La supervivencia de la humanidad está en riesgo. Es el gran tema convocante de la Cumbre de "Río +20" que deliberó hasta ayer en la ciudad carioca, y que abrió el debate en Tucumán. Las organizaciones ambientalistas luchan sin cuartel contra la pérdida de la biodiversidad y la extinción de especies, pues avisoran un futuro sin alimentos. Advierten acerca de la creciente utilización de energía con fuentes no renovables que lleva al desgaste y extinción de los combustibles fósiles. La contaminación, la sobrepesca, la desaparición de bosques nativos y la extracción de minerales ponen en jaque el desarrollo sostenible de los llamados países del Sur, y Argentina no es la excepción.

"La lista podría ser interminable, pero el problema mayor en nuestra región es la falta de agua y la desprotección de nuestros ecosistemas", opinó la abogada Gloria Carrizo, especialista en Ordenamiento Territorial y Ambiental para Iberoamérica, y miembro de la Asociación Amigos de la Ecología y Ambiente Humano. Sostuvo que leyes que regulan las políticas ambientales "terminan respondiendo a los grandes intereses económicos". "La contaminación de ríos y arroyos como consecuencia de los desechos industriales afecta principalmente a los más pobres, a los excluidos", indicó la experta. En la Cumbre de la Tierra celebrada hace 20 años en Río de Janeiro, se consolidó el concepto de desarrollo sostenible vinculado a los derechos humanos, como medio para asegurar una mejor calidad de vida disminuyendo los índices de pobreza y asegurando accesibilidad de los recursos para las generaciones futuras (Cepal-2011).

Desde entonces se han manifestado -muy tímidamente- algunas tendencias positivas. En la Argentina, la concreción del tratamiento de la cuenca Reconquista-Riachuelo. "Pero en Tucumán, la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce -considerada la segunda "gran cloaca del país" con la desventaja de no tener salida al mar- se agravó temerariamente, porque no se cumplió el plan de reconversión industrial. "El Poder Ejecutivo, con la anuencia de la Legislatura, concedió al sector contaminador más plazos y modificaciones a las leyes, beneficiando al poder económico", denunció la abogada.

Los expertos coinciden en que las leyes argentinas son buenas. "El problema es que no se las cumple ni se las hace cumplir. No se puede contar con el Ejecutivo, porque ha sido cómplice de los poderes económicos multinacionales que -como es lógico- quieren hacer negocio. Hoy, ganar dinero en el mundo es proporcional al grado de contaminación y expoliación del recurso de que se trate", sostuvo sin ambages el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez, quien además integra la Red de Fiscales Ambientales de América Latina y es uno de sus fundadores. Se le preguntó si los pueblos, y las personas pueden acceder a la administración de Justicia para resolver sus conflictos ambientales, en función de los daños que les causa.

"Los foros ambientales aparecen como una suerte de muros de lamentos; se relatan allí las vicisitudes que sufren los pueblos bajo el huracán de delitos ambientales (en Tucumán hemos generado 80 denuncias). Los más castigados son los más pobres, pero sus efectos erosionan a todos, ricos y pobres, mucho más que el delito del narcotráfico", indicó.

Impunidad y corrupción

"La irresolución de estos conflictos tiene un socio indudable que es la falta de acceso a la Justicia ¿Y cuál es la consecuencia: la impunidad. ¿Y su causa? la corrupción", denunció sin tapujos. Gómez explicó que la idea fue llevar a "Río + 20", propuestas concretas, que fueron elaboradas en el seno de EJOT (sigla en inglés de Organizaciones de Justicia Ambiental, Responsabilidad y Comercio), organización a la cual pertenece. Su objetivo es garantizar que los pueblos afectados por los daños ambientales encuentren en la Justicia el apoyo necesario.

Esas propuestas se sintetizan en la creación de un Tribunal Penal Internacional para delitos ambientales. Declara que la única manera de que se cumplan las leyes es si se penaliza con la cárcel al contaminador. "Tienen dinero, tienen poder, tienen impunidad; a lo único que le temen en su fibra más íntima es a la cárcel",dijo. La otra es la eliminación de las leyes de doble estándar, y lograr el reconocimiento como delito de lesa humanidad a los delitos ambientales, garantizando la imprescriptibilidad de la acción; es decir que la empresa penalizada, y sus directivos, puedan seguir siendo perseguidos penalmente, porque la causa penal no prescribe", dijo. Y por último proteger a los pueblos que reclaman y terminan siendo criminalizados. "Hemos sostenido hábeas corpus en contra de la Ley Antiterrorista y del Proyecto X, como en Catamarca y en Tucumán", denunció.

LA GACETA consultó a Gómez acerca de la decisión tomada a último momento, por un grupo de fiscales ambientalistas, de no acudir a la cumbre. "La decisión se tomó ante la negativa de las autoridades gubernamentales y de Naciones Unidas de incorporar en la agenda y en la declaración final, las ideas sobre eliminación de los doble estándar de contaminación, la extensión de las legislaciones nacionales a delitos ambientales, y empezar a discutir la creación de un Tribunal Internacional para Delitos Ambientales. No hay posibilidad de Desarrollo Sostenible si no hay sanciones para quienes violan los acuerdos", sentenció el fiscal federal.