Son de la misma opinión. Tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Estofán, como el gobernador, José Alperovich, consideran que es necesario modificar la Ley 7.844, que solventa los honorarios de los mediadores con un Fondo de Financiamiento integrado fundamentalmente con una partida del Presupuesto provincial.
"El Estado paga la mediación y no puede... Tucumán es la única provincia de la Argentina donde el sistema funciona de esta manera. Los particulares deben hacerse cargo de los costos de la mediación. Por supuesto que el Estado pagará en el caso de ciudadanos que no tengan dinero o sean indigentes. Pero cuando hay un problema entre dos personas, es lógico que sean estas las que carguen con los honorarios del mediador. El Estado pagó el año pasado más de $ 4 millones en honorarios de mediación, cuando realmente tendrían que haber asumido este gasto los particulares. Esto es de sentido común", meditó ayer Alperovich en diálogo con la prensa.
Por separado y durante la misma jornada, Estofán manifestó a LA GACETA que estaba de acuerdo en circunscribir la financiación pública de la mediación a los supuestos de partes que califican para litigar sin gastos: "estoy conforme con que la Legislatura reforme este aspecto de la Ley 7.844, siempre y cuando se considere la situación de las personas con carta de pobreza".
Según Estofán, las partes se preocuparán más por llegar a un acuerdo prejudicial si el dinero para pagar al mediador sale de su bolsillo (o sea, aprovecharán de otra manera la obligación de someterse a la mediación). Y añadió: "el éxito de este sistema depende en gran medida de la buena voluntad de los ciudadanos".