El Gran Tucumán expone la vulnerabilidad de los niños

Las políticas de Estado deben ser diseñadas desde la mirada de los niños, garantizándoles un derecho. “Debemos entender que ellos son los adultos del futuro y, con la realidad existente, estamos hipotecando el futuro de la Argentina en la medida que no podamos garantizarles mejores condiciones de vida, más saludables para esos chicos de hoy”. La afirmación de Ianina Tuñón suena como una voz de alarma frente al informe que coordinó acerca del “Derecho a un hábitat digno en la infancia”. elaborado por el Barométro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En el caso específico de la contaminación medio ambiental, a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA 2017-18) se estima que un 50,6% de los niños/as están expuestos a problemas de contaminación cercanos a sus viviendas en al menos una de los siguientes componentes: fábricas contaminantes, basurales, quema de basura o plagas. Los niños y las niñas que viven próximos a una fábrica contaminante son un 10,4% del total; aquellos que viven cerca de basurales un 28,2%; cerca de quemas de basura vive un 27,5% y en espacios barriales con problemas de plagas un 35,5%.

La situación no se agota sólo en ese universo. Otro flagelo que domina al Gran Tucumán es la inseguridad ciudadana, de acuerdo con el reporte académico. Considerando las regiones geográficas, la mayor percepción de inseguridad en la casa se encuentra en el Gran Tucumán, donde cuatro de cada 10 niños/as habitan en hogares donde se sientes inseguros dentro de la vivienda. Asimismo, la inseguridad en barrio, calle o ciudad de las infancias del Gran Tucumán llega a 90%. Más allá de estos datos, Tuñon indica que no es que esa situación se profundiza tan solo en la provincia. “Afecta a todos, porque hablamos de niños que no tienen la posibilidad de jugar en espacios públicos, poder conocer amigos o desarrollar actividad física”, dice la socióloga en una charla telefónica con LA GACETA. Tuñón sostiene que pareciera que el spacio público es de los otros, no de los niños, y en esa situación hay corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, advierte que en el espacio privado, el informe muestra que el hacinamiento es una moneda corriente en las zonas marginales de esas áreas metropolitanas medidas por la UCA. La situación de hacinamiento, se mide bajo tres umbrales diferentes. Los niños/as en viviendas con tres o más personas por cuarto habitable, se estima en un 22,9%; en viviendas con cuatro o más por cuarto habitable, en un 9,9%. Por último, en viviendas con cinco o más por cuarto habitable (comúnmente considerado como hacinamiento crítico) el valor llega a 4,7%. Según el diagnóstico, en el interior del país, el Gran Tucumán arroja los niveles más altos de hacinamiento (27,9%; 13%; y 4% respectivamente). Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un 14,2% de chicos/as que viven en hacinamiento de tres o más personas, hay una menor cantidad de niños/as que viven en hogares con cinco o más personas por cuarto habitable (el menor valor de todos los aglomerados urbanos). “Esta situación implica que esos chicos no pueden relacionarse con sus amigos, al tener una vivienda vulnerable, no pueden estudiar o descansar adecuadamente. Paralelamente, están más expuestos a situaciones de violencia intrafamiliar y a la promiscuidad”, observa la experta.

Los niños/as entre 5 a 17 años escolarizados que no poseen un lugar tranquilo con espacio y luz suficiente para hacer la tarea en su hogar se estima que alcanzan al 11,4% de la población urbana del país, según la UCA. La infancia y adolescencia del estrato trabajador marginal registra mayor déficit, llegando al 17,2%, valor que disminuye a medida que mejora del estrato socio-ocupacional. Geográficamente, la mayoría de los aglomerados urbanos tienen valores porcentuales cercanos al promedio general con excepción de CABA con el menor déficit (5,3%) y el Gran Tucumán (17,7%), el más deficitario.

Diagnóstico provincial: Yedlin dice que, para bajar los índices, se requiere más obra pública y más empleo.

El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Gabriel Yedlin, reconoce que el duro cuadro de pobreza que afecta a cuatro de cada 10 habitantes de la provincias se profundizó por efecto de la recesión económica, medida en términos de ingresos, tal como lo hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Tomando como referencia los datos difundidos por la UCA, Yedlin puntualizó que esos indicadores son complejos y reales, que se irán reduciendo en la medida que se genere más obras de infraestructura y, por ende, más empleos. “La desigualdad es profunda y Tucumán no está exenta de ese escenario. Necesitamos reducir un enorme déficit habitacionales para mejorar las condiciones de vida de la población”, indicó. Y esto, desde su perspectiva, cambiará a partir del 10 de diciembre cuando Alberto Fernández asuma como presidente de la Nación. “Creo que su gestión nos ayudará a que haya más inversión en obras de infraestructura básica y de viviendas y, paralelamente, a garantizar la seguridad alimentaria”, acotó.