Burbujas de poder

Reconocer los errores y dar marcha atrás parece no ser una tarea sencilla para la dirigencia en los tiempos que corren. Durante gobiernos pasados de los ámbitos municipales, provinciales y nacionales sobraron muestras de cómo, cuanto más tiempo llevan en el poder, las autoridades son más propensas a la endogamia. Escuchar sólo a los de adentro o ni siquiera eso. Hubo síntomas en estas últimas semanas que dan cuenta de que parte del Poder Ejecutivo provincial podría estar pasando una fase de ensimismamiento. Se ha tardado en resolver algunas situaciones de crisis y parece sumido en los discursos políticamente correctos, vacíos, insuficientes. Un cambio en relación a los cuatro años anteriores, en los que había manifestado tener mejores reflejos.

Hay quienes en los pasillos del poder hablan de desgaste natural y de un entorno demasiado terco. También algunos apuntan a que se disipó el temor de estar a prueba por haber asumido en 2015 tras un proceso electoral conflictivo.

Reciente, irritante, urgente

El síntoma más reciente de esta etapa es la “restitución” de la última cuota de la cláusula gatillo. El mecanismo estaba incluido en los acuerdos paritarios firmados en 2019 con los trabajadores estatales y permitía adecuar el porcentaje de aumento a los vaivenes de la inflación y engrosar el salario en blanco. Un sistema muy beneficioso para los trabajadores, pero que desestabilizó las cuentas oficiales en la peor época del macrismo. Sucede que en enero, el gobernador Juan Manzur suspendió por decreto el pago del último trimestre, en el contexto de una serie de medidas de “ajuste”.

El mandatario afirmó que la cláusula no existía más y sus funcionarios fueron poco claros en relación a si era una suspensión provisoria o definitiva. Hasta último momento, los docentes estuvieron en vilo. Al filo del comienzo de clases, el Gobierno dio marcha atrás y celebró la vuelta de la cláusula. Trascartón dictó la conciliación obligatoria para que no se concretara un paro de 48 horas. El detalle omitido en los discursos de varios fue que el pago de lo adeudado será mediante una suma adicional no remunerativa.

El indicio más irritante data de algunos días más. A partir de una feroz interna sindical en ATE, se conoció que el secretario general Marcelo Sánchez acumulaba dos cargos del Estado provincial, situación prohibida por la Constitución. Tras algunas explicaciones vidriosas, se conoció que su renuncia fue aceptada este mes. Lo más cuestionable, sin embargo, es que era funcionario mientras se sentaba a negociar salarios. A eso precisamente apuntan sindicalistas disidentes cuando critican a los representantes de los trabajadores que tienen una relación demasiado cercana con el Gobierno.

El ministro del Interior, Miguel Acevedo, detalló que Sánchez asesoraba en materia de paritarias al Gobierno y detalló que su nombramiento venía de la gestión anterior. Es vox pópuli que esto no implica específicamente que Acevedo lo haya contratado, sino que es probable que haya sido requerido por otro miembro del Ejecutivo. Una práctica común es que se nombre en una cartera a personas requeridas por funcionarios de otra.

Si hay un estigma urgente, por último, es la inseguridad. Una serie de asesinatos y robos violentos lanzó a varias centenas de familiares de víctimas y ciudadanos a la calle. El sábado hubo un clamor por más seguridad, por mejores medidas. Algunos miembros del Gobierno intentaron descalificar la marcha, off the record, calificándola de “política”; otros prefirieron el respetuoso silencio.

Las burbujas del poder, que mantienen ajenos y en un microclima a sus miembros, suelen ser un peligro al que se arriesga una gestión con el paso de los años. O puede sólo ser un trance si es que se revientan a tiempo.