Osvaldo Jaldo, vicegobernador. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Apenas 24 horas de vida experimentó el pedido de juicio político presentado por siete comisarios retirados contra el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Ayer, la comisión de Juicio Político de la Legislatura cerró filas en defensa del presidente de la Cámara y rechazó “in limine” el expediente.
“La Constitución de la Provincia enumera las causales de destitución de un modo taxativo en el artículo 47: delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Los denunciantes invocan como causales de destitución el ‘mal desempeño’ y la ‘posible comisión de delitos’, ausentes ellas en la letra constitucional y en la ley 8.198 que regula el proceso. A fin de dar sustento fáctico a tales causales -inexistentes en el derecho público local- enumeran acontecimientos de diversa naturaleza, carentes de conexión, no susceptibles de configurar causal de destitución alguna y sin más fundamento que la mera interpretación efectuada por los presentantes de publicaciones periodísticas sin vinculación alguna con el desempeño del vicegobernador”, argumenta la resolución 480, que rechaza el planteo y ordena su archivo.
La decisión fue adoptada por unanimidad: la votaron los oficialistas Zacarías Khoder (presidente), Sergio Mansilla (vice), Enrique Fabián Bethencourt, Norma Mariela Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Graciela Gutiérrez, Reneé Ramírez y Carlos Gómez; y los opositores Julio Silman (secretario), de la bancada alperovichista Hacemos Tucumán; Raúl Pelligrini, del bloque alfarista del Partido por la Justicia Social; y Mario Casalli, de Fuerza Republicana. La oficialista Adriana Najar fue la única ausente, por motivos de salud, se explicó oficialmente.
“Cuando se detectan vicios de forma, se pide que sean corregidos. Pero este planteo presentaba vicios de fondo”, sintetizó Khoder, titular de la comisión, consultado por LA GACETA.
Con la representación del procurador Héctor Eudoro González, los comisarios retirados Héctor Rodolfo Amaya, Reinaldo César Martínez, Carlos Alberto Moreno, Carlos María Medina, Miguel Roberto Coronel, Manuel Villagra y Luis Marcelo Godoy promovían la remoción de Jaldo citando varios hechos que, según su criterio, reflejan abusos de poder y mal desempeño del cargo. Comparaban al vicegobernador con Luis XIV, el rey absolutista francés y le achacaban el “uso de la Legislatura” para defenderse de la denuncia que formuló el juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva.
La presentación objetaba desde que Jaldo haya llamado “estúpido” y responsabilizado al intendente Roberto Sánchez por las manifestaciones de preocupación sobre el avance del coronavirus pronunciadas en marzo por el presidente del Concejo Deliberante de Concepción, Alejandro Molinuevo, hasta el manejo del presupuesto del Poder Legislativo. El pedido de destitución cuestionaba al presidente de la Legislatura por haber prometido la “depuración” de la Policía de manera indiscriminada ante el crimen de Fernando Espinoza; por haber usado máscaras protectoras destinadas al Sistema Provincial de Salud; por la falta de control de bienes del Estado configurada en el robo de una camioneta de la Legislatura a dos cuadras de la sede institucional; y por “no haber tomado ninguna medida” respecto de graves hechos atribuidos al legislador oficialista Daniel Deiana, entre otros puntos.
