su descargo asegurando que para ellos hubiese sido más fácil condenar a los acusados para calmar a la opinión pública. "Optamos por ser jueces probos y cabales. Hubiéramos dejado de serlo si nos hubiéramos dejado tentar por el clamor popular y nuestras tranquilidades personales. Defendimos la vigencia de la justicia de la república por sobre la justicia asamblearia", replica el texto.
El magistrado ironiza respecto de las críticas que recibieron sobre la firma de un fallo "sexista". "Llama la atención sobremanera que tanto la Comisión de Juicio Político como el Jury estén integrados exclusivamente por personas de sexo masculino. La ley de cupo y la igualdad de género, por cierto que no estuvo presente en la conformación de dichos órganos. Dar curso a una denuncia por actitudes 'machistas' por parte de un órgano formado exclusivamente por varones, revela una alarmante ausencia de pudor, evidenciando que todo esto es un mamarracho de imposible enderezamiento institucional", cuestiona.
Sostiene la tesis de que el proceso de destitución iniciado en su contra obedece a un avance del poder político sobre el judicial. "Se ha tomado una decisión convergente de que nuestras cabezas de jueces serán la ofrenda y el escarmiento como aviso brutal que el Poder Judicial deberá rendirse en forma incondicional al poder político. Está en juego la República y la independencia del Poder Judicial", alerta Herrera Molina.
También ataca a los legisladores. "Resulta patético, y más que eso, una insolente falta de respeto a los presentantes, a toda la ciudadanía y a sus propias bancas, que en tan sólo 10 minutos y sin conocer una sola foja del expediente, hayan decidido dar por satisfechos los recaudos constitucionales e irresponsablemente violar la Constitución invocando antijurídicas y no suficientes razones de conmoción pública", dice, en alusión a la decisión de la comisión de Juicio Político de correr traslado a la denuncia de Trimarco.
Herrera Molina advierte que los legisladores violaron la Ley 8.199, que fija que una vez producida la renuncia del acusado se deben clausurar las actuaciones. Precisamente, por cuestiones de salud, el magistrado había renunciado en diciembre, pero el gobernador José Alperovich rechazó su dimisión.