Testimonios que le dieron un rumbo a la pesquisa

En la llamada Causa Ipvdu fueron claves las declaraciones que reunió la fiscala. Antecedentes y trabas administrativas.

18 Oct 2020 Por Gustavo Rodríguez
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EL CENTRO DE LAS OPERACIONES. Los empleados deI Instituto de la Vivienda sospechaban de las maniobras irregulares que se habrían cometido. la gaceta / foto de hector peralta

En la Causa IPV, en la que se dejó al descubierto un entramado de corrupción en la adjudicación de obras para construcción y mejoras de viviendas, la fiscala Adriana Giannoni tuvo que interrogar a decenas de personas para que confirmaran o descartaran cómo era la operatoria. Muchos de ellos eran empleados del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), donde aún trabajaban los funcionarios que eran investigados. “Era difícil en un primer momento porque muchos tenían miedo de hablar”, explicó uno de los investigadores.

Pero ese miedo se fue perdiendo con el correr de los días, porque se conocieron y difundieron los detalles de la pesquisa. Al pasar los meses, la fiscalía elaboró una hipótesis: José Lucas Barrionuevo, funcionario del organismo, tenía una empresa llamada Marán que estaba a nombre de sus sobrinos Sebastián Alejandro y Darío Martín Nieva, que eran favorecidas con la adjudicación de trabajos. Además -según la acusación- contaba con la colaboración del arquitecto Jorge Horacio Tapia, que firmaba, de manera irregular, las certificaciones de los trabajos para que pudieran ser cobrados. A todos ellos los acusó de integrar una asociación ilícita para defraudar al Estado.

Las sospechas de que había más funcionarios implicados no pudieron probarse. El ex interventor del Ipvu, Gustavo Durán falleció en noviembre de 2017 y no se lo siguió investigando. No hubo elementos suficientes para involucrar a Néstor Miguel Jiménez Augier como miembro de esa organización, pero sí se descubrió que su patrimonio había crecido entre 2010 y 2015, por lo que se le imputó el delito de enriquecimiento ilícito.

Pero en la investigación surgieron datos para creer que los hechos de corrupción habían comenzado antes. Por ejemplo, el empresario Javier Zerda declaró sobre la situación que protagonizó con Barrionuevo. “Entre los meses de septiembre y diciembre de 2009 nos encontramos a la mañana en el bar de calles Junín y San Martín. Allí me pidió un departamento que era de mi propiedad y que está ubicado en General Paz al 600 porque él era el dueño del que estaba a la par”, declaró.

IMPUTADO. Néstor Miguel Jiménez Augier espera ser enjuiciado.

“En esa oportunidad me dijo: ’si me entregás ese departamento te agilizo los trámites del cobro del anticipo financiero’. Ante mi negativa la espera y las gestiones continuaron. Como el plazo del programa se vencía sin haber logrado cobrar el anticipo financiero, no podía iniciar la obra, entonces decidí venderla por cesión ante escribano publico 14 meses después de adjudicada”, relató el empresario.

El empleado

Las declaraciones de los Nieva fueron vitales para que Giannoni acusara a Barrionuevo de ser el dueño de la empresa Marán. Además los dichos de los sobrinos del ex funcionario fueron ratificados por un ex empleado de la firma. “Él era el verdadero dueño de Marán, no los hermanos Nieva; ellos eran simples testaferros”, declaró Alberto Maximiliano Flores.

“No volaba una mosca cuando llegaba él ahí. Los Nieva eran jefes cuando no estaba Barrionuevo, pero llegaba él y se calmaban todos. Nos daba órdenes. A mí, no. Le daba la orden a la secretaria y ella las transmitía”, agregó. “Como jefe era muy cambiante, podía llegar sonriendo y de la nada puteaba a media Viamonte“, declaró ante la fiscala.

Flores relató con lujo de detalles varias cuestiones. Ratificó que la oficina de la firma se encontraba en Bolivia al 700, pero que había otros lugares que utilizan y que tenía numerosos papeles para demostrar sus dichos. “Sabía que me iban a despedir; saqué papeles que me ayudaran después y justamente son los papeles con los que me estoy valiendo hoy para que me paguen”, agregó.

Flores declaró también que los materiales que les sobraban de las obras del IPV fueron trasladados a la construcción del edificio de la Viamonte que Marán construía y para la edificación de la casa de Barrionuevo en el country Los Olivos, de Yerba Buena.

Giannoni, en el interrogatorio, le preguntó si podía describir la vivienda que en 2017 fue tasada en más de $10 millones. “Tiene cuatro habitaciones arriba; tiene pileta, es una L; tiene una parte ancha y corta y la otra más larga y fina. Yo hice la excavación de esa pileta. Esa vivienda estaba armada entera, tiene hidro, de todo, nosotros solo íbamos con materiales y las máquinas y como mucho nos mandaban a limpiarla”, respondió.

Compañeras

Por tribunales también desfilaron varios empleados del Ipvdu. Pero fueron dos las que aportaron datos valiosísimos. Analía del Valle Barrionuevo es empleada del organismo desde 1979 y contó una situación que vivió con el supuesto líder de la asociación ilícita. “Me había llegado el rumor de que Barrionuevo era el verdadero dueño de Marán y cuando le fui a hablar para que me explique, se fue por las ramas como saliendo de la conversación”, declaró.

La mujer también declaró que un listado presentado por el arquitecto Tapia como prueba de sus dichos no tenía la firma de algún responsable del área social del Ipvdu, lo que es una situación irregular. Pero dijo algo mucho más llamativo:c“casi siempre la decisión final de los beneficiarios era resultado de lo que recomendaban el gobernador, los intendentes, los legisladores y delegados comunales”.

En tanto, Patricia del Valle Bertinatti relató que ella junto a otros profesionales del organismo, realizaron un informe sobre lo sucedido con el barrio San Carlos Oeste II, por lo que la empresa Marán cobró más de $10 millones en 2017 porque su compañero Tapia había certificado que los trabajos habían terminado en un 99%, cuando en realidad apenas si habían llegado al 75% del total.

“En un bibliorato aparecen las mediciones que hicimos. Constan, por ejemplo, las entrevistas una a una que tuvimos con los beneficiarios y en ciertos casos quedó asentado que los módulos los terminaba el mismo beneficiario”, señaló.

Bertinatti informó que por orden de Alberto Remis, que reemplazó en el cargo a Barrionuevo como coordinador de Programas Federales del Ipvdu, ordenó realizar una medición del barrio Carlos Oeste II. “Se intimó a Marán para realizar esta tarea de manera conjunta a través de una carta documento, pero nunca se presentaron. Tampoco nunca dieron una respuesta a la comisión y, por lo que se, al arquitecto Remis tampoco”, relató.

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