Por Gustavo Rodríguez
13 Enero 2020
DOS LÍDERES INSEPARABLES. Jorge "Feto" Soria, uno de los miembros del Comando Atila, dialoga con "El Malevo" Ferreyra en el levantamiento policial de 1990.
1. Un grupo que creció por el fuerte apoyo político que obtuvo
“Es imposible pensar que algún grupo de estas características haya crecido sin haber contado con apoyo político”, señaló el peronista José Vitar al referirse a la existencia del Comando Atila. Él sufrió las consecuencias de haber intentado poner fin a la existencia de la organización y a la de su máximo referente: Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra. “Hay que darle contexto a la situación de esos tiempos. Después de la Dictadura nos encontramos con una Policía totalmente corrupta y descontrolada”, agregó.
El ex diputado nacional destacó que todos los problemas se iniciaron por el manejo de las máquinas de juego que no estaban reguladas. “Ese fue el inicio del entrelazado de las mafias de la provincia. Con esa actividad comenzaron a crecer otros negocios ilícitos como el tráfico de drogas. Por eso la importancia y la virulencia que tuvieron grupos como el Comando Atila”, señaló Vitar en una entrevista con LA GACETA. “Debo reconocer que no sabía dónde estaba parado”, agregó.
“El Malevo” Ferreyra y los integrantes del Comando Atila tuvieron “cintura política” para acomodarse con el poder político. Fernando Riera, por conveniencia, los cobijó y los toleró. José Domato tuvo que ceder muchas veces para no tener que soportar otra huelga policial como las que incendiaron la provincia. El interventor Julio César Aráoz les dio ala para que crecieran. Ramón Ortega intentó frenarlos, pero al final terminó negociando con ellos para buscar la paz. Domingo Bussi fue el que terminó de sellar la impunidad. Julio Miranda, José Alperovich y Juan Manzur, no modificaron la relación que tenía el Estado con al menos uno de ellos.
Un trabajo especial
“No hay que dar muchas vueltas para entender este asunto. ‘El Malevo’ nunca logró el ascenso por su carrera, sino que lo hizo a través de méritos extraordinarios. Y esos méritos fueron las personas que mató en supuestos enfrentamientos y por los que fue investigado en varias oportunidades”, explicó el ex comisario Víctor Aráoz. “Los Atila también supieron sacar ventaja de los sectores del poder de la Provincia”, agregó.
Hubo un “trabajo” que unió más a Ferreyra con “El Chiche” Aráoz. Ex hombres de la fuerza cuentan que el ex interventor lo convocó a una reunión en la Casa de Gobierno. En una mesa se sentó con Ronald Bradis Troncoso para pedirle una atención.
EL ÚLTIMO ADIóS. Una multiud asistió al velatorio de “El Malevo” Ferreyra. Fue sepultado con su sombrero blanco.
Un empresario de Córdoba, de donde era oriundo el interventor, se dedicaba la venta de automóviles 0 kilómetros con un particular sistema. Los clientes entregaban un anticipo mínimo y al resto lo financiaba en cuotas. El comerciante le envió una lista de morosos tucumanos para ver si podían regular su situación. “El Malevo” y su gente fue recorriendo casa por casa de los deudores y logró que se pusieran al día o les quitaban los autos que estaban prendados. Así nació una amistad que quedó sellada cuando el comisario le regaló su sombrero blanco Panamá antes de que dejara su cargo. No sabía que el interventor le había soltado la mano.
Decisión a medias
Ortega, su sucesor, sabía perfectamente que los policías pesados le podrían complicar su gestión. Por recomendación de sus allegados, no puso ninguna traba para que la Justicia condenara a Ferreyra a prisión perpetua por el triple crimen de Laguna de Robles. Tampoco le tembló el pulso para llamar a las fuerzas nacionales a fin de que capturaran vivo o muerto a “El Malevo”, que se había fugado.
Sin embargo, con Ferreyra en la cárcel, a “Palito” le quedó un frente abierto: qué hacer con los miembros del Comando Atila que ya habían sido acusados del crimen del oficial Juan Salinas, un efectivo que estaba en contra de los métodos de “El Malevo” y compañía.
