Usarán cámara Gesell en la denuncia por abuso en el colegio JIM

Mediante una cámara Gesell intentarán indagar a por lo menos dos niños del nivel inicial del colegio JIM sobre la situación que habrían presenciado en agosto. Esa medida podría ser clave para saber si hubo un delito sexual y cuál fue. Fuentes judiciales informaron que, a partir de la denuncia realizada por una madre, los niños podrían haber sido víctimas sólo de exhibiciones obscenas por parte de una persona que brinda un servicio en el colegio pero que no pertenece a la institución. Con esa medida también podría determinarse si se concretó algún tipo de abuso y además obtener los elementos probatorios para que el sospechoso sea formalmente acusado.

Alerta por un dibujo

El 22 de agosto, una madre observó un dibujo “con mucha connotación sexual” que su hija había realizado. Ante esa situación le explicó a la pequeña que nadie la podía tocar y que si algo así ocurría debía contárselo a ella, a su padre y a la maestra. La nena le dijo que un hombre que estaba con ella y sus compañeritos en el patio de la bandera (ya identificado) se había desprendido el cinto y bajado los pantalones delante de ellos.

La mujer fue al día siguiente al instituto para pedir explicaciones. Allí le mostraron el video de una cámara de seguridad, donde no se apreciaba nada extraño, y le aseguraron que el sospechoso nunca quedaba solo con los niños. También le habrían dicho que ningún masculino ingresaría al establecimiento salvo los padres que acompañen a sus hijos al izamiento de la bandera.

El colegio convocó una reunión de padres el lunes por la tarde en la que los directivos plantearon la postura de que el hecho no habría ocurrido en el establecimiento. En esa reunión, un padre habría dicho que su hijo, al ser consultado, había contado un hecho similar al que se denuncia.

Por su parte, se supo que los auxiliares de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual II, a cargo de Fernando Blanno, se entrevistaron ayer con los directivos del instituto, los cuales ratificaron que tras haber visto el video, los maestros no observaban nada fuera de lo normal. También entregaron el video para que lo analizara el Ministerio Público y se pusieron a disposición de lo que necesiten los investigadores. También ayer se tomó declaración a la madre que denunció el caso y en el transcurso de la semana se entrevistaría a otros posibles testigos.

Con la apertura de la investigación, el sospechoso fue identificado y ubicado y se le notificó que por el momento tiene prohibido acercarse al colegio hasta que su situación se aclare. Por el momento no hay pruebas para imputarle un delito.

Por otro lado, hasta el momento la Fiscalía no cuenta con el dibujo que levantó las primeras sospechas sobre un posible delito de índole sexual. No se descarta que pueda ser aportado en las próximas horas, pero de todas formas, serviría como material de análisis durante las pericias psicológicas que se realicen.

La cámara Gesell es la herramienta mediante la cual una psicóloga, a través de una serie de juegos, abordará el tema con las posibles víctimas y a partir de eso se irá conformando su declaración. La entrevista se realiza en una sala especial, en la que la profesional y el niño están siendo grabados para que el testimonio quede registrado. Ese sistema se utiliza para que el declarante no deba repetirlo en cada instancia (así se evita una revictimización). A su vez, las partes están presenciando la entrevista en una sala contigua sin que el menor pueda verlas.

Caso Tulio: esperan los resultados de las pericias químicas

Según pudo averiguar LA GACETA, la investigación por un presunto caso de abuso sexual que se habría registrado en el colegio Tulio García Fernández continúa avanzando y a la espera de los resultados de las pericias químicas que se realizaron sobre un pelo y sobre una prenda de vestir para determinar si cuentan con la carga genética necesaria para que se realice una comparación de ADN.

El hecho denunciado habría ocurrido a comienzos de agosto. Los padres de un alumno de nivel inicial llevaron el caso a la Justicia y la causa llegó a la Fiscalía de Delitos Sexuales I, que por entonces estaba subrogada por Fernando Blanno. El fiscal consiguió indicios para considerar que el abuso (sin acceso carnal) había existido. Solicitó videos de las cámaras del colegio y una lista del personal que trabaja en la institución. Además encargó que le realizaran una cámara Gesell a la víctima, en la que el chico no pudo individualizar al agresor. Desde este mes, la fiscala María del Carmen Reuter continúa la pesquisa.

