La dura realidad por debajo de la cuarentena

04 Abr 2020 Por Roberto Delgado
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"El agloramiento estaba cantado", analiza Roberto Delgado. LA GACETA / Ilustración de Ricardo Heredia.

Los pensadores del planeta están debatiendo si el mundo que vendrá cuando se levante el aislamiento será mejor o peor. El sistema económico habrá cambiado y la sociedad arrastrará la carga de sufrimiento que habrá dejado la enfermedad global que, entre otras cosas, ha igualado a los que viven por sus manos y a los ricos en el roce con la muerte. Pero por debajo de esos debates de cuarentena está la realidad cruda, esa que existía antes del cataclismo, y que ha salido a luz ayer con la invasión de gente, sobre todo jubilados, para cobrar haberes, asignación universal o dinero extra por la emergencia, con la apertura de los bancos tras tres semanas de cierre.

El reino de las colas

El aglomeramiento estaba cantado. Casi ninguna de las complicaciones que había antes de la crisis en el sistema precario con que se maneja a los jubilados se había resuelto. Apenas se suspendió la obligación de marcar con el dedo cada 90 días para certificar supervivencia y se amplió el monto mínimo para extraer dinero de los cajeros. Pero no hay más cajeros automáticos en un país con escasos cajeros (hay uno cada 4.570 habitantes, mientras que en Brasil la proporción es uno cada 3.000 personas y en España uno cada 1.355) y en una provincia en la que las máquinas están concentradas en los microcentros urbanos. tampoco se vieron ayer más cajeros humanos que lo normal en las sucursales bancarias en las que la obligación de cola es la reina absoluta. No sólo en los bancos: todas las instituciones públicas en Tucumán obligan a los usuarios a hacer colas infernales porque en ningún momento estudiaron cómo adaptar la burocracia al mundo digital. Trámites de pensiones; certificados de antecedentes en la Policía; actas de nacimiento en el Registro Civil; certificados en la Anses y miles de exigencias en las que internet sólo sirve para gestionar turnos... después, la fila obligatoria y el negocio de los intermediarios.

Ayer se vio a las personas potencialmente más frágiles frente a la pandemia hacer horas de cola desde la madrugada para cobrar las jubilaciones. El vicegobernador Osvaldo Jaldo fue muy duro con los bancos y anunció que habrá dureza en la sesión legislativa si no se modifica esta situación. En principio habrá apertura de entidades bancarias por la tarde y en el fin de semana. Pero las colas no desaparecerán y el drama de la gente vulnerable a la intemperie, en el otoño que empieza a hacerse sentir, volverá a desnudar la precariedad del sistema. En tiempos “normales” al sistema no le hizo mella la discutida, aprobada y reglamentada ley 8.895 de la cola. Nadie la hizo cumplir (debía hacerlo la Dirección de Comercio). Bien vendría que el vicegobernador, los legisladores y los bancos dialoguen en serio, no sólo pensando qué van a hacer, sino definiendo cómo lo van a hacer. Cuando llegue el frío y cuando se acerque el pico de la pandemia estas situaciones serán inaceptables.

El aglomeramiento estaba cantado desde que comenzó la cuarentena. Ya se vio hace días cuando entregaron la tarjeta Alimentar, y después se vio a la gente que necesitaba pagar servicios con efectivo hacer colas bajo la lluvia mientras la Policía les gritaba por los megáfonos que debían volver a sus casas y que a los que no pudieran justificar lo que hacían en la calle se les podía aplicar el artículo 205 del Código Penal (por delitos contra la salud pública).

Una encuesta nacional de la Universidad de Palermo (UP) y la consultora Voices! de 2018 daba cuenta de que el 52% de los argentinos no estaba bancarizado, es decir que se trata de gente que o bien funciona con la economía en negro o bien transcurre sus vidas con márgenes de cuentapropistas, Pymes, monotributistas o directamente fuera del sistema. Es la gente que tiene que pagar en efectivo y que se suma a la que debe recorrer las calles en busca de bocas de expendio de dinero. Y a esa escasa bancarización se suma la falta de adecuación de la estructura comercial pequeña para operar con tarjetas. ¿Se acuerdan cuando hace dos años hubo reclamos de la FET contra la exigencia nacional de que hasta los quioscos reciban débito o crédito y se denunció que les cobraban una fuerte comisión por el uso de posnet?

