El Concejo aprobó un régimen de excepción por un año para edificios

En la última sesión de la conformación del Concejo Deliberante con mandato 2015-2019, los concejales aprobaron un régimen para que los edificios que no tengan habilitación de la Municipalidad -y estén habitados ilegalmente- puedan regularizar su situación. Los propietarios podrán escriturar las unidades y los inquilinos dejarán de tener instalaciones precarias de servicios públicos.

El plan de excepción será para todas las construcciones que no cumplen con las disposiciones de la ordenanza 2.645/98, que establece el Código de Planeamiento Urbano, y que hayan sido concluidas hasta el 30 de diciembre de 2016. Las empresas infractoras, consorcios o propietarios podrán ingresar al régimen hasta el 30 de diciembre de 2020.

“Esta ordenanza fue parte del compromiso que asumí cuando llegué al Concejo. Es una situación compleja, porque si bien los dueños de empresas terminan teniendo un beneficio extra con esta normativa, el motor de esta norma es dar una solución a las personas que han sido damnificadas. Muchas empresas que construyeron estos edificios ni siquiera se han radicado en Tucumán. Hace 16 años, en mi primer periodo, ya estaba este problema”, dijo Armando Cortalezzi, presidente del cuerpo, para defender el proyecto. Y agregó: “esto es necesario porque, aunque perjudica a quienes construyeron cumpliendo todas las normas, permitirá que se puedan escriturar las propiedades una vez que cada edificio tenga los aptos de final de obra y de habitabilidad. Lo que quiero es que esto no se repita más, que nunca más haya triquiñuelas de empresarios que siguen construyendo. Es necesario que la Municipalidad haga un control real y exhaustivo”.

Otra excepción

La norma sancionada propone multas escalonadas a las obras con superficies de hasta 100 metros cuadrados y que superen los 500 metros cuadrados construidos. Entre el 2000 y 2014 se aprobaron 11 ordenanzas que establecieron planes de regularización y excepciones, que ampliaron plazos de inscripción y que caducaron regímenes de normalización, para buscar adaptar las construcciones a las regulaciones. Técnicos de la Municipalidad determinarán qué obras deben realizarse para subsanar las violaciones al Código de Planeamiento Urbano y luego se otorgarían los certificados de finalización de obra y habitabilidad.

Según la Dirección de Catastro y Edificación municipal, hay 31 edificios habitados que no cuentan con los aptos, por lo que tienen instalaciones de servicios precarios (gas en garrafa, sólo un medidor de luz para todos los departamentos) y sus dueños tienen títulos transitorios: no pueden escriturar las propiedades y su valor de venta se reduce al 40%.

Al momento de fijar las multas, se equiparan las sanciones al canon de “Derechos de Obras”, y a un número de “urbanos” variable, que es la unidad de medida para fijar cánones en la Municipalidad (hasta enero está fijado en $ 1,30, luego sube a $ 2). El ítem “derecho de obra” surge de multiplicar los metros cuadrados planificados en el proyecto por $ 36 (valor fijado por la Capital). Entre los incumplimientos más frecuentes, se encuentran el exceso de metros cuadrados construidos, superficie de patios internos insuficiente o medidas interiores que no son las reglamentarias. Las multas pueden superar los $ 500.000 en los casos de los edificios con más de 350 metros cuadrados construidos.

“Queremos que en el futuro no ocurra de nuevo lo que sucedió durante 15 años. Si los controles no son más rigurosos, si no se ejecutan las penalidades, esta ordenanza que estamos aprobando ahora será pan para hoy, hambre para mañana”, expuso a su turno Juan Luis Pérez, de la comisión de Planeamiento Urbano.

El aliado al alfarismo, Raúl Pellegrini, apuntó contra los profesionales a cargo de los edificios: “es una vergüenza que haya habido profesionales que hayan sido parte de esta situación; me avergüenza como profesional. Hicieron aprobar un proyecto de obra y luego no lo cumplieron. De una vez tiene que llegar el día en que sea que el que las hace, las paga. Me da mucha pena ver profesionales sometidos a la Justicia, incluso un maestro de generaciones de profesionales”, dijo en alusión a dueños de constructoras investigados por estafas.

Sandra Manzone, quien había acompañado durante años a damnificados de fideicomisos de un constructor, comenzó a enumerar los edificios sin el apto que están habitados o que llevan años con la obra paralizada. “Hay un registro de infractores que hasta el momento no ha funcionado en la Municipalidad. No hay que inventar mucho más, hay que aplicar las normas”, hizo una autocrítica a la gestión municipal. “Mas y Rovira comenzó a construir en los 90, durante la intendencia de Oscar Paz. Durante la gestión de Amaya se revocaron finales de obra; en aquel Concejo se otorgaron muchas excepciones. Sin ir más lejos, en Santiago 52-54 hay un edificio sin final de obra que nunca presentó el proyecto en la Municipalidad y tiene 30 años”, agregó .

“La gran responsabilidad está en la falta de control. Domingo Amaya, que ahora es candidato a diputado por el macrismo, fue intendente 13 años y ahí hubo cientos de edificios sin final de obra. No lo podemos desconocer. Esta norma es para ayudar a los perjudicados, y entendemos que lamentablemente afectamos a empresas privadas que sí hacen bien las cosas y pierden rentabilidad frente a otras constructoras que son inescrupulosas”, disparó el peronista Mizrahi.

Finalmente, se aprobó la norma por unanimidad.