Pueblo resquebrajado por falta de justicia

Es sabido que la impunidad corroe las bases del sistema democrático hasta transformarlo en una efigie inanimada. Este fenómeno de vaciamiento de la legitimidad de los gobernantes se proyecta en las instituciones y en la sociedad: las primeras quedan inertes y la segunda, partida. Tales circunstancias caracterizan el presente de Tafí del Valle: el otrora pueblo apacible transita por una conflictividad política facciosa y virulenta, que lo desgasta y resquebraja. El resultado es un Estado débil, que descuida la principal fuente de trabajo y de riqueza: el turismo. Lo corrobora tanto el avance encarnecido de la venta ambulante -no confundir este negocio clandestino con el mercado de artesanías autóctonas casi ahogado por el primero- como la destrucción a cara descubierta de El Pelao, cerro devenido en reino de la irregularidad con la participación activa de un ex edil peronista, Juan Reyes.

Tanto la invasión del espacio público por el comercio informal como su destrucción mediante la “favelización” de la montaña reflejan la inacción de los gobernantes en los distintos niveles de la organización estatal y la ausencia de la Justicia: el Ministerio Público Fiscal experto en la persecución de marginales adictos se queda sin pilas para actuar de oficio frente a la evidencia de delitos que salpican hacia arriba. Y en El Pelao algunos se admiran porque habría funcionarios judiciales que, lejos de cuestionarla, se sumaron a la expoliación inmobiliaria sin papeles y con agua sucia provista por la cooperativa de Reyes, el autodenominado “comisionista religioso”.

La naturalización de la anomalía adquiere en Tafí connotaciones angustiantes por su condición de escenario esplendoroso. La transgresión descorcha champán gracias a las acefalías que en la práctica tornan inexistente al Tribunal de Faltas municipal e impotente al Juzgado de Paz, despacho que el Poder Ejecutivo mantiene vacante desde hace añares. El episodio veraniego de la multa negociada y abonada como una liberalidad por parte de la discoteca que abrió sin permiso confirma la precariedad de los controles, más allá de la extinción del sentido común. En esa misma lógica se inscribe el juramento a los empujones del intendente justicialista Francisco Caliva, a quien se le asigna el haber desnudado la corrupción estructural de la política “trucumana” en una charla telefónica con el concejal Juan Carlos Rivadeneira, que fue grabada para vergüenza de los contemporáneos, y, tal vez, espanto de la posteridad.

La consecuencia más palpable de la difusión del audio de la cleptocracia explícita es la paralización del Concejo Deliberante, que alcanzó a constituir su mesa directiva y nunca más sesionó. Ocurre que el bloque afín al ex intendente y legislador oficialista Jorge Yapura Astorga tiene la mayoría de los votos, pero las bancas alineadas con Caliva deben dar el quorum. Agitada por una cuestión de privilegio contra el jefe municipal que presentó Jéssica Yapura Astorga, ex funcionaria de la gestión de su padre y edila, la tensión entre ambos bandos impidió conformar las comisiones: un revés más para el órgano que carece de lo mínimo, como el registro de ordenanzas.

La pugna entre Caliva y Yapura Astorga tiene un trasfondo judicial nítido. Así como el primero carga con una condena firme a tres años de prisión de ejecución condicional por haber atropellado y matado con su auto al joven Gustavo Javier Álvarez en 2015, y con una causa penal abierta en los Tribunales de Monteros por los múltiples presuntos delitos contenidos en el audio, Yapura Astorga, y algunos de sus familiares -no la concejala- y colaboradores enfrentan un juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito. Esta investigación jurisdiccional -uno de los pocos casos contra funcionarios con fueros que prosperó desde 1991- fue avalada por cuatro jueces: Mario Velázquez, que la instruyó; Raúl Fermoselle, que la controló, y Eudoro Albo y Enrique Pedicone, que desecharon el recurso de apelación presentado por los imputados. Aún así, el expediente rota por la Corte desde fines de 2018 y hay versiones consistentes de que “volvió a bajar” a la Cámara de Apelaciones para que esta haga algo que no está escrito en el código procesal: expedirse sobre un planteo del legislador para ser sobreseído por el transcurso del plazo razonable para sustanciar el juzgamiento.

En los Valles se agarran de estos antecedentes penales para descalificarse mutuamente. Así como en las huestes de Caliva acusan a los Yapura Astorga de haber pretendido “feudalizar” el Municipio mediante la presentación de una boleta en la que el apellido estaba en todas las categorías menos en la del gobernador y la del vice reelectos -el ex intendente se candidateaba para legislador al mismo tiempo que su hija lo hacía para el Concejo y “Jorgito” Yapura Astorga, para suplantar a su padre en la Municipalidad-, en el sector contrario responsabilizan a Caliva por haber institucionalizado el escándalo, como cuando anunció a los agentes que podían acudir a trabajar “‘quemao’, pero no ‘machao’”. La igualación en el desprestigio luce como una conquista que satisface a ambas partes, que, en principio, no consideran la posibilidad de someterse incondicionalmente a la Justicia y ante la sociedad para colaborar en el esclarecimiento de las denuncias que las manchan. 

No importa el precio que pagan por hacer de cuenta que el mal es ajeno ni que por doquier se pregunten si, dadas las circunstancias, unos y otros pueden seguir desempeñando la función pública. Al fin, la pelea de la cúspide termina siendo pagada por los de abajo, que sufren represalias y venganzas abiertas en el plan de eliminación del oponente. Lo más triste es haber oído contar a un asesor municipal sobre la existencia de una prohibición del saludo al rival, que en Tafí equivale a censurar el alpapuyo. Hasta el gesto característico de la hospitalidad del pueblo peligra por culpa de este mal inefable, que es la falta de justicia.