Se afianza el proyecto para proteger el cerro "El Pelao"

Por unanimidad, los jefes de bloques parlamentarios acordaron la prohibición durante un año de las ventas de lotes y las construcciones en el cerro.

15 Feb 2020 Por Irene Benito
1

La sesión legislativa del próximo jueves girará alrededor de la decisión consensuada de frenar la urbanización caótica de El Pelao, cerro central del Valle de Tafí. La colocación de ese “cepo” propuesto por el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, recibió el apoyo unánime de los representantes de los bloques que acudieron ayer a la reunión de labor parlamentaria. Aunque el trazo fino del proyecto y el orden del día final serán precisados el martes, con los dictámenes respectivos de las comisiones, Amado confirmó que la prohibición alcanzará a la venta de terrenos y a la edificación, y durará un año a partir de la publicación de la ley, y anunció que la aplicación de la restricción será controlada mediante imágenes satelitales tomadas por la Dirección General de Catastro de la Provincia.

“Los que incumplan la norma se harán pasibles de sanciones y hasta de la demolición de las obras”, advirtió Amado luego de disponer un cuarto intermedio. El número dos de la Legislatura presidió el encuentro con las distintas bancadas por el hecho de que el vicegobernador Osvaldo Jaldo está a cargo del Poder Ejecutivo debido a la ausencia del gobernador Juan Manzur. El presidente subrogante del Poder Legislativo había explicado que la medida de urgencia en El Pelao tenía el aval de las máximas autoridades del oficialismo: este viernes, además, logró el respaldo de la oposición. El legislador Federico Masso (Libres del Sur) explicó que estaba de acuerdo con el freno temporal al negocio inmobiliario porque era necesario ajustar la situación del cerro a las leyes vigentes de protección del ambiente, algunas de alcance nacional.

Además de Amado y de Masso, asistieron a la reunión los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Sandra Orquera, Roberto Palina, José Ascárate, Raúl Albarracín, Roque Tobías Álvarez, Sara Alperovich, Gonzalo Monteros y Horacio Vermal. El borrador que todos ellos firmaron tiene tres artículos. El primero declara la emergencia ambiental y ecológica, y establece como zona de protección arqueológica al cerro situado en la jurisdicción de la Comuna de El Mollar. El segundo dispone la prohibición por 12 meses de la comercialización de parcelas y de la realización de trabajos edilicios de cualquier tipo en El Pelao. La cláusula tercera prescribe que los organismos pertinentes deberán iniciar un registro de la infraestructura actual, y elaborar un plan de preservación y conservación arqueológica, paisajística y ambiental en el término de 60 días a partir de la promulgación de la ley.

Anomalías a la vista

La idea de que Catastro controle la observancia del “cepo” fue explicitada por Amado en el contacto con la prensa. Allí también agregó que el objetivo es armar un paquete de políticas con la participación de la Comuna a cargo del comisionado Jorge Cruz; la Municipalidad que encabeza Francisco Caliva; las comunidades indígenas; los vecinos; el Ente Autárquico Tucumán Turismo; la Fiscalía de Estado; la Secretaría de Medio Ambiente; Catastro y la Legislatura. En particular, el presidente subrogante manifestó que esa mesa debía analizar la propuesta para modificar los límites de la Comuna y del Municipio aportada por el ex intendente tafinisto y actual legislador oficialista Jorge Yapura Astorga. Esa iniciativa anexa a la Municipalidad una serie de áreas hoy en poder de El Mollar, entre ellas la montaña en riesgo.

La destrucción de El Pelao está a la vista desde hace tiempo y es tan obvia que nadie se atrevió a desmentirla, ni siquiera quienes vendieron la mayor cantidad de las parcelas. Las instituciones comenzaron a reaccionar recién esta semana, luego de que la prensa expusiera las denuncias y temores de un grupo de alrededor de 30 vecinos, quienes formaron un cuerpo de vigilancia para disuadir a los constructores. Estos pobladores detallaron numerosas anomalías que empiezan en la existencia de casas en cornisas, “balcones” y precipicios, y el fraccionamiento de la tierra en unidades ínfimas hasta la provisión de agua no apta para el consumo humano por medio de una cooperativa ligada al ex edil Juan Reyes que la vende en forma informal.

Tanto el heredero que organizó la distribución de los terrenos en su familia, Hernán Frías Silva, como las autoridades del Estado reconocieron que la urbanización sucedió sin la intervención de las autoridades públicas. Esta situación obedeció al hecho de que, a comienzos de los años 90, el cerro pasó a la jurisdicción de la Comuna de El Mollar aunque físicamente está más cerca de la Municipalidad de Tafí. En los hechos, ninguna de los dos niveles practicó los controles y se desarrolló un entramado complejo de jurisdicciones: algunos vecinos domiciliados en El Pelao votan en Tafí, y pagan allí la luz y otras tasas sin que el Municipio, que recoge los residuos, pueda inmiscuirse en el ordenamiento de las edificaciones. La Comuna por su parte sostiene que carece de las facultades legales necesarias para evitar los desmadres y que, mientras tanto, es la Provincia quien debe tomar cartas en el asunto por medio de la Fiscalía de Estado. En el medio quedó esta montaña vital para el paisaje vallisto expuesta a toda clase de agresiones, pese a que, como señaló Masso, siempre hubo normas que de una forma u otra la tutelaban. Amado insistió ayer en que había llegado el momento de dar un corte a esta falta de prolijidad para el beneficio de los bienes y la vida de los que residen en El Pelao, y el confort espiritual de los que lo contemplaban sintiéndose impotentes ante su degradación.

Esta nota fue anteriormente contenido exclusivo, sólo accesible para suscriptores.

 

Comentarios