Como consecuencia de la crisis, reciben más causas los defensores oficiales

Como consecuencia de la crisis, reciben más causas los defensores oficiales

Abogados que ejercen la profesión de manera privada reconocen una baja de clientes por falta de recursos.

CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN. En el Ministerio de la Defensa reconocieron un aumento de los casos. CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN. En el Ministerio de la Defensa reconocieron un aumento de los casos.

Los propios abogados afirman que cada vez hay menos colegas circulando por los pasillos de los tribunales penales, pese a que hay más delitos. O pasan menos horas en las oficinas de las fiscalías, según describen. Al momento de explicar las razones, coinciden en que los clientes ya no pueden pagar el servicio de defensa privada por la crisis económica. “Esta semana dejé de patrocinar siete casos”, contó un letrado.

Esta situación, automáticamente, se trasladó hasta el Ministerio Pupilar y de la Defensa. Voceros del nuevo organismo estatal dijeron que se ha registrado un incremento de los casos con representación pública en los tres centros judiciales: Capital, Monteros y Concepción. En particular, en “La Perla del Sur”, el 60% de los procesos penales “está en manos de defensores públicos”.

El Ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, había confirmado este porcentaje en el mes pasado durante el acto que habilitaba las nuevas oficinas de la entidad en la localidad del sur provincial. Había resaltado, justamente, que “el 60% de las causas que se sustancian en el Centro Judicial de Concepción es tramitada por los defensores oficiales y su personal”, en el marco de la aplicación del sistema adversarial en esa jurisdicción judicial.

A la vez, desde el Ministerio se indicó que la mayoría de las personas que cumplen condena en una institución penitenciaria “deja la defensa de abogados privados”. “A partir de la pena, tienen que seguir bregando por sus derechos, como los permisos internos o salidas transitorias. La gran mayoría de los condenados”, señaló una alta fuente de la institución.

Otro dato. El Abogado del Niño, Niña y Adolescente (ANNA) atendió 100 casos en sólo seis meses de funcionamiento. De ese monto, fueron resueltas 21 causas por sentencia, mediación o por una medida judicial provisoria, mientras que se encuentran 66 planteos en trámite activo, conforma a datos publicados por el mismo Ministerio.

Los letrados

“La baja  de casos con patrocinio privado que se está produciendo ahora, se debe a la crisis socioeconómica. Las personas vinculadas a algún delito optan por destinar los pocos recursos que tienen a la familia y no cubrir el servicio de un abogado particular, explicó el penalista Carlos Posse. El letrado remarcó que estas circunstancias se presentan, sobre todo, ante las confirmaciones de las prisiones preventivas.

“Buscan más a los penalistas privados para encarar un juicio oral, cuando se define la suerte de los imputados, añadió Posse.

Por su parte, su colega, José María Molina, enfatizó que “se nota, en general, que ha disminuido un poco el caudal de clientes”. “La crisis socioeconómica ha afectado”, enfatizó.

“La defensoría pública se encuentra desbordada por la cantidad de casos que tienen que llevar adelante. Las defensas privadas pueden hacer un meticuloso trabajo de los procesos”, agregó Molina.

El trabajo

La preocupación de los penalistas

“El momento económico ha golpeado a la sociedad. La crisis actual es transversal y los defensores particulares hemos sentido una disminución, no tanto en la demanda de nuestros servicios, sino en la posibilidad de las personas de acceder a una representación”, enfatizó ayer Patricio Char. El abogado penalista coincidió así con sus colegas, respecto de la baja de los clientes en el sistema judicial. Además, dijo: “en la Capital, el nuevo Código Procesal arranca en mayo próximo. Hay un gran temor entre muchos profesionales a que su fuente de trabajo se vea arrasada por los recursos y el caudal de información que maneja una defensa pública”. Expresó que el sistema adversarial que se aplica en Concepción “genera que una familia no tenga el tiempo para comunicarse con su abogado privado”. “El proceso se resuelve rápido y todo es monopolizado por la defensa pública”, añadió.

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