Las políticas de largo plazo son esenciales para los niños

El corto plazo y el largo plazo son dos dimensiones poco estridentes que marcan, sin embargo, profundas diferencias entre los ciudadanos y los políticos. Los primeros plantean ese desacuerdo apelando a dos expresiones: “políticas de Gobierno”, propias de las coyunturas que enfrenta toda gestión; y “políticas de Estado”, que deberían ser intemporales: programas cuyas metas sean perseguidas por cualquier administración, sin importar colores políticos o ideológicos. A la sociedad le importa, sobre todo, esta última materia. A la dirigencia, en cambio, la urgencia del día a día y la incesante lucha por el poder la ponen del lado de la primera cuestión. En la célebre serie “House of Cards”, el inescrupuloso y pragmático protagonista, Francis Underwood (un funcionario que a fuerza de intrigas, traiciones y crímenes llega a la presidencia de los EEUU), lo expresa con absoluta incorrección política: “El corto plazo es el único plazo que importa”.

Hay momentos, sin embargo, en los que la realidad desafía toda ficción y se impone por sobre toda semántica. Esta semana, los argentinos, y especialmente los tucumanos, hemos asistido a uno de esos momentos. Una instancia en la que se han puesto de manifiesto las consecuencias de no haber tenido una planificación de largo plazo para el desarrollo sostenido de nuestra sociedad. Y en la que también se avizora con certeza las secuelas de no diseñar políticas de Estado con objetivos sociales definidos.

El viernes, LA GACETA dio un amplio despliegue al informe sobre el “Derecho a un hábitat digno en la infancia”, elaborado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina.

Ese trabajo coloca al Gran San Miguel de Tucumán a la cabeza de indicadores inquietantes. Considerando datos de 2017 y de 2018, el 78% de los niños (hasta 17 años) de nuestro conglomerado urbano sufren de déficit en la prestación de servicios públicos. El 33,1% siente temor a perder la vivienda donde reside. El 43.8% percibe que hay inseguridad aún dentro de su propia casa. El 80% considera que existe un déficit de vigilancia policial en la zona donde se mueve habitualmente. Y nada menos que el 90,5% percibe la inseguridad en su cuadra, en su barrio o en su ciudad.

Frente a semejante estadística, la respuesta del Gobierno tucumano llegó a través del Ministerio de Desarrollo Social. Allí puntualizaron que, en el contexto de una provincia donde cuatro de cada 10 personas vive en la pobreza, para que los indicadores sociales generales (y los de la infancia en particular) experimenten mejoras, se necesitará de inversión en obra pública. Específicamente, en infraestructura básica y en vivienda. Todo lo cual, simultáneamente, redundará en la creación de puestos de trabajo.

Con independencia de lo certero, o no, del diagnóstico, lo cierto es que se trata de una lectura de corto plazo. Y lo que está en juego, ineludiblemente, es el largo plazo. Lo cual, por cierto, lo expresa la coordinadora del informe sobre el “Derecho al hábitat digno en la infancia”, el cual también consigna que, en el país, el 50,6% de los niños se encuentra expuesto a problemas de contaminación ambiental cercanos a sus viviendas. En diálogo con este diario, la socióloga lanzó una advertencia: “Debemos entender que ellos son los adultos del futuro. Y, con la realidad existente, estamos hipotecando el futuro de la Argentina en la medida en que no podamos garantizarles mejores condiciones de vida, más saludables, a esos chicos de hoy”. El largo plazo debería urgirle a los gobernantes y a los dirigentes tucumanos. Porque importa. Y mucho. Sobre todo, para nuestros niños.