Media centena de jueces locales reúne los requisitos para jubilarse

Las primeras consecuencias en la provincia de la reforma del régimen de jubilaciones especiales. Situación crítica en el fuero federal.

28 Feb 2020 Por Irene Benito
1

LA FACHADA DEL PALACIO DE JUSTICIA PROVINCIAL. Frente de la sede principal de los Tribunales de Tucumán, donde tiene asiento la Corte Suprema. la gaceta / foto de DIEGO ARAOZ ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARAOZ

Cuando parecía casi superado el pico de acefalías del período 2006-2009, la Justicia provincial se prepara para revivirlo justo cuando se disponía a abrazar la oralidad y la digitalización (se informa por separado). Así como en aquel momento la catarata de renuncias obedeció a la incorporación de los jueces y funcionarios judiciales locales al régimen de jubilaciones especiales previsto en la Ley Nacional 24.018, la ola de dimisiones aguardada en el presente está ligada a la pérdida de los beneficios establecidos en aquella norma como consecuencia de la remodelación en marcha en el Congreso, que ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Alrededor de 50 magistrados, fiscales, defensores oficiales y jueces de Paz están en condiciones de jubilarse con el esquema más ventajoso aún vigente. Es un número significativo si se considera que los Tribunales ordinarios tienen aproximadamente 250 cargos y 210 cubiertos, y que 30 de los 72 juzgados de Paz carecen de titular.

50 magistrados, fiscales, defensores oficiales y jueces de Paz provinciales reúnen los requisitos para jubilarse con la Ley 24.018.

Antonio Estofán, vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, es el único de los miembros de la cúpula judicial provincial que puede aprovechar el “último tren” de la Ley 24.018. El juez supremo preparó su pase al sector pasivo hace un par de años. Eventualmente podría “pelear” los derechos adquiridos ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Si Estofán se fuese, el Gobierno de Juan Manzur obtendría la chance de nombrar a un tercer vocal en una Corte de cinco sillas, oportunidad que en el pasado reciente sólo tuvo el ex mandatario José Alperovich.

En la media centena de autoridades judiciales con la edad y los aportes requeridos entran tres de los cinco camaristas en lo contencioso administrativo en funciones: Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek. Los dos primeros formaban parte de la Sala II y ya presentaron las renuncias al Poder Ejecutivo. También reúnen los requisitos Marta Paz de Centurión, Ester Julieta Valderrábano de Casas y Graciela Valls de Romano Norri, tres de los cuatro camaristas de Familia y Sucesiones de la capital. En idéntica situación están, entre otros, los jueces Osvaldo Pedernera, Alicia Freidenberg, Catalina Fe, Susana Lemir Saravia, Carlos Ibáñez, María Guadalupe Aiquel, Arnaldo Alonso, Elda Aguilar, Olga Medina, Ana María Antún de Nanni, Pedro Arnedo, Juan Francisco Pisa, María Ángela Poliche y Pedro Roldán Vázquez. Adriana Giannoni formalizó su dimisión al Ministerio Público Fiscal, organismo donde hay otros tres funcionarios constitucionales en la antesala de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Cinco titulares de despachos de la capital del Ministerio Público de la Defensa y una decena de jueces de Paz presentan la misma situación.

5 integrantes de la Justicia Federal de Tucumán están en condiciones de acceder a la jubilación especial todavía vigente.

Que haya magistrados y funcionarios constitucionales en condiciones de pasar al sector pasivo no significa que vayan a hacerlo: si quisiesen, podrían permanecer en el Poder Judicial hasta la muerte, a menos que incurran en mal desempeño y sean destituidos. En Tucumán, la judicatura es vitalicia en sentido estricto: no hay un límite de edad para ejercerla, como sucede en las justicias Nacional y Federal, donde existe el tope de los 75 años. A partir de ese momento, el juez federal o nacional sólo puede quedarse si le renuevan el acuerdo legislativo.

Antes de la fiebre

A las previsiones de vacantes que barajan en el alto tribunal provincial, en los ministerios públicos y en la Asociación de Magistrados de Tucumán que preside Marcela Ruiz hay que añadir los cargos acéfalos existentes. El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) tramita 38 concursos públicos de antecedentes y de oposición para cubrir en forma definitiva despachos de las diferentes esferas judiciales. Pero la situación de emergencia por la demora en los procesos de selección y la escasez de jueces llevó a la Legislatura a sancionar hace tres años una ley para designar subrogantes o interinos a partir de listados del CAM. A diferencia de los magistrados constitucionales o en propiedad, los precarios carecen de la estabilidad, que es una de las garantías de la independencia. En el presente hay cuatro oficinas judiciales cubiertas transitoriamente. En paralelo a los mecanismos de designación con participación del CAM, los jefes de los ministerios públicos, Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila, están facultados para nombrar en forma discrecional auxiliares de fiscal y de defensor, figuras que han sido cuestionadas por el Colegio de Abogados de la Capital.

La renovación de la Justicia de Paz está sujeta a la discrecionalidad pura del Gobierno -las designaciones han de recibir el acuerdo de la Corte Suprema-, pero el último nombramiento acaeció hace siete años -Manzur omitió el cumplimiento de esta obligación constitucional durante su primer mandato-. Cuatro de cada 10 juzgados de Paz estaban vacíos en noviembre del año pasado, antes de que se desatara la fiebre por asegurar las jubilaciones equivalentes al 82% del último salario.

***

>> DIAGNÓSTICO
Sbdar había dicho que hacían falta más magistrados en la apertura del 2020

“No se puede administrar un juzgado con una enorme cantidad de causas por más empleados y computadoras que haya. Entonces, necesitamos fortalecer los puestos de decisión e incrementarlos. Y esto significa más jueces y juezas”, había dicho Claudia Sbdar, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en el discurso de apertura del año judicial 2020.

En esa alocución pronunciada el 19 de febrero, la titular del alto tribunal había expresado que el Poder Judicial estaba, tal vez, ante la máxima transformación de su historia debido a las reformas procesales en desarrollo tanto en la órbita penal como en la civil. Los nuevos modelos sustituyen los papeles por las audiencias, y obligan a los magistrados a resolver en el acto los conflictos que plantean las partes. “Se nos presenta la posibilidad de contar por primera vez con un proceso penal democrático”, había augurado Sbdar.

Comentarios