Casi la peor de todas

Tucumán, casi la peor de todas. Después de Santa Fe (por Rosario, específicamente) está en el segundo lugar nacional entre las provincias sacudidas por la violencia; y Patricia Bullrich, la ministra nacional de Seguridad, en gira proselitista, se lo enrostró a los funcionarios tucumanos. Los índices de homicidios subieron en Tucumán, mientras en la Nación han bajado, les dijo, y les planteó que hay que mirar lo que pasa con más detenimiento.

¿Cómo va a hacer el ministro de Seguridad local, Claudio Maley, para observar ese contexto? La situación es difícil en un medio con todos los parámetros disparados y con noticias desalentadoras casi a diario. Tras unos días de relativa tranquilidad, la violencia volvió a explotar el martes con dos homicidios. Uno ocurrió en el barrio Olleros, al sur de la Capital, caso descripto por la madre de la víctima como un crimen por error porque el ataque iba dirigido a un ”transa” (vendedor de drogas). El otro fue en Río Colorado, donde un agricultor fue asesinado por asaltantes que atacaban a su hijo.

Previsión e imprevisión

¿Era posible prever esos ataques? Los policías dirán que el delito va mutando, pero las familias de las víctimas o el entorno vecinal suelen tener otra opinión. En el caso del barrio Olleros, el vecino Víctor Hugo Jiménez lo define así: “los adictos son capaces de matar para robar y así comprar un papelito, mientras que los que las venden (a las drogas) se matan entre ellos por el territorio”. En Río Colorado, el vecindario cuenta que a la escuela la desvalijaron seis veces en lo que va del año. “Lo que pasa aquí es que no hay ningún tipo de seguridad. Estamos indefensos y con una ruta por la que los delincuentes se pueden movilizar sin problemas”, explicó Andrés González. Entonces vuelve la pregunta: ¿se pudo prever?

Las mismas expresiones surgen de la gente de los lugares conflictivos a propósito de los megaoperativos, que son el método que implementan las autoridades frente a la violencia desbocada. Los vecinos de esos barrios asolados por la inseguridad se alegran de ver presencia policial –siempre y cuando los agentes operen con los que suponen malvivientes o con los desconocidos- y lamentan que no estén todos los días, porque al otro día vuelven la inseguridad y la violencia. Por ejemplo, en San Cayetano, que se ha convertido en una “zona roja” inquietante, se hizo un gigantesco operativo el viernes de la semana pasada (35 allanamientos con decenas de policías y 300 gendarmes en busca de celulares robados y vendedores de droga). El 10 de septiembre se hizo otro en La Costanera (a 15 cuadras al norte de San Cayetano) con 300 policías que hicieron 20 allanamientos. María, una vecina de La Costanera definió así esta situación: “este barrio se está desangrando. Todo se resuelve a balazos”. Reclama presencia policial diaria. Julio Décima, también de La Costanera, agrega: “Lo único que pretendo es poder ir tranquilo a trabajar, sin que me peguen un tiro para quitarme la moto que uso como medio de transporte. También pido que mis hijos jueguen en la vereda sin temor a ser baleados por un enfrentamiento entre los soldaditos que no paran de enfrentarse”. El verdulero Juan Carlos Díaz, de San Cayetano, explica que: “a los que andan robando ni los paran, pero a los chicos que andan trabajando en carros por ejemplo, los viven parando. Ellos (los policías) tienen que hacer los recorridos todos los días y elaborar sus informes”.

Pero… ¿qué hacen los agentes de la fuerza de seguridad? En el barrio “La Bombilla” llenaron hace 20 años el vecindario con cientos de policías al montar la Subjefatura en el ex Instituto Cardiovascular. ¿Cambió en algo la barriada? Evidentemente, ahí no sirvió la masiva presencia policial.

Esto, por cierto, hablando de barrios complejos, que arrastran el estigma de la violencia desde hace décadas, como “La Bombilla” o La Costanera; y también de sectores que se han ido degradando por el abandono del Estado, como Las Talitas o San Cayetano. En este barrio –núcleo de un sector complejo, que abarca Villa Amalia al sur y San Andrés, al sureste- y que tiene una comisaría sobrecargada como la 4ª, con cinco agentes por guardia y ocho motoristas, se han concentrado episodios de alta violencia por inseguridad, como los homicidios del colectivero Martín Quipildor y del taxista Rolando Carreras.

Operativos vecinales

Los vecinos, allí, hacen sus propios “megaoperativos” para acompañarse a las paradas de ómnibus cuando salen a trabajar; o cuando regresan sus hijas a casa, como le contaron a LA GACETA el 5/10 en el sector de la avenida Papa Francisco al 1.300.

Pero esto también ocurre en otras localidades que, en principio, serían diferentes, como Yerba Buena. Al menos eso es lo que dice Santiago Villegas, padre de Valentín, el adolescente asesinado hace un año por un motoarrebatador en la calle San Martín. “Yo noto que empeoró todo”, le dijo a LG Play el miércoles. “Hay gente que sale a tomar el ómnibus a las 6 aterrada. Se juntan los vecinos de algunos barrios para salir”.

¿Hacia dónde debería ir Claudio Maley? La ministra nacional le acaba de dar consejos. Bullrich es acaso la única del Gobierno nacional que ha podido lograr una imagen “marketinera” de trabajo supuestamente eficiente en un área conflictiva y que no genera reparos porque sus definiciones coinciden con los temores básicos de la sociedad aterrada: para ella hay que combatir las mafias del narcotráfico como eje central de la política de seguridad. No hay parámetros para tener argumentos para retrucarle. Y además, el informe sobre Estadística Criminal en el país encaja con sus razonamientos. “Hoy en día toda política de seguridad necesita de la inteligencia para saber dónde se están cometiendo los delitos, cuáles son las zonas (en que se los perpetra); hay que moverse rápido, moverse a los puntos calientes, moverse a los lugares donde parece que hay territorios en los que maneja más el narcotráfico que el Estado. Entonces, son necesarios esos cambios, y nosotros siempre dispuestos a que sucedan, porque es la vida de los tucumanos”, le dijo a Maley.

Tres problemas

¿Cómo va a hacer inteligencia el ministro? El primer problema es que ya se disuelve la Comisión de Emergencia en seguridad de la Legislatura, que medianamente pedía cada tanto tiempo informes sobre la tarea de los organismos dependientes del Ministerio. No se sabe bien para qué, porque esa comisión nunca completó la etapa de diagnóstico y aunque salieron leyes –como la de centros vecinales para seguridad- estas nunca se aplicaron. El segundo problema es que no hay un organismo independiente que esté en condiciones de analizar si lo que se hace está bien o mal, con miras a cambiar las cosas para mejorarlas. Un observatorio de seguridad en el que intervengan fuerzas vivas, especialistas de la universidad, que necesariamente debería ser sostenido por Estado, fuera de presiones políticas. El tercer problema es que un interesante proyecto como el del grupo de la Corte Suprema que estudió entre 2013 y 2016 los homicidios en Tucumán fue dado de baja por cuestiones nunca explicadas –acaso presiones políticas- y con él se hundió la mejor posibilidad de estudiar los homicidios, precisamente lo que tiene a Tucumán en la vidriera del país. Como si esta provincia fuera casi la peor de todas.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios