01 Noviembre 2019
La ley de Emergencia en Seguridad acaba de vencer, luego de tres años de debates. La norma, surgida tras un decreto del gobernador, contemplaba la creación de una Comisión de Seguimiento -integrada por los tres poderes- para analizar analizar y discutir los problemas de seguridad, adicciones, seguridad vial y políticas carcelarias, y proponer también soluciones. Al cabo de un año de vigencia fue prorrogada por dos años más y ahora, según se anunció, se ha realizado el pedido para extender su vigencia porque “es muy importante para nosotros”, al decir del ministro de Seguridad, Claudio Maley.
Al cabo de este tiempo se sancionaron cuatro normas: la compra de armas mediante un decreto de necesidad y urgencia; la ley contra motochorros, “escruchantes” y “rompevidrios” (que fue considerada inconstitucional); y una ley para regularizar a los vigías o guardias urbanos municipales, que todavía debe ser reglamentada; y la ley que habilita a la provincia a ocuparse de la persecución del narcomenudeo, que entrará en vigencia en enero.
En la comisión se expusieron en forma cuatrimestral informes de funcionarios del PE acerca de la situación en las distintas áreas y después hubo sugerencias y hasta propuestas legislativas, algunas de las cuales se aceptaron, como la de la creación de un mapa del delito (que tiene realización parcial), el intercambio con policías de Los Ángeles (vinieron dos oficiales que expusieron sobre su forma de trabajo y luego no se hizo nada más) y activar talleres de producción de las diferentes unidades carcelarias, lo cual se puso en práctica.
Pero muchas otras propuestas quedaron en la nada, por diferentes razones, fundamentalmente económicas, entre ellas la informatización de las comisarías, los traslados de empleados públicos a comisarías para que realicen tareas administrativas, la creación de foros vecinales y la construcción de una cárcel en la localidad norteña de Benjamín Paz.
Muchas de las sugerencias, más de 50, fueron descartadas. “Si lo que surja de allí no es tenido en cuenta, seguiremos siendo actores de una farsa”, dijo el legislador radical José Canelada. Además, con el paso del tiempo la periodicidad de las reuniones se resquebrajó, así como la profundidad de los informes, que en el primer año fueron abundantes y completos, y luego pasaron a ser sólo exposiciones de gestión, apenas complementados con las presencias del ministro ante la comisión legislativa. Pero el resultado fue que, por un lado, algunos miembros del grupo de trabajo se alejaron -como el camarista federal Ricardo Sanjuán- y que nunca hubo exposiciones de diagnóstico para definir estrategias frente a los problemas. La situación en la provincia fue empeorando notoriamente, a tal punto que en el informe nacional de estadísticas criminales Tucumán está en segundo lugar en las cifras de homicidios en 2018 (135), sólo detrás de Santa Fe.
En la asunción de ministros se planteó la necesidad de bajar los índices delictivos pero no se hizo un mea culpa. “Fue una buena iniciativa mal llevada a la práctica. Y eso se debió a la falta de voluntad política en profundizar las reformas necesarias para cambiar el modelo policial, penitenciario y de justicia”, dijo el ex legislador Fernando Valdez. Para reformular la emergencia, habría que pensar en los objetivos y en la forma de hacer realidad una estrategia contra el delito y para pacificar una sociedad atormentada por la violencia.
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