“Buscaron destruir la organización de la sociedad”, aseguró una especialista

Ocho días después de que se cumplieron 45 años de la firma del decreto 261/75, que ordena al Ejército y a la Fuerza Aérea que se movilicen para “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de lo que se definía como “elementos subversivos” en Tucumán, se reanudó en la provincia el juicio número 14 por delitos de lesa humanidad.

Mapas, gráficos y curvas de estadísticas, miles de datos y comparaciones se desplegaron en la sala del Tribunal Oral Federal, donde la doctora en Ciencias Sociales Ana Jemio expuso, durante dos horas, su tesis doctoral sobre el terrorismo de Estado en Tucumán, durante el Operativo Independencia, iniciado en febrero de 1975, por decreto de la entonces presidenta constitucional, Estela Martínez de Perón.

La experta brindó su análisis acerca de cómo fue la mecánica de la represión en Tucumán, que -según expuso- tuvo características particulares, porque no “sólo” pretendió perseguir a la guerrilla instalada en el monte o a los militantes sociales y políticos, sino que implementó lo que llamó “prácticas genocidas”, para aterrorizar a la población y disciplinar a la sociedad.

A partir de su investigación, Jemio sostuvo que un tercio de las víctimas en Tucumán sufrió secuestros y asesinatos antes del golpe de Estado de marzo de 1976. A partir de las entrevistas y los documentos militares, ella detectó 60 espacios de detención clandestina que funcionaron entre finales de 1974 y febrero de 1976. En un mapa, mostró que, según su trabajo, la distribución de las tareas militares en “zona de operaciones” y “zona de retaguardia” coincide con las zonas de fábricas azucareras y con las regiones más densamente pobladas, sobre todo con población obrera, vinculada con la organización sindical y las luchas por las fuentes de trabajo y el salario, en los años previos al inicio de la represión.

“No buscaban destruir individuos, intentaron destruir procesos organizativos”, afirmó la investigadora ante el tribunal integrado por Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y José Quiroga Uriburu. Por ello, “el genocidio en Tucumán no puede entenderse sólo en términos de exterminio, sino en relación con las liberaciones de los secuestrados, que volvían a sus comunidades y mostraban el horror de lo que les había sucedido”, explicó Jemio.

El terror era una vía, pero también había otras, como la del control poblacional y las de acción cívica (acción psicológica), que están consignadas en los propios reglamentes del Ejército, planteó Jemio en su tesis doctoral, resultado de 15 años de investigaciones.

La distribución territorial, sostiene la especialista, es un factor fundamental para comprender los hechos. “Se atacó territorialidades sociales, no individuos. Cada militante tenía un entorno laboral, vecinal, familias, compañeros”, consignó.

En algunos lugares -manifestó-, la represión alcanzó a una gran proporción de la población. En Santa Lucía, por ejemplo, llegó a haber una víctima por cada 26 habitantes, mientras que en Famaillá, otro territorio donde se desplegó el Operativo Independencia, hubo una víctima cada de 100 personas, señaló. El plan represivo, argumentó Jemio, funcionó sobre la base del terror: “las liberaciones y los espacios de detención clandestina, construidos en donde todos sabían lo que pasaba buscaron lograr una capilaridad del terror: hacerlo presente, cercano, y no imaginado”.

En este juicio, denominado “Operativo Independencia II”, que comenzó el 9 de diciembre de 2019, se debaten los delitos cometidos contra 336 víctimas. Se encuentran imputados 25 ex miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, durante el Operativo Independencia.

El debate incluirá tres procesos referidos a los centros clandestinos de detención “Arsenal” y “Reformatorio”, que incluyen dos víctimas nuevas, el senador provincial Dardo Molina y el sastre Osvaldo Muñoz, y juzga la responsabilidad de dos nuevos imputados por hechos que fueron objeto de debate previo.

Tesis doctoral

“El objetivo era destruir el proceso de organización obrera, no la guerrilla”

“Convivían una intencionalidad alegada y otra clandestina. Durante muchos años, el Operativo Independencia fue declarado como un operativo que venía a combatir a la guerrilla de monte, y ese discurso tiene pregnancia aún ahora -explicó Jemio ante el tribunal-. Y no es mentira, efectivamente hicieron eso, pero no persiguieron exclusivamente a guerrilleros o a sus colaboradores, sino que usaron un concepto amplio de ‘subversión’ para perseguir a otros sectores. Se señaló a un objetivo

declarado para construir legitimidad, con la figura del ‘subversivo’. El objetivo era destruir el proceso de organización obrera, no la guerrilla”.

Procesado reanudado

Además de la especialista, declararon otros tres testigos en la primera jornada de 2020

La primera jornada de 2020 del juicio “Operativo Independencia II” comenzó con una declaración por videoconferencia, desde Mar del Plata.

El primer testigo fue Carlos Alberto Albornoz, que en el año 74 integraba la comisión interna en la fábrica textil Grafanor, en Famaillá. Contó que vivía en Santa Lucía cuando comenzó el Operativo Independencia, y que fue secuestrado dos veces. La segunda, a principios de 1976, se lo llevaron de su casa, junto a otros compañeros, que también pertenecían al sindicato. Confirmó, además, que había una base militar en el ingenio Santa Lucía. Luego declaró, en la sala, el testigo Ramón Bernardo Córdoba, también de Santa Lucía, quien identificó “al coronel (Camilo) Colotti” como uno de los responsables de “la base” y dijo que, en la zona, actuaba personal militar de Tartagal, además del Regimiento de Infantería de Tucumán. El tercer testigo fue Roberto Liacoplo, que ya declaró en junio de 2016, en el juicio “Operativo Independencia”. En esta ocasión amplió su declaración anterior, sobre los asentamientos militares en Lules: “Había una base militar en la zona, conocida como La Bomba, otra en El Tuyango y una tercera en el casco del ex ingenio Lules. Estaban a cargo de (Julio Cayetano) Pelagatti”, dice Liacoplo. “Había operativos conjuntos entre militares y policías federales”, aseguró.