Una riña infecta el aislamiento en el Colegio de Abogados

La crisis sanitaria agitó los ánimos en el foro de San Miguel de Tucumán hasta el punto de que un par de letrados, Amancio Petray y Felipe Rougés, tocaron las puertas de la Corte Suprema para solicitar la intervención del Colegio de Abogados de la Capital. La presentación refiere que la entidad está cerrada desde mediados de marzo; que sus directivos se niegan a sesionar por medios digitales pese a las necesidades de los colegiados y que el presidente Marcelo Billone habría amenazado “con armar causas éticas” a los díscolos. Por su parte Billone, el vicepresidente Carlos Casal y otras autoridades rechazaron los cuestionamientos; atribuyeron a los peticionarios “mala fe” e “ignorancia”, y requirieron el archivo de las actuaciones.

Petray y Rougés incluyeron en su presentación una serie de capturas de pantalla que registran el tenor de la riña. Además, aportaron un petitorio de medidas de emergencia que sugiere la venta de bienes del Colegio para paliar las penurias económicas de los profesionales. En el debate de estas cuestiones, según Petray y Rougés, Billone incurrió en “posibles amedrentamientos” para evitar la publicidad de las posturas del Consejo Directivo. “Observamos con preocupación que el Colegio no estaría cumpliendo con los fines de su creación y, por lo tanto, solicitamos las medidas correspondientes en virtud del artículo 22 de la Ley 5.233 (autoriza a la Corte a intervenir la institución)”, dijeron.

En la respuesta que remitieron a Claudia Sbdar, presidenta del alto tribunal, Billone, Casal y otros siete dirigentes defendieron el funcionamiento del Colegio. En particular, expresaron que los consejeros por unanimidad habían decidido cerrar al público la sede para evitar la circulación de la covid-19 y que, luego, la entidad aplicó la modalidad del teletrabajo. Además, dijeron que el Consejo había vedado las sesiones por medios tecnológicos en junio de 2019: “todo es falso. No hubo amedrentamientos y el juzgamiento de las causas éticas corresponde a un órgano completamente independiente del Consejo. La mera voluntad del presidente es incapaz para impulsar un procedimiento de este tipo”.