La magistratura podrá acceder a los casos y hacer fallos

Aunque con algunos matices, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán aplicó el criterio de su par de la provincia de Buenos Aires, y encomendó a los jueces que, durante la cuarentena, redacten las providencias, resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas pendientes, y que corresponden a los procesos cuyos plazos de tramitación están suspendidos desde el 16 de marzo. A los fines del cumplimiento de esa tarea, los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos habilitaron a los magistrados a acceder a los expedientes, y a trasladarlos con las precauciones y en las condiciones de higiene que indique la Secretaría de Superintendencia. Los miembros del alto tribunal consideraron que esta medida era apropiada para impedir la mora, según consignaron en la Acordada 225 emitida ayer con el consentimiento del vocal decano Antonio Daniel Estofán, quien no la firmó por encontrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como el instrumento no hace distinciones, la incitación a adelantar trabajo alcanza a todos los jueces, incluidos los que están de guardia o afectados, y a los propios miembros de la Corte.

“En función de la prórroga del asueto extraordinario (vigente hasta el 12 de abril) y a los fines de evitar mayores dilaciones en los procesos, resulta apropiado que los magistrados, además de la decisión de las cuestiones de urgente despacho, programen sus actividades para emitir los pronunciamientos, con prioridad de las medidas relativas al pago de los créditos de carácter alimentario”, dijeron los vocales. El conjunto priorizado alcanza, por ejemplo, a las indemnizaciones laborales y a los honorarios profesionales. La Corte dispuso que la notificación de las decisiones confeccionadas desde la casa tendrá lugar durante el primer día judicial hábil -es decir, cuando quede sin efecto el asueto extraordinario-, a menos que las sentencias puedan ser comunicadas por medios digitales, supuesto en el que los jueces reanudarán los plazos procesales para el caso concreto.

La Acordada 225 coloca el operativo de acceso a los expedientes en cabeza de los secretarios de los juzgados y de las cámaras. Son ellos los que tendrán que salir del enclaustramiento forzoso y desplazarse hasta los despachos para entrar en contacto con las actuaciones judiciales que no estén digitalizadas y resulten imprescindibles para tomar la decisión en cuestión. En forma previa, los funcionarios judiciales han de comunicarse con la Secretaría de Superintendencia que dirige Gabriela Blanco para que registre el movimiento y, además, colabore con su instrumentación.

Fiesta cancelada

La última disposición de la Corte disuelve la barrera que hasta ayer había circunscripto el servicio judicial a los asuntos urgentes declarados como tales por los jueces de turno. Si bien numerosos magistrados y sus equipos estaban voluntariamente trabajando en sus hogares mientras observaban el confinamiento obligatorio, faltaba una política general que unificara los criterios de consulta de los expedientes alojados en las sedes tribunalicias y alentara a aprovechar el asueto extraordinario para poner al día las causas en condiciones de ser resueltas. Aunque había dudas acerca de si la búsqueda de los casos implicaba una circulación que transgrediese el aislamiento, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires las disipó el 30 de marzo, cuando pidió a los jueces que, en la medida de sus posibilidades y sin descuidar las urgencias, elaboraran los fallos pendientes en el universo de procesos en trámite.

Las autoridades del Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán enfatizaron la necesidad de seguir los pasos bonaerenses. “Hay una grandísima angustia en el foro y lo único que podemos hacer es lograr que nuestros Tribunales trabajen más allá de las urgencias, como está ocurriendo en otras jurisdicciones”, había dicho el presidente Marcelo Billone. El dirigente añadió que había incertidumbre sobre cuándo y cómo iba el Poder Judicial a recuperar su funcionamiento regular. El vicepresidente Carlos Casal manifestó que la administración de justicia es un servicio esencial y, por lo tanto, su prestación justificaba hacer un paréntesis breve en la cuarentena para buscar los expedientes. “Esta parálisis no sólo está fundiendo a la abogacía, sino que menoscaba los derechos de los ciudadanos que confiaron en la Justicia”, opinó. Las consecuencias negativas de la pandemia sobre la economía de los letrados llevó a Billone y a Casal a adoptar una serie de medidas paliativas, como frenos a la suspensión de la matrícula por falta de pago y la creación de un fondo para préstamos financiado, entre otros fondos, con el dinero de la fiesta del Día del Abogado. El presidente y el vice anunciaron que, debido a la debacle, esa celebración tradicional será cancelada este año.