El Gobierno no explica con qué criterio repartió $374 millones

Un compromiso familiar importante le impidió al ministro de Interior de la Provincia, Miguel Acevedo, brindarle un minuto del sábado a LA GACETA, según lo excusaron fuentes de su cartera. En cambio, el ministro que sí accedió a conversar con este diario fue el de Economía, Eduardo Garvich, aunque sólo para recomendar una consulta con Acevedo. “La relación con los municipios es a través del Ministerio del Interior. Lo único que nosotros tenemos que manejar es la parte de conseguir los fondos y enviar el financiamiento. Pero la relación es de Interior”, sentenció.

Acevedo ya había permanecido en silencio el viernes, después de que LA GACETA revelara que la Provincia repartió $ 374 millones entre los 15 municipios oficialistas y no les otorgó nada a los cuatro opositores. Pero mientras el ministro calla, un radical y un peronista ya advierten sobre la necesidad de reformar el sistema de coparticipación provincial.

“¿Cuál es el criterio?”
El diputado nacional José Cano denunció que el actual mecanismo de transferencia de recursos solo resulta útil para que el Gobierno provincial consolide su poder.

“Desde que Alperovich inventó la caja única y les dio a los ministros de Interior facultades absolutas para distribuir el dinero provincial, los municipios han funcionado como anexos de la Casa de Gobierno. Si la Provincia coparticipara el 100 % de los impuestos que recauda, no habría Pacto Social”, conjeturó.

El Pacto Social es el acuerdo financiero entre las Municipalidades y el Gobiernos provincial que rigió entre 2001 y 2014, en una primera etapa, y que está vigente otra vez desde abril de 2016. A través de él, la Provincia se compromete a pagar los sueldos y costear servicios y pequeñas obras en las municipalidades adheridas. A cambio, las intendencias deben cederle al gobernador los recursos coparticipables que llegan desde la Nación.

El 28 de junio pasado, en una entrevista en el programa “Buen día”, de LA GACETA, Acevedo había manifestado que “el Pacto Social es lo mejor que hay. Todos los municipios han estado bien”. Según Cano, en cambio, los municipios deberían tener fondos suficientes para ejercer su autonomía. “No estamos en contra de que el Gobierno asista a los municipios -aclaró-. Pero, en primer lugar, debería coparticipar el 100% de los impuestos provinciales, para que cada municipio dependa de sus propios recursos. Y, en segundo término, aun cuando hubiera asistencia, no debería haber discrecionalidad”.

Cano aseveró que también parecen arbitrarias las cantidades de dinero repartidas entre los municipios beneficiados por Juan Manzur. “¿Cuál es el criterio? ¿La cantidad que pidió cada intendente? ¿La que se le ocurre al Gobierno? ¿O depende de con quién está alineado cada intendente en la interna del oficialismo?”, inquirió.

“Hay que cambiar la ley”
El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura, Enrique Orellana, pronosticó que “de ahora en más, el Gobierno de la Provincia va a tratar de ser equitativo y de darles a todos sin quitarle a nadie. Pero hay que tener en cuenta que los problemas sociales de cada una de las comunidades son distintas”.

Aunque no coincidió con la opinión de Cano, Orellana también recordó la creación del Pacto Social. “En su momento fue muy favorable. Todos los municipios estaban en un caos y la Provincia acudió a hacer un salvataje”, reivindicó.

Sin embargo, el legislador sí tuvo una opinión coincidente con del radical acerca de la necesidad de reformar el sistema de coparticipación provincial. “Tucumán tiene una ley de comunas que hay que cambiar, que actualizar, porque hay un desfase en la coparticipación -explicó-. Si bien la Provincia lo cubre con el Pacto Social, los municipios tienen que poder financiarse por sus propios medios, no sólo para pagar los gastos de personal y de funcionamiento, sino también para crecer en obras y en servicios”.

Expectativa en Bella Vista
Salazar espera que el Gobierno asista a todos
Los decretos sobre aportes no reintegrables que firmó el gobernador en enero excluyeron a los cuatro municipios gobernados por la oposición: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Concepción y Bella Vista. El intendente de esta última ciudad, Sebastián Salazar, dijo estar a la expectativa de una llamada del gobernador. “Uno sabe que la situación es sumamente complicada, así que me pone muy contento la asistencia financiera que recibieron algunos municipios -manifestó-. Pero Bella Vista no es la excepción, así que espero que a los que no figuramos en los decretos nos convoquen y nos asistan como lo han hecho con los demás”.
Además, Salazar se refirió a la coparticipación. “Hoy la mayoría de las intendencias se hace cargo de asuntos como la seguridad, la asistencia social o el arreglo de las escuelas; o sea, de temas que competen al Estado provincial. Por eso espero que se discuta un nuevo régimen coparticipable, porque le hace falta a todos los municipios”, transmitió.