El pedido de destitución de los magistrados Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano ingresó en una etapa decisiva. Ayer, los vocales de la Sala II de la Cámara Penal entregaron los escritos de contestación a la denuncia que planteó Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón. El cumplimiento de ese acto habilita a la comisión de Juicio Político para decidir si acusa a los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La comisión dispone de 20 días hábiles para expedirse, según la ley 8.199, que regula el proceso de remoción de los magistrados no sujetos a juicio político. La intención del oficialismo es imprimir celeridad a ese trámite, como ya lo hizo respecto de la decisión de dar traslado a la presentación de Trimarco.
El 4 de febrero, los legisladores alperovichistas adoptaron tal criterio tras un debate de apenas 600 segundos de duración. Diez de los 11 miembros de la comisión responden al gobernador José Alperovich: Sisto Terán (presidente), Guillermo Gassenbauer, Carlos Assán, Manuel Fernández, Beatriz Bordinaro, Gregorio García Biagosch, Víctor Lossi, José Orellana, Iván Llorens Dip y Alfredo Quinteros. El único miembro no oficialista, Ricardo Bussi (FR), fue también el único parlamentario que faltó a la reunión, que comenzó a las 19 y concluyó a las 19.10. El grupo legislativo tiene previsto reunirse este lunes a las 18 para retirar formalmente los descargos de Herrera Molina, Piedrabuena y Romero Lascano. El 11 de diciembre pasado, tras un juicio oral de diez meses de duración y amplísima repercusión en la prensa, esos magistrados absolvieron a los 13 acusados de secuestrar y promover la prostitución de "Marita" Verón.
Lo que ella pida
De inmediato, Trimarco anunció que pediría la remoción de los camaristas, a los que tildó de "corruptos" y "estafadores". "No voy a parar hasta que sean destituidos", prometió la titular de la Fundación María de los Ángeles el mismo 11 de diciembre. Al día siguiente, Alperovich expresó: "haré todo lo que Susana Trimarco me pida porque siempre la acompañé y lo seguiré haciendo". En pocas palabras, los magistrados concluyeron -en un fallo de más de 600 páginas- que la prueba aportada durante el juicio oral no había desvirtuado la presunción de inocencia de los acusados.
La reacción de Trimarco dio pie a la puesta en movimiento de un instituto incorporado a la Constitución de Tucumán en la reforma de 2006: el Jurado de Enjuiciamiento. Ese órgano eventualmente resolverá si corresponde remover a los jueces, siempre que reúna dos tercios de los votos. El Jury está conformado por un representante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Daniel Posse); cinco de la Legislatura (los alperovichistas Marcelo Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, y el macrista Alberto Colombres Garmendia); uno del Poder Ejecutivo (Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado y hermano de Daniel Posse), y un representante de los abogados (Sebastián Herrera Prieto).
Juicios paralelos
En el ínterin, Herrera Molina, que reúne las condiciones para acceder al beneficio de la jubilación, presentó la renuncia a su cargo de magistrado. Pero Alperovich decretó que "no consideraba del caso aceptarla" puesto que existía una denuncia en contra del renunciante en la comisión de Juicio Político (no hay memoria de que un gobernador de Tucumán haya antes rechazado la dimisión a un juez).
Como consecuencia de ello, Herrera Molina presentó un amparo en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En paralelo y en el mismo tribunal, Romero Lascano cuestionó la integración del Jury mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad. Ambos planteos podrían frustrar parcial o totalmente la remoción que prometió Trimarco y apoyó el gobernador.