En una economía que crece en forma interrumpida desde 2003 a tasas elevadas, como viene ocurriendo en la Argentina, queda claro que sus componentes, los factores empresarios, fueron favorecidos en su mayoría por tan inusual proceso. En la Argentina de los últimos años hubo un mercado consumidor lo suficientemente demandante como para sostener cualquier emprendimiento en marcha que fuera medianamente razonable. Pero no es fácil ser empresario en nuestro país, donde en forma paralela a un esquema tributario que con demasiada frecuencia es tildado de excesivo y confiscatorio, los generadores de riqueza son objeto de sinnúmero de trabas que tornan al menos desagradable el llevar adelante proyectos de inversión.
El llamado "modelo económico" vigente en la Argentina apunta al crecimiento y la creación de empleos a través de un fuerte desarrollo del consumo que incremente la demanda interna, con especial hincapié en la protección de la industria local y el impulso de alto valor agregado a la producción, junto al uso intensivo de la tecnología. El basamento es la intervención estatal activa para profundizar una batería de regulaciones que sirven -en teoría- para sustentar una distribución equitativa de la riqueza.
La expansión de la economía a tasas muy altas provoca un incremento de las importaciones porque la estructura productiva de la Argentina no tiene desarrollo suficiente. Así, no sólo se necesitan componentes importados para reemplazar maquinaria de alta tecnología, o cubiertas para las ruedas de los vehículos que se emplean en el sector agropecuario, por ejemplo, sino artículos del exterior que se han incorporado de lleno a la vida cotidiana de los argentinos, como los celulares y las computadoras de última generación.
Cuestión de superávit
En la Argentina no es sencillo exportar; y si no, que lo digan los productores de trigo, maíz o carne. Tampoco es posible comprar dólares con libertad, porque a fines de octubre el Gobierno aplicó controles a la venta de divisas, trabas a la remisión de utilidades, y obligó a repatriar fondos externos de aseguradoras y a firmas petroleras y mineras a liquidar el 100% de sus exportaciones. La última medida controversial apuntó a profundizar las restricciones a las importaciones, decisión que puso de malas a los gobiernos del resto de los países miembros del Mercosur. El superávit comercial argentino se redujo sistemáticamente desde comienzos de 2010, al pasar de U$S 16.900 millones en 2009 a U$S 10.300 millones en 2011. La contracción del superávit comercial implica una amenaza a la persistencia del último de los pilares de la dinámica macroeconómica posterior a la convertibilidad. El freno al ingreso de productos del exterior apunta justamente a reforzar el superávit comercial, aunque la medida desvista un santo para vestir otro.
Las consecuencias inmediatas son una mayor pérdida de la seguridad jurídica, la pérdida de calidad institucional y el divorcio con el mundo. Mientras tanto, los gastos del Estado son crecientes y la inflación desploma la pretendida distribución de ingresos hacia los más pobres. El diálogo del Gobierno con los factores empresarios se desarrolla sobre hechos consumados y no con la premisa de establecer consensos para que las medidas que se proponen sean beneficiosas para todos, o al menos para la mayoría. Invertir hoy en la Argentina no brinda garantías, porque las normas regulatorias pueden cambiar de un momento a otro, generalmente en perjuicio de quienes deciden apostar por el país.