El aglomeramiento estaba cantado hace una semana cuando la gente de los barrios periféricos reveló que tenían que caminar hasta 35 cuadras en busca de dinero en efectivo porque no había cajeros y los almacenes no recibían tarjetas. Lo reconoció en LG Play hace dos días el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin: “intentamos cumplir por un lado con el aislamiento social de la cuarentena, con algún entendimiento de lo que pasa en ciertos grupos sociales que no tienen tal vez la infraestructura en su casa para poder estar todo el tiempo dentro de sus casas o en sus barrios; por eso en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires empezaron con algún esquema de ‘quedate en tu barrio’, no ‘quedate en tu casa’. Nosotros la verdad es que intentamos que la gente esté lo más posible en su casa pero claramente hay necesidad de desplazamientos vinculados a poder buscar los alimentos”.

Los que controlan están en la mirada pública. Hay casi 6.000 agentes policiales provinciales y federales y gendarmes en las calles, tratando de limitar el desplazamiento de los habitantes. Viven en una realidad diferente, en la que no hay motoarrebato y su mayor actividad es la detención de infractores al aislamiento -ya hubo casi 2.000 aprehendidos- y su forma de trabajo no ha sido cuestionada, excepto una denuncia radicada contra agentes en tres barrios por cobrarles coimas a jóvenes detenidos por contravenciones o por el artículo 205. El abogado Carlos Garmendia dice que en la fiscalía le revelaron que hubo presentaciones como esa. Advierte que gracias a estas denuncias se aplica el criterio de que a la gente detenida por el 205 apenas se la aprehende y se ordena que, tras el chequeo de antecedentes, se le inicie causa penal y se la envíe a la casa para cumplir el aislamiento. De otro modo no habría dónde alojarlos, excepto el complejo Belgrano, puesto que las comisarías están saturadas y hacinadas más que nunca. No obstante, “ese trámite no debería demorar más de siete horas pero he visto que hay casos en que los tienen 25 horas, lo cual podría dar lugar a pedidos de coimas”, dice Garmendia.

La pregunta ¿quién controla al que controla? surge rápida en la emergencia, porque es difícil cuestionar la forma de trabajo de la Policía, que está, igual que toda la sociedad, frente a una emergencia novísima y que asusta. Cuando llegue el pico de la pandemia, los policías y el personal de la salud serán los más expuestos al contagio. Eso se está viendo en otros países.

La violencia escondida

No obstante, hay que controlar al que controla. Hay que saber si hace bien las cosas, porque toda la sociedad depende de cómo vayan a actuar cuando la situación se agrave. El trágico femicidio de ayer de Las Talitas está también poniendo sobre el tapete la precariedad del sistema. Hace diez días la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar, había advertido que el aislamiento hacía prever un aumento de la violencia de género, al estar encerrados víctimas y victimarios y anunció medidas excepcionales de protección. No sólo había una previsión de que el encierro iba a disparar la emergencia de género, sino que los cuatro femicidios ocurridos en los dos primeros meses del año hacían prever una escalada de agresiones. “La violencia machista es epidemia y no hay barbijo que nos proteja”, decía uno de los carteles de la marcha del 9M. Sin embargo, el informe que había en la Policía hasta el jueves daba cuenta de que habían disminuido un 80% las denuncias de este tipo. Hasta que ayer se supo que la víctima de Las Talitas había hecho la denuncia el domingo, y no la atendieron lunes y martes y la presentación llegó el miércoles a la fiscalía; ayer estaban pidiendo medidas, dos horas después de que fuera asesinada. ¿Qué hacen las oficinas de violencia de género de la Justicia, la Provincia, la municipalidad y la Policía? Algo no está bien y esta tragedia lo visibiliza.

El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, dice que el sistema está acomodándose a la nueva situación. Los problemas y el delito están mutando y se buscan formas novedosas, tal vez precarias, que agilicen la respuesta. Pero -enfatiza- la sociedad tiene que hallar estrategias para que la gente se quede en casa. “Que los bancos, las empresas, las farmacias, los delivery empiecen a generar sistemas regulares. Ya nadie debería ir a los bancos; estos tendrían que hacer nuevas atenciones por líneas, y los municipios, las instituciones tienen capacidad, personas que podrían ayudar a la gente a hacer sus compras en el super, en las farmacias, para que la gente no se mueva”. Ahí están los policías presionando a la gente para que vuelva a sus casas. Pero las dos emergencias de ayer deberían obligar a abrir los ojos. Los funcionarios, con la mente puesta en los problemas, porque ahora estamos en la parte leve de la pandemia. ¿Cómo atravesaremos el pico? ¿Como China, como España, como Italia, como EEUU, como Ecuador? Por ahora la vida en cuarentena es como estar bailando en la cubierta del Titanic. Abajo está la realidad cotidiana de los vulnerables, inundándose.

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