Tucumán, laboratorio judicial neokirchnerista

El miércoles terminó un ensayo y comenzó otro. Así como en su momento la oposición había impedido a la ex presidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el neokirchnerismo oficializó ese día su pretensión de evitar que el macrismo cubra alrededor de 200 cargos en la Justicia federal y nacional. Es una versión contemporánea de la ley del talión. En la Argentina de las privaciones materiales la lucha por el poder se reduce cada vez más a una batalla por el dominio de los Tribunales. El presidente Alberto Fernández y su sector llaman a esa guerra “lawfare”.

La intención de revisar los nombramientos bloqueados en el Senado impactará de manera formidable en la configuración de la Justicia Federal tucumana. El sello peronista será casi hegemónico en una institución originalmente integrada por medio de acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Esa fase quedará superada cuando Fernández consume su pincelada. A su disposición tiene las seis designaciones para esta provincia que Cambiemos dejó en el limbo cuando sus energías políticas menguaban. Además de perder las elecciones, la coalición de Mauricio Macri dejó ir la oportunidad histórica de renovar un ámbito reacio a la apertura, que participa del desprestigio general denunciado por el jefe de Estado en funciones en el discurso inaugural de su mandato.

Así como en su momento la senadora radical Silvia Elías de Pérez emergió como la gran ganadora de las designaciones firmadas por el ex Presidente, hoy la señalan como la responsable del final con manos vacías. Ciertos correligionarios sugieren que cinco de las seis coberturas de vacantes habrían prosperado con una concesión: el ascenso de Daniel Bejas, juez federal Nº1, a camarista. Pero para Elías de Pérez, quien cuestionó en reiteradas oportunidades la independencia de ese magistrado con alusiones a su pasado como abogado de su archienemigo José Alperovich y de apoderado del Partido Justicialista, ello implicaba más que dar el brazo a torcer.

Mortificada, la senadora vivía la alternativa de la promoción del Nº1 como un trago indigerible. Con los diarios posprimarias, hay quienes le reprochan la falta de pragmatismo y el pago de un precio exorbitante por mantener unas convicciones a la postre incapaces de truncar la carrera de Bejas.

La comidilla relativa al juez vilipendiado por Elías de Pérez pasó de darlo por jubilado a especular no ya con su ingreso al tribunal de Apelaciones que desde los 90 domina el patriarca Ricardo Sanjuan sino con un destino judicial mayúsculo: la Cámara Nacional Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sucede que ese puesto de relevancia decisiva para la contienda política tampoco pudo ser llenado por el macrismo y Bejas aparece en la terna correspondiente como el candidato más afín al paladar de los gobernantes actuales. Esa postulación tiene tal entidad que, según un príncipe del foro, su definición sería determinante para los movimientos que Fernández imprima en el tablero de Tucumán. Si el juez tuviese que mudarse a la capital del país para hacerse cargo del “premio mayor”, desaparecería el factor de presión que tanto agobió a la senadora, pero no está claro a quién beneficiará tal “alivio”. Y el círculo de los Kirchner todavía podría transformar al aspirante local con más credenciales académicas e intelectuales desde la instalación del sistema de concursos en 1994, Edgardo López Herrera, en un caso inédito de meritocracia frustrada.

Los destinos de López Herrera y de Bejas aparecen unidos y enfrentados en una competencia hasta aquí siempre favorable al segundo. En 2011, Fernández de Kirchner vetó dos veces al primero al dar a Bejas la titularidad definitiva del despacho que ocupaba como interino y colocar a Fernando Luis Poviña en el Juzgado Nº2. La hoy jefa de la Cámara Alta mandó a López Herrera a la Cámara Federal de Salta, pero, luego, se arrepintió: retiró el pliego y lo sustituyó por el del subrogante Julio Leonardo Bavio. Esos golpes se sumaron a los rechazos numerosos que López Herrera había recibido de parte del ex gobernador Alperovich respecto de la cobertura de cargos provinciales. El postulante con desempeño excepcional en los concursos -salió primero en casi todos en los que participó- no tuvo suerte con el peronismo ni con el no peronismo: postulantes vetados sistemáticamente hubo muchos, pero ninguno fue bajado dos veces en el Senado. Juan Carlos Nacul, por ejemplo, la sacó mucho mejor.

Después de recibir 25 reveses en Tucumán y en la Nación, con un retiro de pliego incluido, el macrismo lo transformó en el primer juez de Villa Mercedes, San Luis, jurisdicción donde Nacul abrió una especie de sucursal de abogados tucumanos. Tanto en la cobertura del despacho puntano como en cuatro de la media docena de nombramientos en revisión para Tucumán el macrismo se atuvo al orden surgido del concurso. Ese criterio que privilegia a quien obtuvo el puntaje más alto figura en las designaciones del mencionado López Herrera y de Martín Abdala para la Cámara; de Agustín Chit para la Fiscalía Nº3 y de Vanessa Lucero para la Defensoría Pública ante el Tribunal Oral. Macri sólo se apartó de la regla del primer concursante respecto de José Manuel Díaz Vélez para el Juzgado Nº3 -el perjudicado fue el segundo, René Padilla, porque López Herrera, también líder de esa terna, estaba destinado a camarista- y de José María Sacheri para la nueva Defensoría de la Víctima -Martín Galliano quedó descartado-. Esos antecedentes permitirán descifrar las decisiones del presidente Fernández quien no sólo ha de resolver la situación de Bejas: también hay expectativa respecto de dos candidatos con pasado en La Cámpora, Mario Leal y Valentina García Salemi, quienes aspiran a los cargos que acariciaron Abdala y Chit.

Estos y otros bemoles explican por qué el neokirchnerismo dispone en Tucumán de un laboratorio para revelar la matriz de su declamado proyecto para reformar la Justicia.