¿A dónde se derraman los millones de la SAT?

19 Oct 2019 Por Federico Türpe
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En 2008, como presidente de la Legislatura, Juan Manzur anunció obras cloacales para medio millón de personas del Gran Tucumán (Capital, Banda del Río Salí, Las Talitas, Alderetes y Tafí Viejo) por un monto de 400 millones de pesos, que ese año equivalían a 115 millones de dólares.

Durante el auspicioso anuncio lo acompañaron el entonces titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, y varios legisladores peronistas.

Como médico sanitarista, Manzur señaló ese día que estas obras permitirían erradicar males endémicos de Tucumán como hepatitis, dermatosis, parasitosis, “que afectan especialmente a los niños y dejan graves secuelas”, subrayó.

Es que el actual gobernador sabe, desde hace muchos años, los estragos que están causando en la salud de la población los derrames cloacales.

Escherichia coli, salmonella, shigella, leptospira y vibrio cholerae son nombres de gérmenes que casi nadie conoce. Diferente es cuando hablamos de síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, leptospirosis y cólera, enfermedades que se trasmiten por líquidos cloacales, explica Joaquín Navarro, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y autor del trabajo “Riesgos en la salud y el ambiente derivados del desborde de líquidos cloacales”.

“La principal vía de contagio de estas enfermedades es por contacto. La regla de oro para prevenir es la higiene. Y en segundo lugar, mantenerse lo más alejado posible de los derrames. Hemos encontrado casos en que niños juegan descalzos a la pelota, cerca de un desborde cloacal. O se bañan en ríos o en canales en los que se vuelcan aguas servidas”, señala Navarro.

“Hay distintas vías por la que los gérmenes ingresan al organismo. La más común es por la boca. Pero también pueden hacerlo a través de los ojos, nariz, oídos o una lesión en la piel. Los gérmenes también pueden viajar a través del aire. Esto sucede, por ejemplo, cuando un auto pasa por un desborde cloacal y salpica. Las bacterias viajan a través de pequeñas gotas (que se conocen como “aerosol”) e ingresan al organismo al ser aspiradas”, describe el especialista.

Otro anuncio que se va por la alcantarilla

Transcurrieron 11 años de aquel anuncio de Manzur. Fue uno más que pasó a engrosar la hoy interminable lista de promesas incumplidas por el ex ministro de Salud de Cristina Fernández.

El médico dejará su cargo en 2023 y la tragedia ambiental que viven los tucumanos seguirá aflorando en cada esquina. No se trata de una especulación agorera, sino de un reconocimiento del gobierno, a través del actual presidente de la SAT, Fernando Baratelli.

En una entrevista con LA GACETA, publicada el 4 de octubre, Baratelli admitió que las obras de saneamiento integral del sistema de agua y cloacas demandarían no menos de cinco años.

El funcionario informó que el costo total de los trabajos para acabar con la peste es de 280 millones de dólares. Y dijo que la SAT no cuenta con los fondos, por lo que habría que recurrir a un crédito internacional.

¿Por qué la SAT no tiene dinero si debería recaudar millones?

Siempre se especuló con que esta empresa estatal es otra de las tantas cajas de recaudación de la política. Algo imposible de saber en una de las pocas provincias (cuatro) que no cuentan con una ley de Información Pública. Tucumán ni siquiera quiso adherir a la norma nacional.

Sería ingenuo pretender que nuestra Legislatura, la más cara de la Argentina, procure transparencia, cuando es el epicentro del oscurantismo político. Se estima, según fuentes legislativas confiables, que el Poder Legislativo tiene hoy cerca de 30.000 empleados, entre planta permanente, cargos políticos y contratados. Las autoridades de la Cámara se niegan sistemáticamente a publicar la cifra de empleados, del mismo modo que han cajoneado cada proyecto de ley que intentó avanzar sobre la transparencia de los fondos públicos.

Volviendo a la SAT, es una Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) creada por José Alperovich en 2003, con un 90% de participación de la provincia y un 10% del sindicato de Obras Sanitarias, cuya concesión vence en 2033. Se calcula que tiene unos 1.500 empleados. “En el orden de los 1.000”, informan desde la SAT. La empresa posee 340.000 usuarios, domiciliarios, comerciales e industriales, de los cuales el 40% son morosos y 180.000 son beneficiarios de la tarifa social.

Suponiendo que la SAT no sea una caja política como se denuncia, entonces está muy mal administrada. No recauda bien, está atiborrada de gente, y no invierte en lo que debería. En promedio, los tucumanos pagan por mes por agua potable el equivalente a una botella de Cola de dos litros.

Pero la SAT cuenta con otras fuentes de recaudación que pocos conocen.

Primero por decreto, luego por ley, Alperovich impuso el “cargo por infraestructura”, un impuesto a las construcciones nuevas, que debería destinarse el 100% a la red de agua y cloacas. Justamente, para que los sistemas de distribución no colapsen y vayan ampliándose junto con la expansión de la ciudad.

Al principio regía sólo para las edificaciones que se levantaban dentro de las cuatro avenidas (Sarmiento, Avellaneda-Sáenz Peña, Kirchner y Mitre-Alem).

Luego, con la explosión de los barrios privados y los countries, Alperovich extendió este tributo a toda la provincia.

En un comienzo, el Gobierno devolvía este aporte a las empresas constructoras a través de créditos fiscales, ingresos brutos, salud pública, etcétera. Con el tiempo, esos reembolsos se fueron dilatando cada vez más y hoy gran parte se licúa con la inflación.

Millones que se evaporan

Un constructor paga 200 pesos por metro cuadrado por “cargo por infraestructura”. Para mensurar este dato, un edificio como Altos de Urquiza, por ejemplo, en 25 de Mayo al 800, de 16 pisos, posee unos 15.000 metros cuadrados. Es decir, para levantar esa torre hoy se deberían desembolsar 3 millones de pesos de “cargo por infraestructura”.

En Barrio Norte y en Barrio Sur se edificaron en los últimos años cinco, 10 o más edificios en una sola cuadra. Son calles que deberían contar con alcantarillados mejores que los de Nueva York. ¿Dónde está esa plata? ¿Y las decenas de millones que aportaron a la SAT los nuevos countries y barrios privados? ¿Ningún juez o fiscal siente curiosidad?

En algunas calles de Tucumán no sólo hay caños antiguos o colapsados, sino que ni siquiera hay cañerías porque con el paso del tiempo se desintegraron. Son casas y edificios que desagotan directamente sobre la tierra y las napas freáticas. Un desastre ambiental.

Los 280 millones de dólares que se necesitan para solucionar definitivamente esta catástrofe no sólo están, sino que son caja chica para el presupuesto de la provincia. El problema es que se gasta en política, en clientelismo, en las pymes legislativas, en el fraude de los acoples, en miles de empleos improductivos…

Con tres ejercicios legislativos, a razón de 5.300 millones por año, se financia toda la obra. Sin siquiera gestionar un crédito internacional.

Más aún, si sólo utilizaran lo que recauda la SAT por todo concepto deberíamos tener cloacas de bronce.

En definitiva, la putrefacción, los gérmenes y las infecciones avanzan y seguirán avanzando, más que por los albañales estallados, por la incompetencia y la corrupción.

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