Dejó la droga, el barrio, se casó y, por eso, no fue a prisión

Estaba acusado de tentativa de homicidio.

10 Oct 2019 Por Luis Duarte
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El joven estuvo alojado en el Instituto Roca. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Tras dejar la droga y de delinquir, el joven había abandonado su barrio y se había ido a vivir a El Naranjo, donde terminó formando una familia. Luego, la Justicia tomó en cuenta ese cambio de vida y declaró “innecesaria” una condena penal en su contra. Así, evitó el castigo de la prisión preventiva.

En abril pasado, la Sala II consideró al muchacho responsable del delito de tentativa de homicidio con arma de fuego. Había cometido este hecho, en el que resultaron lesionadas dos personas, cuando tenía 16 años. El acusado, hoy de 26 años, sufría en ese momento una severa adicción a los estupefacientes, en un contexto de malas influencias. De hecho, los informes oficiales hicieron referencia a que atravesaba una situación de abandono. Estaba en la calle y consumía droga sin control.

Por ese ilícito ingresó al Instituto Julio A. Roca y permaneció alojado allí por más de 200 días. Al salir del establecimiento juvenil, realizó un tratamiento tutelar hasta cumplir la mayoría de edad, de acuerdo con datos de la causa. Fue asistido por psicólogos y asistentes sociales en todo momento.

Cuando cumplió la mayoría de edad y al cesar las medidas tutelares, decidió salir de su barrio de la capital e instalarse en una vivienda rural en la localidad del departamento de Burruyacu, al este de la provincia. “Vivía en una zona vulnerable, marginal”, expresó Guillermo González, defensor Público. “Cambió totalmente. En una iglesia evangélica conoció a su esposa, quien trabaja en relación de dependencia en un sindicato. Ella lo sacó de los excesos. Ahora, él va a dar testimonio de su caso de adicción en el templo, ya que en esas zonas rurales también se están observando casos de consumo de droga”, agregó el funcionario judicial. En El Naranjo, inclusive, logró terminar el nivel secundario y comenzó a trabajar.

A los 19 años dejó las adicciones, se incorporó al régimen de libertad asistida y llevó adelante capacitaciones laborales. A la vez, durante dos años debió presentarse ante la Justicia -una vez por semana-. Y cumplió.

Cuando se presentó en la audiencia oficial, “era otra persona”. El muchacho había sido considerado responsable de tentativa de homicidio y corría el riesgo de recibir una pena de cárcel. Sin embargo, el juez en lo Penal de Menores de la II° Nominación, Federico Moeykens, consideró a la hora de resolver la situación del adolescente (hoy adulto), “los resultados positivos del tratamiento tutelar y los informes sobre su buena predisposición para todas las tareas propuestas, durante su tratamiento socioeducativo. En esa condición, generó además iniciativas propias, respetó a las normas de la Institución Roca y se manejó siempre con respeto”, según se conoció en un comunicado oficial.

El magistrado definió que en este caso “no resultaba conveniente ni ajustado a derecho imponer sanción”. Tanto el defensor Oficial Penal del joven, como la defensora de Niñez y Adolescencia, Inés Avellaneda, aseguraron que la concreción de un tratamiento exitoso posibilitó la reinserción social del joven, tras el delito de 2009.

“La reseña de lo transitado durante el tratamiento o el sometimiento a reglas, luego de su encierro, evidenció cambios positivos, puntuales y objetivos. Así, el joven ha demostrado que puede conducir su vida fijando metas y obteniendo logros alejado de conflictos y transgresiones al orden. Concretamente, se ha reintegrado a la sociedad”, explicó Moeykens a LA GACETA.

Según la Ley N° 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad), para decidir si se impone o no la condena a quien cometió un delito siendo menor de edad, los jueces deben evaluar cuatro puntos: las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez, indicó Moeykens.

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