Torpezas conflictivas

El Gobierno provincial abandonó enero con un par de ingenuidades institucionales -o torpes maniobras políticas-, que en medio de la crisis económica le han complicado tempranamente la gestión de 2020, y que pueden marcarla: la suspensión intempestiva de la “cláusula gatillo” y la discriminatoria distribución de recursos entre municipios del interior. Empezar el año con paros, medidas judiciales y virulentos ataques opositores no es un buen augurio para el Ejecutivo, menos cuando son producto de “errores” propios, evitables. Veamos. La decisión de privilegiar a los 15 municipios oficialistas con el reparto de $ 374 millones y de no girar un peso a los cuatro opositores, cuanto menos, es una medida que en nada favorece la prédica de cerrar la grieta que se baja desde la Presidencia. La medida generó confusión en propios y extraños porque habilitó todo tipo de especulaciones negativas, porque todas conducen a plantear discordias y enfrentamientos prematuros y hasta estériles.

¿Fue venganza? ¿Una medida para disciplinar o un aviso del estilo que viene? ¿Un gesto de autoridad marcar la cancha a la tropa propia? Cualquier respuesta tendrá un aspecto común: está destinada a generar enemigos políticos, y no adversarios, internos y externos. Encima, dado lo grave de la situación económica y social, nada de lo que suceda en cualquier parte del país es inocuo, por mínimo que sea. Por lo tanto lo que ocurra en Tucumán repercute en la Nación -ya pasó- y puede incidir en las eventuales negociaciones con la oposición. El Congreso es el ámbito de los pactos, y hasta allí llegan los estertores provinciales. Se facilita los arreglos o se los dificulta. Todo se percibe. Y se observa.

La exclusión de los intendentes de ropaje opositor (Yerba Buena, Concepción y Bella Vista) de la ayuda oficial pintó de discriminador al Gobierno provincial. Decir que los municipios oficialistas quedaron rezagados por el poco auxilio que recibieron del poder central durante la gestión de Cambiemos no es justificación suficiente. Se responde con las mismas armas repudiables de la época del macrismo: discriminación con discriminación. Flaco favor a la democracia, de aquellos cuando estuvieron y de estos que están. Porque hijos y entenados hubo siempre, a no equivocarse; la práctica es lo deleznable y revela que hay que fijar nuevas reglas en materia de distribución de los recursos del Estado. Más claras y equitativas. Porque tanto los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) como las ayudas para atender desequilibrios financieros que brinda la Provincia son legales, están reglamentados. Son inobjetables desde lo normativo; es la parcialidad y los intereses sectarios de los hombres lo que convierten a estas ayudas en instrumentos del poder, para premiar, castigar o someter.

El PE podría haber mostrado los papeles de los ATN recibidos por los cuatro municipios opositores desde 2015 a 2019, como para atenuar sus culpas, porque en varias oficinas de la Casa de Gobierno están los radiogramas del PEN con las especificaciones de a quiénes enviaba la ayuda. No hubiera mejorado la posición, sólo hubiera mostrado que son iguales, y que vale el ojo por ojo.

En esa línea, cualquier peronista conocedor de los vericuetos de la acción política estatal coincidiría en que los decretos del PE favoreciendo a 15 municipios propios en desmedro de los opositores fueron una torpeza política mayúscula de parte de las autoridades. Innecesarios en un marco de crisis y de necesidades compartidas, porque provocaron reacciones de repudio -justificadas-, exponiendo negativamente al Gobierno frente a la sociedad. El intendente Alfaro habló de “brutalidad política”. Costo que se podía haber evitado con sólo contemplar a esas intendencias del interior; máxime cuando ni siquiera hay dinero para efectivizar las ayudas acordadas, porque hay que esperar que la Provincia obtenga recursos para ir efectivizando los aportes. Tal vez algo de los $ 1.500 millones que le envió la Nación se destinen a cubrir esas ayudas. ¡Qué necesidad de semejante despropósito! Y dejarle todo el show a la oposición; reflexionaba quejoso un veterano peronista del interior sobre todo el despliegue -razonable y previsible- de Juntos por el Cambio para fustigar al Gobierno. Tendrían que haberles tirado algo; acotó con crudeza, con la misma que expresó ¿quién los asesora? Es que es imposible dejar pasar por alto una medida semejante como para no fustigar al oficialismo. La sirvió en bandeja. También se horada por goteo.

¿Cuál era la necesidad? Esa es la pregunta clave respecto de la iniciativa del Ejecutivo, especialmente puertas adentro del peronismo. ¿Tuvo una razón política? ¿No fue un error? ¿Un mensaje para alguien? ¿Fue la concreción de compromisos asumidos con los propios? Unos apuntan a que se trató de una manifestación de la tempranera y subterránea interna entre Manzur y Jaldo con la vista puesta en 2023. En ese caso la iniciativa conllevaría la pelea por el poder territorial que tienen los jefes municipales y a los que, por cierto, frente a las arcas escuálidas cualquier recurso les viene bien; ya sea para disciplinarlos o para encolumnarlos. Estos dirigentes decodifican bien qué se les quiere decir. Sin embargo, los que tienen más oficio político y son más avezados en estas lides peronistas interpretan que no es hora de internismos y que hay que dejar correr el tiempo. Falta mucho como para estar pensando en los próximos comicios provinciales, ya que la crisis, si no la atienden, se los puede llevar puestos a todos.

Ahora bien, en la disputa por una eventual reforma constitucional para habilitar la reelección indefinida de Manzur -o sea, cerrarle el camino a la Casa de Gobierno al tranqueño-, la lupa tiene que depositarse más sobre la Legislatura, porque es con los votos de los parlamentarios que se abrirá o se cerrará la puerta al cambio de la Carta Magna. Sobre ellos no incide la ascendencia territorial de los jefes municipales. No pesa en la reforma. Les pueden mandar fortunas a los intendentes, pero no influirán sobre los votos legislativos; dijo un observador oficialista. Y con razón, si vemos que en algunos territorios no comulgan y no son afines los jefes municipales con los legisladores, baste ver los casos de Las Talitas o Tafí Viejo. La llave de la Cámara, por ahora, la tiene Jaldo; quien ya supo avisar que no la habilitará para ningún proyecto personal. Sólo el suyo.

Otra torpeza fue la de suspender la cláusula gatillo a los empleados públicos, en el marco del ajuste de gastos, sin antes haber consensuado con los gremios o haber avisado a los trabajadores sobre la imposibilidad de afrontar el pago del aumento salarial. Es el “abc” de la acción política. Muy poco “peronista” de parte de las autoridades. No puede ser que los estatales se enteren por el diario de que no cobrarán, y sin anestesia; reflexionaba un referente del interior. La frase trasunta la crítica a los que pergeñaron el decreto acuerdo del 6 de enero, entendiendo que hubo muchos técnicos y ningún político en la elaboración del texto. Más pragamatismo y menos sensibilidad social. Algo así como decir que no se consideró que detrás de las cifras hay personas que reaccionan cuando les tocan el bolsillo, justificando el malestar generado en la dirigencia sindical que, por cierto, tiene que ponerse al frente de conflicto para que el malestar no los consuma a ellos.

En síntesis: no hubo tacto ni delicadeza para el ajuste que se pergeñó desde el Ejecutivo. Ni diálogo. No se calculó la intranquilidad que generaría. Si desde la política no hay previsión, anticipación de los sucesos, se obra con ingenuidad, o con torpeza, producto de la cerrazón o de la soberbia. Mal futuro para la gestión, y para la Provincia, si estas condiciones determinan la acción política.