Por Marcelo Aguaysol
10 Noviembre 2019
La transición institucional es más difícil de lo que se imagina. En los últimos días, gobernadores y ministros de Economía convergieron en Buenos Aires para analizar el nuevo escenario fiscal que se abrirá tras la asunción del presidente electo Alberto Fernández. Si bien algunos mandatarios del PJ ya anticiparon que solicitarán asistencia adicional, en fondos y en obras, a la nueva gestión, hay una cuestión que resulta transversal a todos, más allá del signo político de cada gestión: el cumplimiento de los acuerdos denominados Consenso Fiscal.
Según pudo establecer LA GACETA, en los últimos días hubo contactos entre representantes provinciales, en el marco del Consejo Federal de Impuestos (CFI), con el fin de establecer qué se hará a partir del 1 de enero de 2020. ¿Qué pasará ese día? De acuerdo con el documento que los gobernadores firmaron con el actual presidente Mauricio Macri, deberá operar la reducción de la carga fiscal del impuesto a los Ingresos Brutos, el de más peso en la recaudación de las provincias. Aún más, hay distritos que consideran que, frustradas las gestiones con la actual administración, será imperioso volver a la carga en la próxima con otras dos cuestiones: la restitución del Fondo Federal Solidario o Fondo Soja y la federalización de los subsidios que la Nación otorgaba a las jurisdicciones del interior para el sostenimiento de servicios tales como el de electricidad y el de transporte.
En la administración del gobernador Juan Manzur, por ahora, no hay definición pública acerca de cómo será el escenario que se planteará tras la asunción de Fernández, el 10 de diciembre próximo. Pero sí se sostiene que, frente a las complicaciones financieras existentes debido a la crisis económica del país y ante la disminución de ingresos, será poco factible reducir los impuestos frente a la necesidad de más dinero para costear mayores gastos del Estado.
Tomando el caso de Tucumán, Ingresos Brutos representa -en promedio- $ 797 por cada $ 1.000 que recauda mensualmente la Dirección General de Rentas. Una reducción de la alícuota de ese impuesto implicaría menos margen de desenvolvimiento financiero. En otras palabras, comenzar a mirar con más frecuencia al déficit fiscal. El Ministerio de Economía, a cargo de Eduardo Garvich, ha proyectado para el año que viene que los ingresos provinciales serán de $ 42.600 millones, poco menos de un tercio de los ingresos totales estimados en el proyecto de Presupuesto 2020 de la provincia.
El Consenso Fiscal, firmado en 2017, establece que a partir del primer día del año que viene, las provincias deberán bajar, en promedio, un punto de la alícuota de Ingresos Brutos. Traducido en cifras, a Tucumán le implicaría una sangría de entre $ 900 y $ 1.200 millones anuales, según las estimaciones oficiales. Esa suma expone a Tucumán a transitar el rojo fiscal.
Más complejo será el debate que se planteará respecto de la restitución de los subsidios para el transporte y para el servicio eléctrico. Las disposiciones del acuerdo fiscal Nación-provincias han bajado el nivel de aportes a casi un tercio de lo habitual en el caso del transporte. “Eso se rediscutirá una vez que asuma el nuevo presidente”, se afirmó a nuestro diario un colaborador cercano al gobernador cuando se le consultó sobre el tema.
¿Cuáles son los escenarios posibles?
• Una de las propuestas de mayor consenso es “denunciar” el Consenso Fiscal sólo en lo referido a la baja de alícuotas de Ingresos Brutos. Para este caso, se plantearía una prórroga para la rebaja.
• Firmar una nueva adenda que establezca otros parámetros para la política impositiva nacional y provincial hasta tanto mejore la situación del país.
• Solicitar una asistencia financiera federal extra que permita sostener el texto rubricado hace dos años y no caer en incumplimientos del acuerdo fiscal Nación-Provincias.
Ingresos brutos: reducción paulatina
El Consenso Fiscal estableció que las provincias deberán rebajar gradualmente la alícuota de este impuesto hasta 2022. Si bien el promedio de la reducción es de un punto porcentual, el comercio sostendrá el 5%, pero desde 2020 deberían quedar exentos la Agricultura, Ganadería, Pesca y explotación de minas y canteras, y la intermediación financiera referida a los créditos hipotecarios.
Sellos: compromisos preestablecidos
En lo referido a este impuesto, las provincias habían acordado con la Nación no aumentar las alícuotas correspondientes a las transferencias de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios. Paralelamente se estableció para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima del 0,75% para este año, del 0,5% para el que viene hasta llegar a la eliminación de esa alícuota de Sellos a partir del 1 de enero de 2022.
Inmobiliario: las valuaciones pendientes
Otro de los puntos del consenso Nación-provincias se vinculaba con el impuesto Inmobiliario. Particularmente, ese acordó crear un organismo federal que determine y unifique la metodología para calcular las valuaciones fiscales de los inmuebles en todas y cada una de las jurisdicciones nacionales. Además, las alícuotas del impuesto Inmobiliario deben estar fijadas en un rango de entre un 0,5% y un 2% del valor fiscal establecido en base a los procedimientos aplicados por aquel organismo.
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