Regenerar la Justicia para “poner a la Argentina de pie”

02 Nov 2019

En la Argentina hay una realidad institucional opresiva: el Poder Judicial en términos generales se acomoda a los gobernantes, y hace y deshace en función de esta lógica. Esa idea, que por cierto reconoce sus excepciones, ha avanzado tanto que ya parece natural. No lo es. Los Tribunales no fueron creados para acompañar o proteger a las autoridades públicas provenientes de elecciones populares. Los jueces están exentos de la regla de la periodicidad de los mandatos que rige la composición de los poderes políticos para actuar más allá de los vaivenes electorales y poner límites a los representantes coyunturales de las mayorías. Los jueces no deben ser ni son garantes de la gobernabilidad, sino del Estado de derecho y de la vigencia plena de la Constitución.

La función de control justifica el “privilegio” de la permanencia de la magistratura, que dura en el cargo mientras dure su buena conducta y desempeño. El ejercicio recto de la judicatura exige, esencialmente, independencia, además de condiciones éticas ejemplares. Ello conlleva la capacidad para investigar y juzgar con sujeción a los hechos y al orden jurídico, es decir, para resistir a las presiones de las partes interesadas en el resultado. A los jueces se les pide, incluso, que puedan independizarse de sus simpatías y afinidades: en definitiva, que declinen todo prejuicio en aras del afianzamiento de la justicia, de la ecuanimidad y de la igualdad ante la ley.

Se sabe que decir el derecho aplicable a cada caso y dar a cada uno lo suyo es una profesión de altísimo riesgo, que acarrea ataques. No cualquiera puede soportar ir contra la corriente, o cumplir la función incómoda de señalar las fallas y castigar a sus responsables. Para ser juez hace falta sapiencia jurídica, pero, sobre todo, sentido común y coraje. Y esta última virtud escasea en la Argentina, donde la Justicia exhibe una imagen y una credibilidad lacerantes debido a la mora y al rendimiento bajo, y a la falta de autonomía para llevar adelante los procesos que atañen a los poderosos.

La desaprobación social del Poder Judicial debería inquietar a los integrantes de esa institución, pero también a la dirigencia política encargada de nombrar y de destituir a los jueces, fiscales y defensores oficiales, y a las cúpulas del sistema judicial. La partidización de los Tribunales es evidente: los poderes políticos todavía no se han convencido de la conveniencia de la independencia judicial. Sólo una Justicia vigorosa es capaz de sobreponerse a las influencias y a las presiones, y trazar la línea que divide el bien y el mal en forma oportuna. Un sistema judicial de estas características no sólo es capaz de proteger adecuadamente a los ciudadanos de los abusos de sus autoridades, sino también a estas de quienes las sucedan. En definitiva, los jueces justos son esenciales para incentivar el buen hacer y la responsabilidad en todos los órdenes; consolidar la seguridad jurídica y proveer la paz social.

El país transita una situación económica delicada que en gran medida es producto de la baja calidad institucional y de la impotencia de los controles. Pero los problemas materiales que aquejan a la población a menudo reciben tratamientos simplistas, que desconocen el daño que provoca la falta de justicia. La solución duradera a la crisis exige atacar sus causas profundas. Si de verdad quieren poner “a la Argentina de pie”, los gobernantes y autoridades del Estado deben regenerar el Poder Judicial con un sentido republicano. Este nuevo ciclo político demanda esa tarea indispensable, sobre todo porque los argentinos han vuelto a votar a favor de poderes equilibrados: ese mandato no puede sino traducirse en el fortalecimiento de los límites y contrapesos.

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