Los riesgos de practicar la justicia por mano propia

La sociedad se ha vuelto cada vez más violenta. El incremento de la criminalidad, que tiene como gestores principales a la droga, el desempleo, el analfabetismo, ha comenzado generar reacciones en las víctimas de los asaltos. Hace ya unos años, se observó un resurgimiento del legendario y terrible “ojo por ojo” en los intentos de linchamiento a los delincuentes; la agresividad de la respuesta fue en ascenso. En lo que va de 2019 se registraron 19 casos de justicia por mano propia, tres veces más respecto de 2018.

En una amplia producción que dedicamos al tema, el ministro fiscal atribuyó esta preocupante realidad a la falta de respuestas del Estado a la sociedad. “La Policía tendrá que hacer mejor prevención; los fiscales deberán acelerar y mejorar cualquier investigación; los jueces tendrán que condenar o absolver con mayor velocidad y la Legislatura tendrá que sancionar las leyes que sean necesarias para luchar contra los delitos. El trabajo es de todos los estamentos del Estado y no de uno en particular”, afirmó. Un vocal de la Cámara de Apelaciones señaló que la gente descree de una justicia lenta que no da respuestas con sus sentencias, sean absolutorias o condenatorias. En su opinión, la instrucción penal preparatoria debería ser corta. “Por ejemplo, en un homicidio, no más de dos meses y elevación a juicio. La prisión preventiva, de lo que muchos están enamorados, solo hace que los testigos olviden datos precisos o se mueren o se mudan a otros lugares”, afirmó.

Un abogado penalista expresó su preocupación debido a que los casos de justicia por mano propia se han triplicado, lo cual es grave. “Que esto suceda implica un retroceso cultural de todos los ciudadanos que vivimos en un Estado de derecho. Se debe a que cada vez se incrementan más y más las situaciones de violencia”, señaló.

Las víctimas manifiestan su impotencia porque en muchos casos, los malhechores son liberados a las pocas horas de haber cometido el delito; de lo mismo suele quejarse la Policía, de manera que los jueces quedan en la mira de la sociedad. Sufrir un motoarrebato no solo implica la pérdida de las pertenencias, sino también las secuelas físicas -en el caso que la víctima haya sido golpeada- y psicológica. El hecho de intentar hacer justicia por mano propia es producto del sentimiento de desprotección ciudadana, de la indignación, del malestar por sentir que sus representantes no los protegen. Y provoca mayor cuando aquel que se defiende legítimamente de un asaltante, termina yendo preso, cuando debería ser lo contrario. La sensación de que las leyes y los jueces favorecen a los bandidos y el hecho de no sentirse a salvo en la vía pública, incrementan el enojo.

Si bien no se puede negar esta realidad, tampoco puede justificarse este retorno a la Ley del Talión. No sin argumentos se ha cuestionado la labor de la Justicia y de la Policía, así como la complicidad del poder político, pero valerse de furia colectiva o de la sed de venganza para matar a un ladrón, significa cometer un asesinato e igualarse en su condición. Matar al asaltante no resuelve nada y además se corre el riesgo de ir preso. Las instituciones son los lugares indicados para resolver los conflictos, de modo que más allá del hartazgo que pueda experimentar la ciudadanía, no se puede avasallar la ley porque se corre el riesgo de caer en la anarquía.

Las causas son harto conocidas pero la sociedad no sabe aún qué hará la Justicia para hacerse más eficiente y cuál será la política del Ejecutivo para abordar integralmente esta grave problemática, que no se resuelve solo con más policías en la calle. Si en lo que va del año se triplicaron los casos de justicieros significa que algo no está haciendo bien el Estado.