“Los chicos saben transmitir su malestar”

Históricamente existen más casos de abusos infantiles que los que se denuncian, pero hoy existen mayores facilidades para dar intervención a las instituciones públicas, dice Mariana Rey Galindo, jueza de Familia de Monteros, que explica que la normativa obliga a las escuelas y a los agentes sanitarios a poner en conocimiento del Estado las situaciones que detecten. Esto está previsto en el Protocolo Interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia previsto en la Acordada 361/2015 de la Corte Suprema.

“Los abusos ocurridos en las escuelas son de estricto tratamiento penal. Los casos llegan al fuero de familia cuando los niños o adolescentes ya han sido apartados de sus hogares, y sólo si el abuso ha sido cometido por integrantes del núcleo familiar”, informa la magistrada. Los protocolos vigentes siempre demandan la intervención inmediata del Poder Ejecutivo mediante la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf): ellos tienen que hacer la primera tarea de prevención y, eventualmente, la denuncia penal. “En la Justicia de Familia controlamos la legalidad de la medida excepcional de separación de los chicos de su entorno familiar por un plazo máximo de 90 días, prorrogable a 90 días más. Cuando no hay posibilidad de poner a los chicos al cuidado de la familia ampliada o de referencias afectivas, la Justicia dispone el alojamiento en las instituciones”.

El abuso sexual infantil es un fenómeno grave, dice. “La pandemia, por el hecho de la cohabitación, lo agravó. Ahora hay cada vez más denuncias. El problema se judicializó. Antes estaba tapado: se llevaba con vergüenza, y se justificaban los acosos e incestos. Hemos visto situaciones donde una mujer adulta toleraba las violaciones a las que era sometida y sólo reaccionaba cuando el violador atacaba a los chicos”.

Hoy -añadió- “se mejoró el mecanismo de intervención estatal, aunque está visto que tiene un margen amplio de mejora y que necesita más presupuesto”. La comunidad dispone de más información acerca de sus derechos. “Y los chicos, si los escuchamos adecuadamente, saben transmitir su malestar. Pero es necesario darles la oportunidad y crear las condiciones adecuadas para la escucha. Esto significa que albergo su palabra; alojo su discurso; tomo nota de sus silencios y le doy tiempo para hablar. En este plano no valen lo formal, lo sacramental y lo automático”, concluyó.

Hay un protocolo de acción: se separa al sospechoso y se lo reubica

Denuncias como las que sacudieron a los colegios Tulio García Fernández y JIM no son frecuentes en la comunidad educativa de Tucumán, sostuvo Griselda Guzmán, jefa del Servicio de Asistencia Social Escolar (SASE) del Ministerio de Educación. Hace algunos años se elaboró un protocolo como resultado de un trabajo conjunto entre Educación, Salud, Desarrollo Social y Poder Judicial. “Cada uno hizo su aporte con respecto a las intervenciones en situaciones relacionadas con abusos o violencias. Fue muy analizado y se reunieron en muchas oportunidades hasta que se aprobó”, contó Guzmán. “Generalmente las instituciones nos informan y concurre un equipo de orientación para tomar conocimiento in situ de la situación, tratando de ser siempre objetivos; también está la influencia de los papás que a veces ya van con cierta información de las redes que complica la intervención. Siempre pedimos que sean objetivos, más que nada a la institución. Venimos trabajando en capacitaciones sobre situaciones escolares complejas, ya sean abusos o de violencia familiar, para que las escuelas tomen conciencia y sepan cuáles son los pasos a seguir”. La primera medida es apartar al sospechoso. “Cuando la persona involucrada es empleada de la institución se hace una reubicación provisoria para proteger al menor y hasta que la Justicia se pronuncie”, dijo. En el Ministerio de Educación no se realizó ningún cambio en cuanto al protocolo, aunque Guzmán explicó que cada institución puede adoptar las medidas que considere necesarias en este sentido. Y aclaró: “cualquier persona que quiera ingresar a un establecimiento escolar tiene que presentarse y justificar su presencia, no puede entrar cualquier persona“.