Panorama Tucumano: federalismo judicial “pour la gallerie”

Panorama Tucumano: federalismo judicial “pour la gallerie”

El mensaje de la reforma judicial anunciada por el presidente Alberto Fernández lleva la estampilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por más que los papeles usados para envolverla hayan mencionado el término “federal” en 28 oportunidades. Los provincianos tendrán que resignarse -otra vez- a “ver pasar los aviones”. Más allá de la pretensión de revisar en el futuro la arquitectura de organismos con jurisdicción en todo el país, como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos, el primer objetivo del proyecto es la licuación de los Tribunales porteños denominados “Comodoro Py”, polo mayor de poder por su competencia en las denuncias de corrupción que involucran al Estado nacional. Hacia allí está dirigido el esfuerzo reformador. A la Justicia Federal “del interior”, Fernández sólo le dedicó un parrafito en el que ponderó la necesidad de fortalecerla; de especializarla en contraposición con la tendencia pretérita a generar despachos multifueros y de prepararla para que esté en condiciones de implementar el Código Procesal Penal sancionado primitivamente en 2014 que acorta los trámites con prevalencia de la oralidad. Esas intenciones vagas, que a lo mejor son válidas para otras provincias, saben a broma en “Trucumán”, donde la institución está a un paso de desaparecer como consecuencia de la decisión del Presidente de prolongar las vacancias.

La mora sistémica -o la imposibilidad de emitir sentencias en un plazo razonable- atañe al conjunto de los despachos, pero exhibe un nivel acuciante en la Cámara Federal de Apelaciones local. Tres de las cinco vocalías que integran ese cuerpo están acéfalas desde hace más dos años. Eso quiere decir que el tribunal carece de la capacidad de formar una mayoría que le permita tomar decisiones. Para salir de la parálisis y a modo de solución provisoria, los camaristas en propiedad Ricardo Sanjuán y Marina Cossio, y el vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), Gabriel Casas, designaron el 3 de agosto de 2018 como conjueces subrogantes al abogado litigante Hernán Frías Silva (h) y al funcionario Jorge David. Ambos concursantes integraban el listado de jueces subrogantes o exentos de estabilidad elaborado con la participación del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Senado y de la Casa Rosada en función del procedimiento previsto en la Ley 27.439. Esta norma sigue los lineamientos que estableció la Corte para la cobertura transitoria de despachos judiciales en el fallo “Uriarte”. Aquel pronunciamiento de noviembre de 2015 había declarado inconstitucional los interinatos auspiciados por el sector afín a la ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el argumento de que su discrecionalidad creaba “una Justicia de excepción” que lesionaba las garantías de independencia y del juez natural.

Los tiempos políticos convirtieron a la salida de emergencia de David y Frías Silva (h) en una situación permanente (se cumplió el presagio escrito en “Uriarte”: “hoy la regla es designar un subrogante y la excepción nombrar a un juez mediante el procedimiento constitucional”). Se suponía que aquellas subrogancias debían cesar en agosto de 2019, pero, como la oposición senatorial al ex mandatario Mauricio Macri bloqueó las designaciones definitivas, Sanjuán, Cossio y Casas se vieron obligados a prorrogar las estancias de los conjueces por un año más. El artículo 13 de la Ley 27.439 es contundente acerca de que, vencido el término bienal máximo, los interinatos “caducan de pleno derecho y resultan inválidas las actuaciones realizadas con posterioridad, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que pudieren corresponder”. ¿Cómo sorteó la Cámara de Apelaciones ese escollo de apariencia infranqueable? Esgrimiendo que no había otro remedio, los camaristas federales en funciones y su colega del TOF resolvieron hacer “una nueva designación” de los mismos subrogantes, que de este modo renovaron así el plazo máximo de dos años. Hecha la ley… hecha la interpretación.

Más allá de la pregunta por la seguridad jurídica imperante en el tribunal, su saga de judicatura precaria expone la debilidad de la organización que en este territorio ha de perseguir el narcotráfico; los crímenes de lesa humanidad; la trata de personas; el lavado de activos; la evasión tributaria y las defraudaciones a la administración pública nacional, por mencionar sólo la porción de la incumbencia penal a su cargo. El contexto general es todavía más delicado: al llegar a la presidencia, Fernández retiró alrededor de 200 pliegos de magistrados enviados por su antecesor al Congreso. En ese lote hay seis nombramientos para Tucumán, que, por el enanismo de su sede, representan la mayor renovación de las últimas décadas. Para comprender el estado de necesidad de la Justicia Federal local basta con advertir que no hay designaciones en propiedad desde 2014 y que nunca empezó a funcionar el Juzgado Nº3 creado en 2013 para descomprimir las dos unidades de primera instancia.

Los pliegos en fase de reformulación desde febrero incluyen los nombres para cubrir dos de las acefalías de la Cámara Federal (Edgardo López Herrera y Martín Abdala); el Juzgado (José Manuel Díaz Vélez) y la Fiscalía Nº3 (Agustín Chit), y dos defensorías, una ante el TOF (Vanessa Lucero) y otra para las víctimas (José María Sacheri), la primera en su tipo. A los huecos existentes hay que añadir la circunstancia de que la mayoría de los jueces y fiscales están en condiciones de acceder a la jubilación con el antiguo beneficio del 82% móvil. Es una coyuntura dramática que excede por lejos la concentración de poder cuestionada en Comodoro Py, y que el Presidente y sus socios podrían paliar a partir del mero cumplimiento de sus facultades y deberes de nombrar magistrados como estipula la Constitución. La demora conviene a los que mandan. ¿Estarán sopesando afinidades y lealtades entre los aspirantes a los cargos? Como dice un príncipe del foro, sin infraestructura no hay acceso a la justicia y todo el discurso reformista queda reducido a la pose del federalismo judicial pour la gallerie.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios