Otorgarán el final de obra a edificios construidos hasta 2016

El Concejo Deliberante dio un paso más camino a sancionar un régimen para que los edificios que violan las normas de construcción en la capital, y que están habitados sin los permisos legales, puedan regularizar su situación. Las comisiones de Hacienda, Obras Públicas, Planeamiento y Peticiones dieron dictamen ayer al proyecto de ordenanza impulsado por los peronistas Armando Cortalezzi (presidente del cuerpo) y Juan Luis Pérez.

De aprobarse, las torres cuya edificación finalizó hasta diciembre de 2016 y que violan el Código de Planeamiento Urbano (CPU) municipal, podrán acogerse a la propuesta. La iniciativa establece, entre las salvedades, que “las obras cuyas faltas estén relacionadas con seguridad, afectación a la vía pública y afecten el interés general no podrán solicitar acogimiento a la presente ordenanza”.

“Esperamos aprobar este proyecto la semana que viene”, explicó Pérez, presidente de la comisión de Obras Públicas. Los interesados tendrán un año para solicitar la regularización: “debatimos mucho hasta acordar el plazo vigente para ingresar a la ordenanza, que se estableció en le dictamen hasta el 30 de diciembre de 2020. Se definió así porque consideramos que la mayoría de las problemáticas que tienen estas edificaciones fueron cometidas por empresas que ya no existen, entonces muchos interesados serán personas físicas que compraron un departamento y no pueden escriturarla”, continuó el concejal.

La propuesta fija multas para los edificios en falta, que varían dependiendo de los metros cuadrados construidos. Técnicos de la Municipalidad determinarán qué obras deben realizarse para subsanar las violaciones y luego se otorgarían los certificados de finalización de obra y habitabilidad. Según la Dirección de Catastro y Edificación municipal, hay 31 edificios habitados que no cuentan con los aptos, por lo que tienen instalaciones de servicios precarios (gas en garrafa, sólo un medidor de luz) y sus dueños tienen títulos transitorios. “Esta situación se produce por años en los que no hubo control municipal; no habría pasado esto si los inspectores no hubieran permitido que se cometan estas irregularidades. Pretendemos que sea la última norma de este tipo”, agregó Pérez. Y justificó: “la finalidad es que las personas que hayan sido estafadas puedan regularizar su situación. Es para que los propietarios tengan escritura de propiedad y para que los vecinos que tienen servicios instalados precariamente dejen de tener gas en garrafa o medidores de obra para la luz. Eso es un peligro. Queremos que no haya más gente en peligro”.

La Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit) había rechazado el proyecto. “Se está premiando a las empresas que han infringido el código. No estamos de acuerdo”, había dicho Edgardo Lichtmajer, titular del Cecoprit.

A pesar de las protestas, la iniciativa llegará a recinto.