Un ex comisario contó que en marzo de 1994 un funcionario orteguista se presentó en el penal de Villa Urquiza para hablar con los integrantes del grupo que estaban detenidos por el homicidio de Salinas. Allí, siempre según la fuente, les habría ofrecido un trato. Él encabezaría una negociación en el Poder Judicial -él había formado parte y conocía todos los movimientos en la Justicia- para alivianar su situación procesal. A cambio, les habría pedido que aceptaran su pase a retiro de la fuerza sin generar problemas.
Un mes después del supuesto encuentro, la Cámara de Apelaciones modificó la imputación que habían realizado los fiscales Esteban Jerez y Gustavo Estofán y decidió otorgarles la libertad, ya que también había declarado nulo el pedido de elevación a juicio que habían solicitado por el crimen de Salinas. Se decidió además que el fiscal Carlos Albaca realizara la nueva pesquisa. Pero este investigador poco y nada hizo y el resultado fue que los imputados terminaron siendo sobreseídos por prescripción. “Una vez pregunté por qué se había tomada esa decisión. La respuesta que recibí me dejó helado: ‘amigo a veces es mejor sacrificar a una persona para lograr el bienestar general’”, dijo un comisario retirado muy allegado a Salinas.
Jorge Lobo Aragón fue el juez de instrucción en el caso del crimen Salinas. “Nunca entendí bien qué había sucedido porque sí había elementos para enjuiciarlos. Creo que en esos días nació la crisis judicial por la que terminé renunciando”, comentó.
Antonio Guerrero, dirigente histórico del PJ en esos años, reconoció que no era gente sencilla de manejar, pero insiste en que se la combatió, desmintiendo el supuesto apoyo político que recibieron. “Desde el gobierno de Ortega se tomó la decisión política de que respondan ante la Justicia por los delitos y atropellos que cometieron”, indicó.
Herida cerrada
Bussi terminó de cerrar el capítulo negro de la historia de la provincia. Esa historia que habla de injusticia e impunidad. Nunca se olvidó de “El Malevo”, ese hombre que trabajó bajo sus órdenes como voluntario en el Grupo Antisubersivo del Este. Autorizado por las leyes, le cambió la condena de prisión perpetua a 20 años de prisión en diciembre de 1996, abriéndole la puerta para que en poco tiempo pudiera gozar de beneficios como salidas transitorias, primero; y terminar de cumplir la sentencia en libertad, después.
“Habiendo tantos delincuentes sueltos, el caso de Ferreyra merecería ser considerado nuevamente en forma exhaustiva. Le puede dar mucho a la sociedad porque está en la plenitud de su vida, es un hombre inteligente, trabajador y corajudo y que, creo, cumplió debidamente con la ley”, justificó el ex gobernador.
El abogado Juan Robles, ex diputado que luchó contra el grupo parapolicial, encontró una explicación para definir el crecimiento y auge de los hombres que actuaban fuera de la Ley: “La sociedad tucumana siempre tuvo un alto contenido fascista. Todos se abrazaban al celeste y blanco de la bandera para llevar adelante todos sus negocios”.
2. Los casos en los que fueron mencionados
“Todavía no puedo entender cómo hay tucumanos que sientan admiración con personajes como (Mario Oscar) ‘El Malevo’ Ferreyra o los integrantes del Comando Atila”, aseguró sorprendido Jorge Lobo Aragón. El ex fiscal y ex juez de Instrucción en esos tiempos convulsionados agregó: “eran hombres que decían ser policías, pero en realidad siempre actuaron fuera de la Ley para su propio beneficio. Vamos muy mal si eso queremos para nuestros hijos”.
Los miembros del grupo fueron involucrados en numerosas causas, pero terminaron esquivando el accionar de la Justicia porque habrían contado con el apoyo de sus compañeros para borrar evidencias y del poder político de turno. Esos habrían sido los motivos por los que sus nombres no aparecían en las investigaciones y, mucho menos, enfrentaran un tribunal en un juicio.
UN DÍA AGITADO. La publicación de LA GACETA donde se narró el accidente y el asalto al bando de Monteros.
A principios de los 90, en 12 de Octubre al 200 funcionaba un prostíbulo que era dirigido por una tal “Irma”. Una noche, cuando el local estaba en plena actividad, ingresó un grupo de por lo menos ocho hombres encapuchados y con armas largas, que golpeó a las mujeres que estaban ofreciendo servicios sexuales. También fueron atacados los a los encargados y los responsables de la seguridad. Hasta mataron a las gallinas que la dueña del local tenía en el fondo de la vivienda.
