Una querella por corrupción divide a los radicales de Concepción

Ahora hay dos bloques radicales en Concepción. Los concejales Gabriel Jiménez y Juan José Vargas, del Partido para la Justicia Social (PJS), rompieron con la bancada oficialista después del sobreseimiento en primera instancia de tres ex funcionarios alperovichistas. En la causa el secretario de Gobierno del municipio, Julio César Herrera, y el intendente Roberto Sánchez actúan como querellantes.

El 26 de febrero el juez Guillermo Acosta había hecho lugar a la excepción del proceso por falta de acción planteada por la defensa de Ariel Mendelek, Sergio Muro y Duillio Guzmán, ex integrantes de la gestión de Osvaldo Morelli. A continuación, Vargas y Jiménez presentaron un proyecto de comunicación para que Herrera diera explicaciones en el Concejo. Al enterarse, el secretario se anticipó y el jueves acudió por su cuenta al recinto, donde tuvo una dura discusión con Vargas, que hasta entonces formaba parte de su espacio.

Más tarde en la misma sesión, la mayoría oficialista, ahora de siete ediles (ya no de nueve) sobre 12, aprobó una resolución según la cual el parlamento de la ciudad le brinda apoyo incondicional a Sánchez en la lucha contra la corrupción. Pero además el texto afirma: “(el Concejo sanciona) repudiar toda declaración realizada por personas ajenas a la administración municipal, funcionarios o concejales que comparta de manera directa o indirecta lo resuelto judicialmente a favor de la corrupción”.

Esta cláusula preocupa a Vargas y Jiménez. “Ese artículo, el tres, es amplísimo -observó el segundo-: si ellos (por el oficialismo municipal) se sintieran tocados, podrían repudiar cualquier cosa que digás. Si como concejales no tenemos la potestad de presentar esta simple comunicación, que es solo un pedido de informe sobre las actuaciones de la oficina legal de la municipalidad en esta causa, entonces ¿para qué nos votó la gente?”.

Radicales libres

En rigor, Vargas y Jiménez no responden al presidente del PJS, Germán Alfaro, sino al legislador radical por aliado a ese partido Raúl Albarracín. De hecho, Ramiro Beti, uno de los concejales radicales que aún apoyan a Sánchez, consideró: “es posible que esto tenga que ver con que Alfaro haya roto con Cambiemos, pero como líder territorial ellos reconocen a Albaracín, que siempre ha hablado en contra del intendente Sánchez”.

Así, de acuerdo con Beti, la comunicación solicitada por los ediles del PJS representa un mensaje político. “Han inculpado al Ejecutivo municipal por el sobreseimiento, pero el fallo no está firme. Aún podemos demostrar que el plazo no se venció o que no venció por causas imputables a la querella. Entonces la facultad de pedir explicaciones ha sido usada con oportunismo. Es un pedido de informe propio de una oposición neta, no de dos concejales que tienen su banca porque se acoplaron al intendente de la ciudad”, protestó.

Sin embargo, Jiménez matizó la división entre su bloque bipersonal y el oficialismo. “Esto no tiene nada que ver con la ruptura entre el PJS y Cambiemos, solo es coyuntura interna del Concejo -alegó-. Nosotros salimos electos en un acople con Sánchez, y hemos apoyado las ordenanzas que eran beneficiosas para la ciudad. Pero no somos obsecuentes, votamos según lo que pensamos”.

Entretanto, Beti defendió el artículo tres de la resolución que aprobaron él y sus compañeros de bancada: “la comunicación (de Vargas y Jiménez) desalienta a quien está dispuesto a denunciar la corrupción, porque corre peligro su reputación. La presentamos para apoyar al Gobierno municipal en su lucha contra la corrupción”.