El contenido de las actuales políticas sociales dirigidas a la Infancia tienen como base la Convención de Derechos del Niño, en clave de restitución y reconocimiento de derechos, desde un Estado que aboga por la inclusión social. Allí donde la familia no puede sola, el Estado desarrolla programas alternativos. Cuando esa tarea con la familia encuentra sus límites, o es el entorno intrafamiliar el que pone en riesgo la integridad física o psíquica del niño, el Estado interviene restituyendo el derecho vulnerado, y protegiendo al niño. En esta línea trabajan los hogares de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo objetivo es el desarrollo progresivo de la autonomía de los jóvenes, ayudándolos en la construcción de un proyecto de vida saludable. De ahí el permanente trabajo de inserción dentro de espacios educativos, culturales y de formación laboral (en el caso de los adolescentes) para un mejor egreso de las instituciones. La batalla por la inclusión social no debe ser tarea sólo de los gobiernos; implica una responsabilidad de todos.