Un botón antipánico ahí

Desde que una joven fue arrastrada por un motoarrebatador en Marcos Paz al 700 –un video mostró la gravedad del hecho a fin de año- barrio Norte no tiene paz. Ataques a la siesta y a la noche (sobre todo), acecho a las personas que esperan en las paradas de ómnibus y comerciantes que dicen que han tenido que contratar vigilancia privada son la muestra del problema. “No puedo creer que en barrio Norte tenga que pensar que necesito un botón antipánico”, dice Mariana Cisnero, de la pizzería de Marcos paz y Maipú. Los aspirantes de la escuela de Policía, distribuidos por la zona, deambulan despojados de armas y elementos de comunicación ofreciendo una presencia que no parece intimidar a los delincuentes. Constantemente se ven ataques de motochorros que escapan a contramano, dice Raquel Zarlenga, de Virgen de la Merced al 700.

El fenómeno es una consecuencia del incremento sostenido de la violencia –tema que debería ser objeto de estudio urgente en esta provincia-, que se verifica no sólo en barrio Norte, sino en el Sur, la periferia y el interior tucumano, unido a la caída de recursos, que está dejando en evidencia dramática la escasez de seguridad. El domingo pasado la seccional 1ª no tenía luz y se le complicaba recibir las denuncias. Hace dos semanas las cloacas se desbordaron en la ex Brigada y sumieron durante tres días a espantosos olores a presos, policías y un amplio radio vecinal de barrio Norte. En el interior los agentes de las paupérrimas comisarías les responden a los productores rurales –que están reclamando a viva voz por la ola de robos y de asaltos- que no tienen personal ni vehículos suficientes. “Habiliten por lo menos la denuncia digital” dijeron los representantes empresarios, que ya en octubre se habían reunido por este tema con el ministro de Seguridad, Claudio Maley, y el de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, y que ahora se reunieron con legisladores. Estos, que han quedado fuera de la discusión desde que terminó la tarea de la comisión de emergencia en seguridad, quieren tener voz y voto ante el Gobierno en esta materia. “Queremos tener un rol más activo”, dice Gerónimo Vargas Aignasse. ¿Les corresponde? Eso está por verse, pero lo cierto es que hay una lentitud exasperante, si es que realmente se pretende que funcionen las estrategias policiales.

Hasta ahora, se sabe de medidas aisladas. 200 policías para Tafí del Valle en el marco del operativo verano, sin que se haya hecho un diagnóstico de cómo funcionó el operativo Felices Fiestas. Hay unos 1.600 policías en tareas (si se descuenta los que están de descanso, los que salieron de vacaciones y los que están separados de funciones). Se anunció que se incorporan 500 cámaras de vigilancia (hay que evaluar qué efectividad tienen en la seguridad), que se monta un centro de monitoreo en Lomas de Tafí y que se está llevando a cabo una “data criminal” para analizar lo que pasa y hacer prevención. Lo dijo el subsecretario de Seguridad, José Ardiles: “se elaboró un programa especial para reducir los índices de violencia a través de la prevención, la presencia policial permanente y de la gestión de la conflictividad con un mayor acercamiento vecinal. El ensayo vigente a partir de octubre viene arrojando buenos resultados”. Pero aunque en este enero la cifra de homicidios haya sido muy baja –tres- el abrumador número de asesinatos de 2019 -141- debería haber hecho saltar todas las alarmas para revisar cuáles son los pasos a seguir.

El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que ha hecho una suerte de “Ministerio de Seguridad paralelo” en la Justicia Penal, critica el sistema de trabajo policial enfocado en cuerpos de respuesta motorizada como el 911 y en comisarías vacías, imposibilitadas de ayudar a los vecinos. “Los del 911 no saben lo que pasa en el interior. No es posible que las comisarías no respondan. No puede ser que haya comisarios y agentes que trabajan cerca de sus casas. Tienen que ser redistribuidos a lugares donde no tengan conocidos”, enumera, entre otras cuestiones. “Tenemos que sentarnos a discutir qué hacer”, dice. Falta que se decida el ministro Maley, presionado por la falta de respuestas, por un cuerpo policial demasiado atado a las prácticas de siempre y por la indefinición de las estrategias en el orden nacional.