Un proyecto de ley de la representante de la Coalición Cívica en el Senado, María Eugenia Estenssoro, intensificó ayer las diferencias políticas entre los senadores tucumanos que representan al kirchnerismo y la Unión Cívica Radical (UCR), y motivó un cruce con el oficialismo, especialmente con la presidenta provisional de la cámara Beatriz Rojkés, esposa del gobernador José Alperovich.

Estenssoro pidió en el recinto preferencia para que en la próxima sesión se trate ese proyecto y sostuvo que "es importante que el Senado se exprese como lo hicieron los alumnos de Tucumán".

De esta manera se refirió al reclamo que realizaron alumnos de la escuela Normal de la capital, quienes en el marco de una entrega de netbooks le reclamaron a la ministra de Educación provincial y hermana de la senadora, Silvia Rojkés de Temkin, que se transmitiera en la televisión tucumana el programa "Periodismo para Todos", que conduce el periodista Jorge Lanata.

La presentación del proyecto molestó particularmente a Rojkés de Alperovich, quien aseguró que en Tucumán hay pluralidad y que el programa que transmite Canal 10 en el horario que también tiene Lanata, "es de un grupo de familia que transmite hace 20 años un programa sobre fútbol de Tucumán y que no quiere quedarse sin trabajo por un programa que viene de afuera".

"Además, en la Escuela Normal se estaban entregando computadoras para que todos puedan ver ese programa si quieren. No coincido con usted y menos con la campaña de difamación hacia los tucumanos", respondió la presidenta provisional del Senado a Estenssoro.

Seguidamente, el radical José Cano salió al cruce de las expresiones de la primera dama del gobierno tucumano. "Es lamentable su argumentación. El oficialismo se rasgó las vestiduras con la Ley de Medios y en Tucumán existe un hegemonismo de los medios de comunicación, al punto tal que cuando juré como senador no me pasaron", sostuvo Cano en el recinto, dichos que luego confirmó a LA GACETA. "Después, el senador (Sergio) Mansilla dijo que era responsabilidad del rector del la UNT (Juan Cerisola) que no se transmita a Lanata en Canal 10. Yo le contesté que a la Universidad también la maneja el gobernador", agregó.

Retruque

El encargado de retrucar fue Aníbal Fernández, quien sostuvo que "esto sucede en varias provincias" y subrayó que está dispuesto a dar el debate, pero agregó: "me gustaría que lo tratemos también para que en todas las provincias se pueda ver 6-7-8 y que se ponga en la grilla el canal Paka Paka".

En tanto, la oficialista Liliana Fellner se mostró molesta porque el pedido para tratar este proyecto no fue pactado en la reunión de Labor Parlamentaria del martes pasado, y sostuvo que la iniciativa "tiene que ser tratada en comisión". Y es que la comisión en la que debería discutirse el proyecto de Estenssoro es la de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que preside la propia Fellner.

Finalmente, el debate fue zanjado por el presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, al afirmar que el Frente para la Victoria está dispuesto a tratar el tema y agregó: "no tenemos problema en discutirlo con dictamen de comisión; pero no profundicemos acá una discusión que no tiene sentido".

De manera que, para que el proyecto ingrese en el temario de una próxima sesión, deberá contar con dictamen de la comisión que preside Fellner e integra Rojkés de Alperovich, con mayoría oficialista. Anoche, LA GACETA intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Rojkés y Mansilla, pero no respondieron a la requisitoria.

El pliego de Gils Carbó

En la sesión de ayer, el Senado aprobó ayer el ingreso formal del pliego de designación de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación -con vistas a la audiencia pública que se realizará el 7 de agosto- y también los pliegos de 22 jueces federales. Además, abrió un prolongado debate sobre la situación fiscal de las provincias -cooparticipación- que culminó con un acuerdo para tratar en comisión un proyecto para citar al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.

Antes el cuerpo había acordado modificar la Ley de Lealtad Comercial para subir los montos de las sanciones y de las multas. De $ 100 a $ 500.000 que estaban fijadas, las penas ahora oscilan entre $400 y 2 millones de pesos.