El hecho no fue denunciado, pero todas las miradas de sospechas apuntaron al grupo parapolicial. Sobre los motivos del ataque se tejieron dos versiones: o el prostíbulo no había pagado el soborno para continuar con la actividad; o era un rival de importancia para el “negocio” de los policías.
En Monteros
El lunes 30 de diciembre de 1991 fue un día profundamente atípico en Monteros. A las 5 de la mañana, se produjo un accidente en la ruta 38 en el que fallecieron cinco personas. Una hora y media después, al menos cinco asaltantes vestidos de policías ingresaron a la sucursal del Banco Nación para asaltarlo. Pero por el percance vial había más uniformados que de costumbre en la comisaría y por eso fueron muchos los que acudieron de manera urgente al llamado que había realizado un vecino de la entidad crediticia.
El por ese entonces oficial auxiliar Guido Salas fue junto con otros compañeros al banco. Allí se encontró con un grupo de policías que charlaba con las autoridades de la entidad. Los uniformados le dijeron que no pasaba nada, pero los ejecutivos, de manera disimulada y con señas, les dijeron que sí. A los minutos, se produjo una pelea cuerpo a cuerpo que terminó cuando los asaltantes dispararon contra los efectivos. Fueron heridos Salas (héroe de Malvinas) y el agente Enrique Monteros.
UN DÍA AGITADO. La publicación de LA GACETA donde se narró el accidente y el asalto al bando de Monteros.
“El asaltante tuvo la oportunidad de matarme sin problemas porque estaba entregado. Sin embargo, me hirió en una pierna. Pasaron los años y sigo convencido que ese asaltante me conocía y por eso no me asesinó”, recordó Salas.
El caso fue investigado por la Policía Federal. Las sospechas se orientaron hacia algunos miembros del Comando Atila. Sus nombres aparecieron en la causa, que terminó siendo archivada porque nadie se atrevió a identificarlos. Tampoco se avanzó mucho porque el plan de los asaltantes se frustró y no pudieron llevarse ni un peso del banco.
Más casos
El 22 de noviembre de 1992, Antonio Macaione fue acribillado en la puerta de su empresa ubicada en Junín al 1.800. Los primeros indicios indicaban que la víctima tenía importantes deudas con un grupo de usureros que podrían haber pagado a sicarios para que lo mataran. El crimen, que quedó impune, fue vinculado al narcotráfico. Los pocos testigos que presenciaron el hecho dijeron que los homicidas se movilizaban en una Renault 12 verde o gris. El mismo modelo que usaron los acusados del homicidio del oficial Juan Salinas, meses después, cuando lo ultimaron mientras charlaba con Ángel “El Mono” Ale.
En ese caso, fue mencionado como sospechoso José Roberto “El Ruso” Leirman, que también trabajó con “El Malevo” en la ex Brigada de Investigaciones, y que está cumpliendo condena por un crimen cometido en Salta.
Carlos Julio Albarracín era un contador monterizo que dirigía una financiera en nuestra provincia. Desapareció misteriosamente el 2 de setiembre de 2002. En diciembre del año siguiente, sus restos fueron encontrados en la vera de la ruta que conduce a Villa Nougués. Nunca se supo qué sucedió con él, pero las versiones más fuertes que se escucharon sobre este caso es que la víctima fue asesinada por cuestiones económicas. Podría haberse quedado con dinero ajeno y el damnificado contrató a sicarios para que acabaran con su vida. Los nombres de los ex integrantes del Comando Atila comenzaron a repetirse en esta causa que está paralizada desde hace más de 15 años.
Las muertes polémicas siempre vienen acompañadas con dudas y generan preguntas. Eso sucedió con el suicidio del padre Juan Viroche, párroco de La Florida que se quitó la vida el 5 de octubre de 2016, según lo estableció el fiscal Diego López Ávila sobre la base de los informes de los peritos de Gendarmería Nacional que fueron convocados especialmente para esclarecer esta muerte.
MUCHÍSIMAS DUDAS. La muerte del padre Juan Viroche levantó varias sospechas.
