Por LA GACETA
08 Marzo 2020
- Aumento de precios
El 3/03 el Presidente solicitó a los empresarios y a los comerciantes en general que dejen de aumentar los precios para el consumidor final, porque él no autorizó en ningún momento. Creo que todos lo escucharon, pero se sigue aumentando. Esto sucede cuando los gobiernos nos tienen acostumbrados con su política económica ávida, de avaricia avasalladora de recaudar y despilfarrar sin respetar los derechos y la libertad de cada ciudadano. Si miramos los precios de enero a marzo 2020, un barbijo común de tres telas costaba $ 7 y hoy $ 40; una cuota mensual de un joven universitario privado le costaba $ 6.000 y pasó a $ 9.000; si agregamos los costos de las boletas de servicios, honorarios, seguros, etc., todo sigue aumentando. Los formadores de precios, como los capitalistas mafiosos, están muy cebados, con el enriquecimiento ilícito de aumentar los precios y crear la ficticia inflación que exprime los bolsillos del pueblo. Si recurro a la Defensoría del Pueblo o para reclamar este avasallamiento me doy con que está saturada de reclamos que giran y giran sin solución. La única solución es que el pueblo gaste lo necesario, restringiéndose al máximo de sus necesidades, frenando el gasto de consumo. El que tenga dinero, que pague los precios con valor de diciembre de 2019, ayudando así al que menos tiene. Hay que decirles no a las fiestas del libertinaje y a las dádivas políticas. El ser humano debe volver a empezar a respetar al prójimo, exigiendo y cumpliendo los derechos pacíficamente y con inteligencia para obtener con el tiempo una economía regularizada.
Pedro Castaño
- Conciencia de clase
La conciencia de clase es la dimensión y aceptación (o no) que un individuo tiene sobre su propia existencia, derivada de su contexto social, económico y familiar, tanto pasado, como presente, en el que el futuro -según el grado de conciencia asumida- puede resultar en una fantasía, en un delirio o en un horizonte de objetivos por alcanzar, con espíritu revolucionario y sentido de pertenencia con las masas. Mauricio Macri llegó al poder en diciembre de 2015 y el levantamiento del cepo al dólar que Cambiemos ejecutó en cuanto asumió no tuvo otro fin que el de permitir la masiva fuga de capitales que observamos durante los cuatro años macristas, producto de la toma de deuda (exclusivamente para fugar divisas) y de dar vía libre a los pooles agroexportadores, para vender afuera y no liquidar esos dólares en la Argentina. Mientras tanto, la Sociedad Rural y todas las organizaciones del agro a nivel nacional nada dijeron durante cuatro años, sobre el incremento exponencial de las tarifas o de los combustibles; sobre el cierre de miles de PyMEs, comercios, fábricas e industrias, a lo largo y a lo ancho de todo el país; ni de los cientos de miles de puestos de trabajo que se perdieron. Tampoco dijeron nada los señores de la soja ante la cantidad de quebrantos declarados en las economías regionales (cierre masivo de tambos; nulas cosechas de duraznos, manzanas, ciruelas y tomates en Mendoza y Río Negro; crisis azucarera en Tucumán; etcétera), ni del crecimiento exponencial que hubo en la cantidad de Planes Sociales financiados por el Estado, durante la Era Macri (parece que tener a los “planeros” que tanto estigmarizaron, era más barato que tener empleos de calidad y registrados). Los Panamá Papers, directamente fueron ignorados por el complejo agroexportador. El negocio de la soja es sólo de unos cuantos: gigantes corporaciones que se dedican a arrendar tierras a cientos de pequeños productores, que ganan varios millones de pesos al año, sin arriesgar nada y sin pagar impuestos (prácticamente, no existen unidades de negocio de 200 hectáreas). Siembra, fumigaciones y cosecha, se tercerizan, por lo que es muy poca la mano de obra que se genera en un campo. En ese escenario, los grandes, los que se la llevan toda, cuentan con una gigantesca cadena de intereses e interesados, a quienes les importa poco y nada la suerte y el destino del país. Su única consigna, es “no me toquen la soja, con lo demás, hagan lo que quieran”. El 3 de septiembre de 2018, Macri anunció el retorno de retenciones: tampoco hubo tractorazos, ni intentos de incendiar el país. En 2019, luego de ser humillado en las PASO, hizo explotar al dólar y reinstaló el cepo, sin que hubiera una sola manifestación por parte del agro. Pero 2020 es diferente, porque quienes gobiernan hoy, no son los selectos miembros de la oligarquía, con sus burgueses neoconservadores, sino un Gobierno con un perfil progresista, que opta por capitales productivos, por sobre los financieros; que opta por las personas, por sobre los mercados; que entiende que el que más tiene, más impuestos debe pagar. Fecofe (Federación de Cooperativas Federadas) no concuerda con el cese de comercialización impuesta por la Mesa de Enlace, considerándolo un accionar netamente político y que no responde a la posición de las bases, las que celebraron la segmentación de pequeños productores, al ser una medida que respondió a un reclamo de vieja data. Ahora bien: el problema de conciencia de clase no lo tienen ellos, porque en definitiva, defienden los intereses que siempre defendieron y los privilegios que siempre tuvieron y que no están dispuestos a perder. El problema está en la clase media y media baja, que defiende lo que ignora y persigue lo que siempre se le será negado: bienestar y dignidad.
