Parque San Javier: “la UNT ha dejado pasar mucho tiempo”

Al escuchar a Fernando Korstanje decir que el Parque Biológico Sierra de San Javier es un territorio maravillosamente conservado pero que esa conservación se ha logrado casi sola porque la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no ha sabido cuidarlo, uno se pregunta si esa dejadez no tendrá algún grado de responsabilidad en los actuales conflictos entre esa institución educativa y las personas que viven dentro del área protegida.

“¿Recuerda el caso de las turistas que se perdieron en la cascada del río Noque? Unos días antes, también estuve ahí. Y también me perdí. No hay carteles que indiquen la salida. Cuando al fin logré hallar el camino, eran más de las siete de la tarde. Estaba oscuro. Los guardaparques, que un rato antes me habían cobrado la entrada, ya no estaban. Había terminado su turno. Y se fueron dejando gente en el interior. Eso es grave. Y aunque se trate de un episodio turístico, da cuenta de mi planteo”, opina Korstanje, consultor de la subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. No obstante, enseguida reconoce la reciente decisión de la Universidad, de procurar revertir ese descuido con la conformación de un equipo jurídico dedicado a litigar por las tierras que consideran usurpadas. El caso que relata ocurrió a fines de agosto, cuando dos hermanas jubiladas se extraviaron en ese sendero y pasaron la noche en medio de la selva.

“Durante décadas, la Universidad ha fallado. Ha dejado pasar mucho tiempo. Se llegó a esta situación porque no hubo ni controles ni agilidad. No queda otra explicación. Un barrio privado no se levanta de un día para el otro”, prosigue, en referencia al juicio de reivindicación ambiental que la UNT le ha iniciado a un habitante de San Javier, al que acusa de haber desmontado unas 40 hectáreas al costado de la ruta 338, camino a Villa Nougués, para lotear y construir casas. Desde fines de agosto, las vicisitudes del parque biológico vienen siendo noticia. Además de ese caso, autoridades universitarias han anunciado que pedirán el desalojo de un poblador de Horco Molle, que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un reclamo de prescripción adquisitiva. Y un tercer conflicto subyace en Las Tipas y ha llevado a los abogados universitarios a acometer con una megadecisión: escriturar sus cerca de 5.000 hectáreas, un trámite que está pendiente desde hace 70 años. En ese sector, al menos dos personas alegan posesiones.

“Muchos de los problemas son heredados. En Horco Molle, por ejemplo, la Universidad convive con gente desde hace años. Esa gente, probablemente, tenga derechos. Y aquí surgen los problemas adquiridos, porque los descendientes de esas personas han ido ocupando más tierras. Pero esos derechos no son expandibles”, sintetiza.

Entre la década del ‘90 y 2003, Korstanje trabajó con comunidades rurales para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés). Con ese bagaje, piensa que deberían implementarse planes de planes de manejo participativos con la población (”ellos deben contribuir a la preservación ambiental”).

Actualmente, tiene la misión de llevar adelante la actualización de la ley provincial 8.304, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Y el parque biológico es considerado -de punta a punta- un bosque nativo. “Aquí hay dos tipos de violaciones: a la propiedad y a la ley de bosques. Tenemos que ser conscientes de que la biodiversidad que esas tierras salvaguardan no les fueron usurpadas a la Universidad, sino a todos los tucumanos. Y a todos los tucumanos que todavía no han nacido, siquiera”, dice.

Desde 1990, el Parque Sierra de San Javier reserva tiene categoría I de conservación, de acuerdo a la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esa clasificación corresponde a un color rojo. Se trata de sectores de muy alto valor. La norma establece que no deben transformarse. “No se puede avanzar con ningún tipo de urbanización. Y no se puede desmontar bajo ningún concepto. Todo el parque debe ser un bosque perpetuo e inamovible”, añade.

Audiencia pública

En Tucumán, la actualización de la ley provincial 8.304 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida. Por ello, en agosto de 2017 se inició un proceso de consulta ciudadana y participativa. Todavía no ha concluido. ¿Por qué debe actualizarse la normativa cada cinco años? Se supone que, a medida que pasa el tiempo, mejora la calidad de las imágenes satelitales, se mueven los ríos o se mueven las fronteras agrícolas y puede haber reclamos de sectores interesados en habilitar áreas de producción.

La superficie de bosque y la proporción que incluyen en cada categoría (roja, amarilla o verde) define la cantidad de fondos que la Nación les envía a las provincias para que implementen políticas activas. Korstanje reconoce el retraso (”estuvimos demorados porque hubo que construir capas de mapas”) y estima que en las próximas semanas se hará el llamado a audiencia pública, uno de los requisitos previos antes de mandar el proyecto a la Legislatura.

“En Tucumán, la presión sobre los bosques ha sido terrible. Quizás, lo más preocupante ha sido la cadena de cambios en los usos del suelo. Primero, se desmontaron bosques para poner citrus. Y ahora, esos cítricos están siendo reemplazados por barrios cerrados”, concluye.