En Tucumán niegan que se piense emitir bonos como lo haría Chubut

En Tucumán niegan que se piense emitir bonos como lo haría Chubut

El ministro de Economía, Eduardo Garvich, negó la posibilidad de imprimir billetes provinciales.

21 Febrero 2020

La iniciativa no es nueva. Sin posibilidades de acceder al mercado voluntario de crédito, en condiciones ventajosas, y con pocas probabilidades de seguir aumentando los impuestos, las provincias más comprometidas, desde el punto de vista financiero, quieren apelar a una herramienta que, en otros tiempos, sirvió para cubrir los baches fiscales: las cuasimonedas o bonos.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, le ofreció a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) saldar la deuda de salarios con la emisión de un título canjeable que pagaría un interés de entre 6% y 8%.

“Es una posibilidad que estamos analizando y que se ha girado al sector de economía y al banco (de Chubut) para consultar de qué forma se puede diagramar un bono que tenga un interés y que asegure lo que pueda perder el empleado estatal en cuanto a la inflación, y garantizar así el pago de lo adeudado”, reconoció señaló el ministro de Gobierno y Justicia de esa provincia, José María Grazzini, a la Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz. “Se intenta que el bono pueda ser atractivo para los trabajadores y que sea de forma voluntaria para todo aquel que lo quiera aceptar y le pueda servir para ser canjeable en cualquier situación y lo pueda recibir el propio banco del Chubut”, indicó según reprodujo Infobae.com.

El uso de esa herramienta de pago no está en la agenda de la mayoría de las provincias. Por caso, en Buenos Aires, varios ministros de Economía reunidos ayer en el marco del Consejo Federal de Impuestos, no mencionaron el tema. “Tucumán no analiza la idea de volver a emitir bonos”, respondió el ministro de Economía, Eduardo Garvich, cuando LA GACETA le consultó acerca del caso Chubut.

Los bonos de cancelación de deudas (Bocade) desaparecieron del circuito financiero tucumano en agosto de 2003, en el marco del Plan de Unificación Monetaria que impulsó, en aquella oportunidad, la gestión del entonces presidente Néstor Kirchner. En ese momento se rescataron unos $ 167 millones en bonos tucumanos y el compromiso asumido por una decena de distritos emisores de bonos fue de quemar los papeles pintados y desechar todo intento por financiarse con dinero local.

La administración federal había puesto una suerte de cepo a eventuales emisiones locales. Aún más, las provincias interesadas en emitir títulos públicos o solicitar créditos ante bancos y organismos internacionales debían pedir el aval del Ministerio de Economía de la Nación. Por esa razón, se frenó el endeudamiento en instrumentos financiero en gran parte de las provincias, lo que posibilitó que varias de ellas tuvieran liquidez con la desafectación de los fondos de coparticipación federal, la garantía de cualquier crédito.

Auxilio federal

Además del encuentro habitual con sus pares de otras jurisdicciones, el ministro de Economía tucumano continuó las gestiones que encaró, en los últimos días, el gobernador Juan Manzur, para la obtención de una ayuda federal.

El sábado pasado, Manzur había solicitado al presidente Alberto Fernández, un auxilio financiero de mediano plazo de unos $ 3.000 millones para cubrir posibles contingencias financieras. Con ese dinero, la gestión provincial quiere darle mayo r previsibilidad a las finanzas, al menos hasta el cierre del primer semestre del año. Según pudo establecer LA GACETA, mientras la Nación analice el planteo de Manzur, la Provincia volverá a apelar, por cuarta vez consecutiva, al anticipo de fondos de coparticipación que se cancelan en el mismo mes. En esta oportunidad sería de unos $ 1.500 millones.

El gobernador, en tanto, confirmó que el pago de los sueldos de este mes a los estatales arrancará la próxima semana, cuando se liquide el 20% de las remuneraciones. El 80% restante será saldado a partir del quinto día hábil de marzo, se indicó oficialmente. La provincia requiere de unos $ 6.500 millones para cubrir los sueldos de unos 110.000 agentes públicos de los distintos niveles gubernamentales. Se estima que no habrá contratiempos fiscales para cubrir la planilla.

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