BUENOS AIRES.- A los 15 años de su apertura, la causa judicial que investigó el plan sistemático de robo de bebés en la dictadura militar entrará hoy en su etapa definitoria, con el inicio de los alegatos finales en el juicio que tiene como principales imputados a Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Para la Fiscalía, se probó que no se trató de casos aislados sino que fueron resultado de "órdenes dadas desde arriba". Abrirán los alegatos los abogados del organismo querellante "Abuelas de Plaza de Mayo", cuya titular Estela de Carlotto radicó la denuncia judicial.
"Las órdenes para apropiarse de los recién nacidos no fueron iniciativa de personas aisladas, esto estuvo organizado", dijo el fiscal del juicio, Martín Niklison, quien presentará su alegato después de Semana Santa, con una duración de entre cinco y seis días y donde prevé pedir penas de hasta 50 años de prisión. No está prevista la prisión perpetua pero sí penas significativas, sobre todo en aquellos casos en los que la apropiación se prolongó en el tiempo y en que las víctimas recuperaron la identidad pocos años atrás o aún se comete porque no se ha dado con el bebé robado.
"Que las órdenes vinieron de arriba quedó claro con la maternidad clandestina que se instaló en la ESMA, por ejemplo", precisó Niklison, en referencia al lugar donde se hacía dar a luz a las secuestradas embarazadas.
El fiscal consideró que a lo largo del debate se sumaron pruebas "como para acusar a todos" los sentados en el banquillo: Videla, Bignone, el ex general Santiago Omar Riveros, el ex almirante Antonio Vañek, y el marino, Jorge "Tigre" Acosta, entre otros. Todos son juzgados por "sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años", en algunos casos por un hecho puntual, y en otros por haber tenido poder de decisión en la implementación del plan de apropiación por el cargo que ostentaban, como Videla, Bignone, Acosta o Franco. (Télam)