La Justicia Federal acepta una reparación ambiental inédita

El industrial Rocchia Ferro logró el beneficio pese a la oposición de la fiscala Garzón.

16 Sep 2019 Por Irene Benito
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INGENIO Y DESTILERÍA LA FLORIDA. Escena en el establecimiento fabril del empresario imputado Rocchia Ferro. LA GACETA / JOSÉ NUNO

El industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro consiguió que la Justicia Federal suspenda el juicio del caso de supuesta contaminación en el que está imputado a cambio de materializar la mayor reparación ambiental que se recuerde en la jurisdicción. El fallo que otorgó la probation ordena al empresario el desembolso de alrededor de $ 30 millones para la adquisición de infraestructura que mitigue los efectos nocivos de los residuos de la industria azucarera sobre la Cuenca Salí-Dulce. La resolución, que fijó otras reglas de conducta a cargo de Rocchia Ferro y del ejecutivo coimputado José Coronel, prosperó con el consentimiento de las fiscalías de Estado de las provincias de Santiago del Estero y de Tucumán, que recibirán el equipamiento, y del querellante particular Oscar Emilio Sarrulle. Por el contrario, la fiscala federal Indiana Garzón se opuso: según su opinión, la gravedad de los hechos imputados y las transgresiones previas de Rocchia Ferro obligaban a celebrar el juicio.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) santiagueño, Abelardo Basbús, Juan Carlos Reynaga y Federico Bothamley, consideraron que estaban cumplidos los requisitos que establece el Código Penal para conceder la probation al dueño y al gerente del ingenio y destilería La Florida (fábrica de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA) no obstante la resistencia de Garzón y que los presuntos delitos en discusión prevén una pena que superaría el límite de los tres años. En cuanto a este último detalle técnico, la decisión tomada al término de la audiencia del 30 de agosto acogió el argumento del defensor Arnaldo Ahumada de que a los acusados les correspondería una condena de ejecución condicional dada su “personalidad moral, el comportamiento posterior a los hechos investigados, la falta de antecedentes, la naturaleza del delito atribuido y la posesión de un ‘fuerte’ arraigo en la comunidad que los contiene”.

Los camaristas juzgaron decisivo que las “víctimas” del daño ambiental -los Estados provinciales- estuviesen de acuerdo con el ofrecimiento de los presuntos victimarios. Los jueces interpretaron que el consentimiento de la fiscala que el Código Penal requiere para autorizar la probation podía ser dejado de lado puesto que Garzón no había brindado un dictamen fundado. “Pretende expropiar el conflicto a las provincias damnificadas”, reprocharon.

Impacto en El Palomar

La postura reticente de Garzón había obligado a Rocchia Ferro a elevar su propuesta de reparación, que pasó de los $ 18 millones originales a $ 27 millones el año pasado y de allí a los casi $ 30 millones finales, según los cálculos del diario El Liberal.

La causa en poder del TOF de Santiago del Estero acumula distintos procesos iniciados en esa jurisdicción y en Tucumán, e instruidos respectivamente por los fiscales federales Pedro Simón y Carlos Brito (N°1). El santiagueño Simón pidió en 2015 el juzgamiento de Rocchia Ferro y de Coronel por la vinaza detectada en el paraje El Palomar. Según el requerimiento de Simón, el desecho industrial provino de la fábrica de La Florida, y afectó el suelo, el aire y el agua, además de producir riesgos para la salud. El fiscal identificó dos derrames distintos en 2012 y 2013, e incumplimientos de órdenes judiciales y administrativas por parte de Los Balcanes SA. Simón dijo que los vecinos afectados tenían escasos recursos y tuvieron que modificar sus hábitos de vida.

Por su parte y también en 2015, el fiscal tucumano Brito requirió que Rocchia Ferro vaya a juicio por la descarga de residuos peligrosos con olor nauseabundo en un canal de riego ubicado en La Florida, que conecta a esa localidad local con Santiago del Estero. En esa investigación abierta en 2011, Brito advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán había clausurado preventivamente el ingenio luego de constatar que carecía de un plan para contener los derrames.

Los posibles actos ilícitos mencionados sólo serían juzgados si Rocchia Ferro y Coronel incumpliesen las obligaciones que fijó el TOF, o cometiesen un nuevo acto ilícito. Los imputados deben adquirir desde camionetas 4x4 y una lancha hasta construir una casa y una posta sanitaria, y entregar becas estudiantiles y tecnología específica para controlar la observancia de la legislación ambiental. Además, han de capacitarse en el cuidado del medio y organizar seminarios relativos a la contaminación en la Universidad San Pablo-Tucumán, institución de propiedad de Rocchia Ferro. El tribunal también les impuso el deber de ejecutar el plan “Vinaza Cero”. A todo esto hay que sumar una multa de $ 200.000. La probation fue concedida por un plazo de tres años y la supervisión de la ejecución de las instrucciones quedó en manos del camarista Basbús.

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