El sacerdote venía realizando denuncias por el crecimiento del tráfico de drogas y la prostitución en la zona. Los vecinos y allegados levantaron sus dedos acusadores contra la familia Soria, que dominaban políticamente la comuna y de la que es integrante Jorge “Feto” Soria, uno de los miembros del grupo policial.
La Justicia Federal ordenó una investigación por supuesto tráfico de drogas y casos de trata de personas, pero terminaron archivando la causa porque no encontraron ni un indicio en contra de los acusados.
3. Salvo "El Malevo", todos crecieron
El vaticinio del ex gobernador Antonio Bussi no se cumplió. Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra no le aportó nada a la sociedad después de que recuperara la libertad a fines de los 90. Se instaló en una casa pobre de San Andrés. Ya nadie lo respetaba, ni siquiera sus ex compañeros de fuerza. Sólo asustaba a los campesinos rebeldes del este de la provincia cuando se ponía su disfraz (camisa negra, sombrero Panamá Blanco y látigo en la mano) por unos pesos que le pagaba algún productor para intimidar a ocupantes que tenía en sus campos.
El último problema judicial lo tuvo por una pelea entre vecinas. Su esposa, María de los Ángeles Núñez, la misma que le gritó para que pusiera fin a su fuga, se enfrentó con otra mujer por un problema de tierras en 2006. El 21 de noviembre de 2008, cuando Gendarmería lo buscaba para detenerlo por una causa de lesa humanidad, convocó a Crónica y se quitó la vida delante de cámara.
DESTINO I. Luis Francisco Medina realizó tareas de seguridad durante años.
“Él, por salvarse, cometió muchos errores. Para justificar el triple homicidio de Laguna de Robles, en las actuaciones que escribió para fingir el enfrentamiento, puso nombres de excelentes policías. No sólo les truncó la carrera, sino que además terminaron condenandos. Un hombre de bien afronta los problemas que se le presentan. Él decidió matarse”, opinó el ex comisario Víctor Aráoz.
Los miembros del Comando Atila fueron retirados de la fuerza, pero nunca dejaron de verse. Según un ex colega, se reunía al menos una vez a la semana en un hotel de alojamiento ubicado en Santa Bárbara. Invitados por un comisario que era propietario del lugar, compartían interminables asados que estaban regados por buen vino, y no dejaban trascender el contenido de las charlas.
DESTINO II. Miguel
Sin el uniforme y sin la chapa, los hombres que se jubilaron (no los exoneraron) continuaron trabajando. Juan “Perro” Bobi siguió explotando sus comercios en el este provincial. Miguel “Tono” Pereyra y Luis “Chueco” Medina se inclinaron por hacer servicios de seguridad en la ciudad y en el campo. Pero hubo dos miembros que crecieron exponencialmente.
Luis “Niño” Gómez en un tiempo fue productor y cobrador de seguros de la Caja Popular de Ahorros. También habría brindado servicios de seguridad en una empresa citrícola, tanto en la planta donde empacaban los limones como en los campos. Por hacer una tarea de este tipo quedó involucrado en el crimen de Javier Chocobar en una disputa por tierras.
DESTINO III. Luis
Después de una larga espera (los organismos de Derechos Humanos aseguraron que era una nueva estrategia para nunca llegar a juicio), el año pasado terminó siendo condenado a 18 años de prisión. Es el único Atila que está tras las rejas y compartió encierro con su cuñado Hugo Sánchez, el ex jefe de Policía que fue condenado por encubrimiento en el crimen de Paulina Lebbos.
El de Jorge “Feto” Soria es un caso atípico. Es uno de los cerebros de una familia que formó un grupo empresario que tiene una empresa de medicina prepaga, con un sanatorio incluido, y una de las empresas de seguridad más importantes de la provincia, como joyas de diferentes emprendimientos. “A lo largo de la historia del país siempre se repiten este tipo de situación. Personas de origen muy humilde que de la noche a la mañana terminan siendo millonarios sin que se investigue cómo lo hicieron. Pero también es cierto que se necesitan pruebas, no sospechas”, explicó Jorge Lobo Aragón.
Pese a su historia, desde hace más de una década que viene consiguiendo importantes contratos del Estado. Sus ambulancias cubren todos los percances de los alumnos que asisten a las escuelas públicas del Gran San Miguel de Tucumán y sus hombres se encargan de vigilar todas las oficinas y centros asistenciales que dependen del Siprosa.
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