Javier Ernesto Guardia Bosñak
- Argentina: pronóstico reservado
El pronostico reservado se usa habitualmente en la medicina cuando el médico no puede predecir la evolución futura de una enfermedad porque hay riesgo de que surjan complicaciones, que pasen cosas imprevisibles. Nuestro país viene desde hace tiempo con pronóstico reservado, y a medida que se suceden los gobiernos, al parecer no hacen más que empeorar el diagnóstico. Desde la vuelta a la democracia, todos los presidentes llegaron con recetas cuasi milagrosas. Hoy, con este nuevo Gobierno que estrenamos no hay certezas de qué pasará; todo está por verse, ¿será todo de lo mismo? La sociedad ya empieza a percibir una postura “masoquista” o una especie de síndrome de Estocolmo para los que nos gobiernan en la actualidad, con la esperanza de que no se repita la historia, y que la Justicia no se mueva con los tiempos políticos. “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. Cuando los políticos no hacen lo que dicen, recurren luego a excusas, como la infaltable “la herencia recibida”. Según nuestro Presidente, estamos en “ terapia intensiva” con un tumor maligno (FMI), por lo que convocó a un equipo de científicos especializados que al parecer realizarán la “quimioterapia” salvadora. Este diagnóstico no coincide con el insólito dicho de nuestro anterior mandatario, de que “el populismo es más peligroso que el coronavirus” (no está nada bien usar políticamente una cosa tan sensible). En nuestra generosa Argentina, hay días para todo, feriados largos para celebrar acontecimientos patrióticos, religiosos, el carnaval, etc. Lo que no existe todavía es el día de la mentira, por la larga tradición de discursos y promesas incumplidas. La sociedad de la que todos formamos parte no deja de sorprendernos con sus profundas contradicciones. Se valoran aspectos como la honradez, la honestidad, la sinceridad y la transparencia, pero el éxito social, o al menos económico y político, lo alcanzan con mucha frecuencia los tramposos, los mentirosos y los egoístas, alcanzando límites históricos de cinismo e hipocresía.
Pablo José Giunta
Jujuy 575
San Miguel de Tucumán
- Robos en escuelas
Cotidianamente tengo la oportunidad de compartir con docentes de diversas localidades. Lo que manifiestan es tan preocupante que, después de 38 años en la docencia, me atrevo a afirmar que hoy los robos en escuelas han alcanzado una dimensión que nunca se pensó. Anualmente, se expresan periodistas por diferentes medios, denunciándolos; a la vez que se reclama una solución. En el lapso de tres semanas, antes del inicio del período lectivo, pude leer en las redes sociales y escuchar personalmente a docentes, de los siguientes hechos: en una escuela de San Miguel de Tucumán robaron lo que pudieron durante dos fines de semana consecutivos (incluidos inodoros); en otro establecimiento de Monteros, equipo de música y computadoras; en este departamento hay una escuela que sufrió 17 robos en dos años; en una escuela de Famaillá, la bomba de agua. Estos hechos son una pequeña muestra, lamentablemente, de la realidad actual en los establecimientos escolares. Parafraseando a autoridades políticas, hoy son tierra arrasada. Durante el ejercicio de cargos de directora y supervisora hice frente a situaciones similares. Y lo que hace una década ya se advertía desde las comunidades educativas de nuestra provincia, se está cumpliendo. Esto trae aparejado otras consecuencias graves: la desilusión de las comunidades, lo que a su vez, se refleja en la cada vez más difícil de lograr colaboración de padres y docentes, cuando se trata de volver a proveer -una y otra vez- de los mismos elementos. ¿Cuál es el procedimiento administrativo a seguir en esos hechos? Denuncia, inicio de expediente, completar eternos informes para Supervisión, para Dirección de Primaria, Jurídico, etc., a veces después de cinco años o más. Con lo que se pretende aparentar que “se está haciendo algo”. Siempre tuve una duda: ¿por qué el Gobierno no propuso ni propone una alternativa, al menos para evitar o disminuir los robos? Cuando se ruega imperiosamente desde las escuelas, serenos, rondas policiales, etc, en especial en escuelas de zonas rurales (por su condición de aislamiento), la respuesta es que “no hay presupuesto para serenos u otras opciones”. Obvio: hoy, la condición es más que evidente, con la emergencia económica, que hace años es materia corriente en la provincia. ¿No sería mucho más económico prever la reposición de lo robado en los establecimientos? ¿O es un círculo vicioso y así se justifican los actos políticos en los que se realiza la donación? Sería más que interesante, ya que el Gobierno provincial acostumbra a nutrirse de porcentajes sobre distintas materias, que el Ministerio de Educación hiciese un relevamiento de las escuelas que sufrieron robos en el último año y en las vacaciones; no considerar las denuncias, porque las mismas no reflejan la situación -las directoras se hartan de realizar un trabajo vacuo-. Quizás, teniendo números reales en conjunto, alguien con voluntad política advierta la gravedad de la situación y la tremenda incidencia en un sistema educativo que está cada vez más desatendido. Propongo esto, pues el primer paso para la implementación de un plan, proyecto o similares, es la concientización. Que es una gran ausente hoy en nuestra provincia.
Hilda Cristina Ponce
Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: [email protected], consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.
Lo más popular
