En el calendario de la Legislatura, ningún casillero está reservado para discutir un nuevo Código de Contravenciones Policiales (CCP). El titular subrogante del cuerpo, Regino Amado (PJ), aseguró sin embargo que esto puede producirse "en cualquier mes". "Una vez que se terminen los trabajos de consulta que está realizando la comisión (de Seguridad y Justicia), y cuando se haya logrado el consenso necesario, sin dudas vamos a tener una nueva ley", afirmó el monterizo.

A dos años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que marcó la inconstitucionalidad del proceso establecido por el CCP, la ONG Andhes -que tramitó aquel expediente durante casi una década- instó a la Legislatura a modificar de una vez por todas la ley Nº 5.140. "Muchos dirigentes políticos, oficialistas y opositores, manifestaron su postura sobre la necesidad de reformar la legislación. Pero aquí estamos, igual que hace 32 años, cuando fue creada esta norma que, so pretexto de ser una herramienta para prevenir delitos, priva de la libertad a personas por infracciones insignificantes", aseguró el abogado Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del equipo Seguridad y Derechos Humanos de Andhes.

El 5 de octubre de 2010, el alto tribunal falló en el caso de un joven tucumano que había sido arrestado tras una pelea, y señaló que la aplicación del CCP no respetaba los estándares constitucionales mínimos: la Policía arresta, investiga y sanciona a los sospechosos, que no tienen derecho a defensa en juicio y permanecen privados de la libertad sin conocimiento inmediato de la Justicia.

A la Cámara llegaron al menos media docena de proyectos de ley sobre el tema, abordándolo desde diferentes ópticas, y la comisión de Seguridad y Justicia está haciendo un foro de consulta con diferentes sectores, pero hasta ahora ninguna iniciativa tiene dictamen. "No es que exista alguna postura contraria a tratar este tema; se está trabajando, pero tenemos que hacer nuestra propia experiencia, como pasó con otras leyes", añadió Amado.

Los abogados de Andhes y de otras organizaciones de derechos humanos realizaron un estudio para añadir más argumentos a la exigencia de cambiar la Ley Nº 5.140. "De una recopilación de datos obtenidos de Juzgados de Instrucción en lo Penal surge que, en el 99% de los casos, los testigos de la contravención que ha motivado la detención son los propios policías. El debido proceso es una expresión desconocida en estas investigaciones", añadió Lorenzo Pisarello. Y aclaró que el 90,5% de los expedientes que llegan a la instancia judicial son contra personas que "alteran el orden y la tranquilidad pública". "No es posible que un Estado, privando de la libertad a 'gritones' e 'intranquilos', realice una eficiente prevención de delitos como homicidios, violaciones o robos", argumentó el abogado.

Las ONG también lograron determinar que el 100% de los procesados no tuvo asesoramiento letrado durante este trámite. Todos ellos reconocieron ante la autoridad de aplicación (es el jefe de Policía, Jorge Racedo, quien actúa como juez de faltas) haber cometido la infracción. "Se trata de personas encerradas en calabozos, junto a presos comunes, incomunicadas, y en muchos casos sin los recursos necesarios para rebatir las arbitrariedades policiales", destacó Lorenzo Pisarello.

El abogado añadió que, cuando la Cámara inicie la discusión de este tema, no lo debe hacer pensando en la inseguridad. "Cuando la sociedad organiza sus problemas en función de la prevención, y se olvida de abordar las causas de los conflictos con políticas públicas, nos colocamos ante una situación preocupante: lo único que se ataca son las consecuencias, que a la vez derivan de determinadas situaciones de extrema vulnerabilidad", expresó.

Otra de las conclusiones a la que arribaron los letrados de Andhes fue que el 84,8 % de los detenidos son personas con antecedentes penales o contravencionales. "El CCP se nutre de los mismos clientes una y otra vez. Ya pasaron dos años del fallo, y no bajaremos los brazos hasta que la Provincia adecue esta normativa a lo expresado por nuestro alto tribunal", aseveró Lorenzo Pisarello.